México.- El 15 de mayo de 2017, el periodista Javier Valdez fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Luego de dos años, las investigaciones sobre su muerte han avanzado, sin embargo, representantes legales del caso y la familia de la víctima, exigen conocer la autoría intelectual de su muerte.

En conferencia de prensa realizada en ese estado, Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica reconoció que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha sido constante durante el proceso penal, pero “continúa avanzando muy lento”.

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Los avances que refiere Mendiola, tienen que ver con la identificación de los tres responsables materiales, uno de ellos, Luis Ildefonso Sánchez Romero, alias el “diablo”, que fue asesinado en septiembre de 2017, y encontrado sus restos incinerados en Sonora.

Luego, la Fiscalía logró la vinculación a proceso de las otras dos personas: Heriberto “N” el 30 de abril de 2018, y de Juan Francisco “N”, el 12 de junio de 2018, quienes actualmente continúan en prisión preventiva. Y formuló su acusación 26 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 respectivamente, pues hay medios de prueba para sostener su participación en el homicidio de Valdez.

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Exigencias a México y Estados Unidos

Durante el proceso de investigación del caso, la FEADLE identificó que los tres autores materiales trabajaban para el grupo delincuencial que dirigía Dámaso López Núñez, parte del Cártel de Sinaloa que fundó Joaquín Guzmán Loera.

Sin embargo, en las declaraciones de Dámaso López, éste adjudicó la orden del homicidio del periodista a otro grupo criminal, deslindandose de los hechos. Es por ello que la organización Propuesta Cívica señaló necesaria la colaboración internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos con la Fiscalía General de la República, para fortalecer las líneas de investigación relacionadas con la autoría intelectual.

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Asimismo, urgieron al Tribunal Colegiado en materia Penal en Mazatlán, resolver los amparos presentado por la defensa de los acusados para no retrasar más el proceso; y mantener las medidas de protección necesarias a los familiares de Javier Valdez y a sus compañeros de Río Doce.