La Fiscalía General de la República (FGR) señala que dos cuentas bancarias a nombre de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, recibieron 27 movimientos financieros que suman 178 millones 723 mil 428.06 pesos.

Las autoridades relacionan estos recursos con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, señala que los depósitos provinieron de dos empresas con las que la presentadora presuntamente no tenía vínculos contractuales ni comprobantes de servicios prestados.

¿Por qué la FGR señala a Inés Gómez Mont por recibir 178 millones de pesos de dos empresas?

De acuerdo con la FGR, Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. habría realizado 12 movimientos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que en conjunto suman aproximadamente 88.74 millones de pesos a favor de Inés Gómez Mont.

Por su parte, Gupea Construcciones, S.A. de C.V. habría efectuado 14 movimientos de 6 millones 348 mil 816.29 pesos por un monto aproximado de 88.88 millones de pesos, a una cuenta bancaria, además de otro movimiento de 1.1 millones de pesos a una segunda cuenta.

Inés Gómez Mont

Para la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, no existen facturas ni justificaciones comerciales que respalden los millonarios depósitos.

La investigación apunta a un presunto esquema de empresas factureras y simulación de contratos públicos que habría ocasionado un daño patrimonial al Estado mexicano mediante operaciones en el sistema financiero.

Inés Gómez Mont mantiene órdenes de aprehensión en su contra

Cabe recordar que Inés Gómez Mont, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, por su situación migratoria, tras un intercambio de información bilateral.

La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes contra la exconductora de televisión por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Estas órdenes podrían ejecutarse en México si las autoridades estadounidenses determinan su deportación.