¡Valdría la pena orientar la duda en ese sentido!...
¿Quién es el gran beneficiario del hecho de que desde el 2018, en el tema del contrabando… el Gobierno Federal de México no actúe contra este flagelo social?
Muy probablemente sea alguien muy poderoso el que se beneficia con la existencia impúdica y abusiva de esa práctica, que va en contra de por lo menos dos de los principios fundamentales del derecho universal: el de igualdad y el de legalidad.
El insuficiente ‘traje de vergüenza’ confeccionado por sus progenitores y primeros formadores ideológicos, debe de estar muy bien escondido en el cuarto donde se almacena toda la parafernalia útil para el cinismo y la cobardía de toda su vida pública… en ese que es el inmueble de su maltrecha vida.
Ese “personaje”… o esos “personajes”, dignatarios, funcionarios o exfuncionarios mexicanos, deben batallar mucho para ignorar que, al respaldar o gestionar la práctica ilegal del contrabando nacional, sea de ganado, de azúcar o de camarón y de un buen número de otros productos… han llevado ya a miles de familias y a cientos comunidades enteras, dedicadas a la producción camaronícola, a instalarse en la que ya se considera, la peor de las crisis de su historia, como industria productiva consolidada.
Crisis que está provocando la pérdida de cientos de miles de empleos en zonas de alta marginación social de las costas de nuestro país y amenaza con desaparecer la producción nacional de camarón, por su pérdida de rentabilidad.
Un producto -el camarón- que al igual que el atún, constituían el orgullo de nuestro ego productivo ante el mundo y en el plano de la competencia en el plano latinoamericano.
Sólo Sinaloa -sin incluir a Sonora y Baja California- era suficiente como ente productivo para compararse con la producción anual de esos productos con Ecuador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, entre otros.
Hoy y, desde hace aproximadamente seis o siete años, ya no es así.
Esos estados del noroeste mexicano… México, en sí, como país, han dejado de compararse con esos -relativamente- más pequeños países en términos de captura y/o producción de camarón y con respecto a México, por lo menos.
Ecuador hoy es, uno de los ‘milagros productivos’ en materia de producción camaronícola… ¡Quizá por decreto del ‘Foro de Sao Paulo’!
Pero traigamos el problema a lo que es -tangiblemente- propio de resolver… el actual sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es innegable que la presidenta Sheinbaum, ha mostrado preocupación y tratado de investigar y apoyar en lo necesario para corregir el contrabando que se presenta en nuestras fronteras y aduanas, según se lo han reportado y denunciado formalmente, organizaciones como la Unión de Armadores del Pacífico, A. C.; la Asociación Nacional de Productores de Larvas de Camarón, A. C.; el Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón A. C.; el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, A. C.; la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, entre otras… pero por lo menos en sus formalidades, eso no ha bastado. El flagelo se sigue practicando impune y deliberadamente.
Gracias a eso, el panorama observado en los últimos años al terminar la llamada ‘Veda General en el Pacífico’ de camarón, a finales de septiembre y principios de octubre, en el puerto de Topolobampo, al norte de Sinaloa -por ejemplo- fue francamente triste, desolador. Cerca de la mitad de las embarcaciones (medio centenar) se quedaron ancladas en el puerto y no salen a la campaña de captura el crustáceo, dado que por los altos costos de los combustibles y por el bajo precio que alcanza en el mercado el producto, ya no les deja margen de ganancia suficiente para dedicarse a esa actividad, como en el pasado.
Y el bajo precio se debe a la competencia desleal que provoca la presencia sin restricciones arancelarias de camarón procedente de otros países de Centro y Sudamérica, fundamentalmente.
En el centro y sur de Sinaloa, como en Sonora, Nayarit y Baja California, las cosas no son distintas ni más halagadoras. Los ‘camaroneros’ desde hace varios años buscan mejor desempeñar otras actividades productivas para subsistir, que seguir como productores del crustáceo mexicano.
Y de las granjas acuícolas productoras de camarón ni qué decir, los empresarios del ramo fueron los primeros en denunciar ante el gobierno mexicano el flagelo del contrabando de camarón ecuatoriano, producido sin las mínimas medidas de control sanitario y con antecedentes epidémicos en sus larvas como el “Taura” o TSV, la mortalidad temprana, la “Vibriosis” y “la mancha blanca”.
En Ecuador, las amenazas al camarón producido en granjas, es de carácter viral, bacteriano y miscrosporidiano.
Es innegable, se reitera, que la presidenta ha respondido -por lo menos en las formalidades- proponiendo mesas temáticas para discutir el asunto… y hasta ha enviado a sus funcionarios a participar en las conversaciones con los dirigentes del sector camaronícola (acuícola y marítimo-ribereño), a reuniones a las que han asistido el secretario de la presidenta y funcionarios de Senasica, Cofepris, Economía, Aduanas, Conapesca y Guardia Nacional… esas reuniones no han logrado detener el contrabando.
Por lo que se deduce y hasta se puede afirmar, tal parece que los contrabandistas son más hábiles – o más influyentes- que “Los Chapitos” y el “CJNG”, pues no obstante la voluntad presidencial y la ‘fuerza del Estado Mexicano’… las cosas no cambian… ‘o cambian para seguir iguales’, dicho esto a la manera de Giuseppe Lampedusa.
Hasta hoy se desconoce -formalmente- quién o quiénes controlan el contrabando nacional… de ganado, azúcar, camarón y otros productos.
Pero se sospecha penosamente…
Cabe señalar al propio tiempo, que el contrabando no es considerado hasta hoy por el gobierno como un problema a resolver.
Incluso, a nivel jurisdiccional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos e instancias derivadas, se han detectado casos de desatención profundamente graves: como el caso de que no se atendió un amparo concedido a la Federación de Cooperativas del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora.
En esa región hay cooperativas de pescadores de composición poblacional original (indígena), conocidos como ‘Yoremmes’ o ‘Mayos’. El amparo reconoce que ese pueblo original no fue consultado cuando se firmó el tratado con Centroamérica.
Se sabe que, por ejemplo, los Yoremmes capturan camarón desde la época prehispánica. Por lo que debieron ser consultados, como se afirma se les consultó para la construcción de la planta de fertilizantes, hoy tan levada y tan traída en los medios masivos de comunicación.
La importación de camarones de Centroamérica puede detenerse legalmente, el Gobierno Federal puede recurrir al amparo como argumento suficiente.
Hay mucho por hacer para ayudar a los productores mexicanos… si se quisiera…
El segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, autoriza al Congreso de la Unión a facultar al ejecutivo para restringir o prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos con el fin de regular el comercio exterior o la economía del país.
También, como otra muestra más, la Secretaría de Economía federal podría en un momento dado, declarar una salvaguardia y cerrar toda importación de camarones, los tratados internacionales lo permiten cuando un sector económico está en crisis como sucede con el cultivo y pesca del camarón.
Detener las importaciones daría a la 4T reconocimiento… probidad.
Esos tratados (decenas de ellos) promovidos por aquellos neoliberales, “campeones del libre comercio”, que sin duda en muchos de los casos descuidaron a los productores nacionales… solo México hizo esa tontería.
Se debe de reconocer, en el caso del contrabando del camarón, de una vez por todas:
Que nuestro país está siendo objeto de una competencia desleal devastadora, provocada por el contrabando masivo del producto y las importaciones que inundan impunemente nuestro mercado nacional.
Paradójicamente, esta afectación que destruye al sector nacional, está siendo generada y aprovechada por cuando mucho seis empresas importadoras, sin que esto se traduzca en un beneficio real para el consumidor final en los mercados, quien sigue pagando precios altos.
Esta problemática ya dejó de ser un asunto exclusivo de las granjas o las embarcaciones; la afectación alcanzó de manera crítica a todos los eslabones de la cadena productiva. La consecuencia más grave y destacable es el riesgo inminente de perder millones de empleos directos e indirectos en todo el país.
La opinión pública en general, no solo los cientos de comunidades afectadas y los millares de familias que cargan a cuestas con la comisión del delito que otros muy pocos cometen, desea dejar asentado y enfatizar, a nombre de la población afectada, que este es un tema de seguridad nacional.
X: @CalderonHallal1