El 19 de noviembre pasado escribí esto en la red o plataforma Twitter: “Propongo que se abra una mesa de diálogo público para abordar el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con transmisión en redes sociales y en tiempo real.”
El comunicado oficial que aparece en el sitio web del CIDE, del pasado 8 de diciembre, dado a conocer por la dirección general del CONACyT, señala sin embargo que “La dra. María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo, y el dr. José Antonio Romero Tellaeche, director recién nombrado, sostuvieron una mesa de diálogo con estudiantes del Centro” en un formato de video conferencia, pero que no fue abierto. Primero con las y los estudiantes de licenciatura y después con las y los de posgrado.
Ahí -dice el comunicado oficial-, durante el diálogo “horizontal y circular”, las y los estudiantes expresaron libremente sus puntos de vista y peticiones. Pero el diálogo no fue público; digamos que sólo fue realizado a “puerta cerrada”, en línea.
Más allá de los problemas y conflictos que ha desatado la designación del director Romero Tellaeche en el Centro, que de por sí han generado una revuelta inédita en la institución, las formas que asume el Conacyt en la conducción de este conflicto, hacen un flaco favor a los vientos de democratización que se requieren, desde hace tiempo, en las instituciones o centros de investigación y de educación superior públicos en general.
En la narrativa de los hechos más recientes, las autoridades del Conacyt y del CIDE solicitaron –según el comunicado de referencia- la entrega pacífica de las instalaciones de las sedes del CIDE “tomadas por un grupo de personas desde el 29 de noviembre” (implícitamente no reconocen a las y los estudiantes en movimiento de resistencia pacífica).
También el documento oficial indica que las y los estudiantes propusieron que el Conacyt, es decir, su directora, firmara una carta compromiso, y que acordaron reunirse de manera presencial este 9 de diciembre con la expectativa de entregar las instalaciones del CIDE. El desenlace lo conoceremos durante en estos días.
A lo largo de las jornadas de diálogo (a puerta cerrada) -dice el comunicado-, la directora del Conacyt “compartió con las y los estudiantes información detallada sobre el proceso de designación del nuevo director general del CIDE, que ha causado controversia”.
Cabe precisar que no es un simple asunto de “controversia”. Una de las demandas principales de las y los estudiantes de licenciatura ha sido la destitución o retiro del cargo de Romero Tellaeche, debido a que su designación se percibió en la comunidad como una imposición, un acto autoritario y una injerencia externa en los asuntos internos del Centro.
La necesidad de abrir canales de participación de todos las y los actores que están involucrados en la vida de las instituciones públicas de educación superior, es esencial. Nos encontramos frente a una coyuntura favorable en ese aspecto (aunque se peque de optimismo).
En tal contexto, me pregunto ¿cuál es el posicionamiento de las y los estudiantes, así como de las y los docentes, de licenciatura y posgrado de los institutos y centros públicos de investigación en ciencia, tecnología e innovación que gobierna el Conacyt en el país, con respecto a los procesos de autonomía en la elección de sus autoridades y en el ejercicio de sus directivas?
Alguna vez escuché decir al maestro Gilberto Guevara Niebla, en una conferencia, que las “universidades públicas no son repúblicas”, en el sentido de que el voto universal, libre, directo y secreto sería una desproporción en la elección de los gobiernos de las instituciones públicas de educación superior. Pero se le olvidó decir, al respetado maestro Guevara Niebla, que dichas instituciones se deben a la sociedad y que nuestro país está organizado –según la constitución política- como república representativa y democrática. Por lo tanto, no hay incompatibilidad entre una forma de gobierno y otra.
Hay diferentes ejemplos virtuosos en que universidades públicas, de sólido nivel académico y alto compromiso social, llevan a cabo elecciones, mediante voto ponderado o indirecto, para elegir a sus autoridades académicas y administrativas. ¿Qué problema hay en que un régimen democrático y supuestamente progresista (como el que impulsa la 4T) desarrolle un proceso de transformación institucional con orientaciones autonómicas en sus formas y contenidos de gobierno? Ese fue uno de los ejes principales de los movimientos reformistas universitarios de finales del siglo pasado.
El movimiento estudiantil del CIDE bien podría simbolizar el inicio de un movimiento nacional a favor de las autonomías de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP). ¿Qué piensan y qué harán las y los estudiantes del IPN, de la UPN, o de las Universidades Tecnológicas del país frente a estos hechos?
Va otra vez lo que expresé en redes sociales digitales recientemente: Será necesario reconvertir el CIDE en “Centro Autónomo de Investigación y Docencia Económicas” (CAIDE) ¿Por qué no? Al IPN en “Instituto Autónomo Politécnico Nacional” (IAPN); o a la UPN como “Universidad Autónoma Pedagógica Nacional” (UAPN). ¿Cuál es el obstáculo para que ello se concrete?
¿Cuándo convocarían las y los legisladores a un parlamento abierto sobre los necesarios procesos de las autonomías de las IESP?
Sería interesante reflexionar sobre las autonomías de las universidades y de las instituciones de educación superior públicas, en general que, como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no cuentan con esta figura jurídica y orgánica en la ley que las rige.
Pienso también en los centros o institutos públicos de investigación o en el IPN; en las universidades tecnológicas e incluso en algunas instituciones de nivel de educación media superior o bachillerato como el Conalep o el Colegio de Bachilleres. ¿Ese esquema democratizador y de plena autonomía en los métodos y contenidos de gobierno se podría aplicar o hacer extensivo hacia el resto de las instituciones educativas del sector público? ¿Podríamos ensayar nuevas concepciones de autonomías en estas instituciones?
Una vez más conviene que se abran mesas de diálogo público, de debates informados y argumentados, de amplia participación, en tono a la necesidad de generalizar las autonomías y procesos democratizadores en nuestras instituciones públicas de educación superior.
Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23