El primer tercio de la actual administración está por cumplirse en el marco de una polémica, siempre existente, entre un gobierno interesado en acreditar éxitos contundentes y sin precedentes y de una crítica resistente a obsequiar halagos fáciles y, por el contrario, interesada en practicar un ejercicio de contraste a partir de una visión que confronta los resultados exhibidos y que, incluso, los contraviene.
La propaganda oficialista se regodea con la reducción de 13.4 millones de pobres, que implica un abatimiento de alrededor del 42% del total, así como de una supuesta tendencia para recuperar el crecimiento económico a partir de los números arrojados por la medición del INEGI, correspondientes al segundo trimestre de este año; se presumen también los números que arroja la inversión extranjera directa y el dinamismo exportador, así como la expansión del empleo.
Se acompaña la narrativa triunfalista con expresiones reiteradas y que suenan cada vez más huecas, como lo es la mención de que somos el país más democrático del mundo; con ello, una narrativa de supuesto respeto a las libertades, en paralelo el abatimiento de la inseguridad por la vía de la disminución de los homicidios dolosos; asimismo, la expansión de la infraestructura hospitalaria y de la capacidad para surtir medicamentos por parte del sector salud.
Por otra parte, se despliegan banderas para exhibir una ruta de importantes avances en la visión que se desprende del corte que brinda el Segundo Informe de Gobierno. Con esa tesis, se intenta acreditar la necesaria continuidad en el camino hasta ahora transitado, y la proyección para perseverar y mantener el trazo que marca el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Tal es la lógica que ofrece la acometida publicitaria y propagandística del oficialismo; pero existen muchos elementos para asumir que la realidad dista de acoplarse al diseño comunicacional del gobierno, y que, incluso, lo contradice.
Empecemos con los supuestos logros en materia de seguridad y de abatimiento de la pobreza; lo primero a señalar es que en ambos rubros las mediciones respectivas se desprenden, ya sea de una modificación de la metodología empleada o, en su defecto, de una mutación del órgano encargado de la medición respectiva.
Cierto la reducción de la violencia se estima en términos de la disminución de los homicidios dolosos, pero éstos eximen de su registro a desaparecidos, así como a personas no identificadas que se encuentran en las morgues; esa situación conlleva a un evidente subregistro, así como a la contradicción de que, mientras se asumen supuestos avances en la contención de los homicidios dolosos, el INEGI sigue reportando un alto índice respecto de las personas que perciben condiciones de inseguridad en el país, en tanto se incrementa estrepitosamente la extorsión. Es evidente, algo está mal cuando se habla de recuperación de la seguridad.
En lo que respecta a la medición de la pobreza, destaca que el organismo que antes la ponderaba fue desaparecido (Coneval), en su lugar la tarea fue asumida por el INEGI, con lo que se dejó de lado la continuidad de un ejercicio institucional que había sabido acreditarse. Más allá de ello, debe destacarse que la medición que se reporta correspondió a 2024. Como se sabe, ese año se caracterizó por un alto déficit que fue cubierto por el incremento de la deuda y que generó un altísimo gasto público en términos de una dispersión de recursos extraordinarios que generaron una burbuja de bienestar; es evidente que, en ese contexto, los avances alcanzados en términos de los grupos ubicados en los menores deciles de ingreso, tendieron a reflejar una coyuntura específica, antes que una situación claramente acreditada en una dimensión de tiempo más amplia.
Palidecen los aparentes logros en el combate a la pobreza con la permanencia de una gran brecha de desigualdad, de manera que, para los grupos con mayores carencias y más bajos ingresos, la pobreza propende a convertirse en destino. En regiones y comunidades específicas, la desigualdad excluyente se mantiene y profundiza, en paralelo de registrarse un mayor gasto de bolsillo en materia de salud debido a las deficiencias que reportan los hospitales públicos y el surtimiento de recetas.
En cuanto al crecimiento económico, destaca que la suma registrada en este primer semestre de 2026 apenas alcanza el 1.1% y que los distintos pronósticos hablan de alrededor del 1.5% para el promedio del año, mientras para el 2027 se estima, excepto por la Secretaría de Hacienda, en menos del 2%, al tiempo que el promedio registrado entre 2018 y 2025 fue de menos del 1%.
Otros indicadores muestran una circunstancia más que crítica, como es el caso de la competitividad en donde el país cayó (2026) al lugar 62, después de haber ocupado el sitio 55 entre 70 países (Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión- IMI), mientras que dentro de la OCDE somos la segunda economía menos productiva y, respecto del empleo, nuestro reporte es que, del total ocupado, el 55% se encuentra en la informalidad. Los datos muestran que se subsidia el autoempleo y la informalidad y se castiga la construcción de un horizonte de estabilidad y de confianza para las inversiones de largo plazo.
Sobre el tema de la inversión extranjera directa, se tiene que el mayor porcentaje se refiere a reinversiones (más del 90%), y que las inversiones nuevas registran una participación ínfima (menos del 7%), lo que reporta un comportamiento resistente y de desconfianza para ampliar proyectos de inversión.
Todo indica que el autoritarismo, la eliminación de contrapesos políticos, la reforma judicial, la concentración del poder y la inseguridad generan profunda desconfianza a los inversionistas, sin dejar de advertir que el ciclo de persistencia deficitario, de endeudamiento y bajo crecimiento ha prendido las señales de alerta de las grandes calificadoras con la amenaza de llevar a que México pierda el grado de inversión, lo que representará un mayor costo financiero para el país.
El gobierno puede desplegar banderas, pero éstas están cada vez más raídas, luidas y con grandes orificios como para impulsar la marcha del país. Mejor sería aprovechar el momento para reconstruir capacidades, pero no existe vocación para hablar con sentido crítico y constructivo; antes de ello, la proclividad del gobierno es aferrarse a una narrativa de proezas ficticias. El líder amoral así lo reclama para mantener su estigma de caudillo.