Inés Gómez Mont, quien se encuentra detenida en Miami, Florida, por autoridades migratorias de los Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el mandato judicial escrito y formal emitido por un Juez de Control, a petición del Ministerio Público, contra la exconductora, quien ha estado prófuga de la justicia mexicana desde 2021.
La primera orden de aprehensión fue solicitada por la solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos más fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.
Modus operandi de Inés Gómez Mont
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, Inés Gómez Mont -de 43 años- habría recibido, en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasmas.
Asimismo habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, omitiendo el pago de más 13 de millones de pesos por concepto de impuestos.
El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales.
Actualmente, la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentra detenida por su situación migratoria por lo que se espera que autoridades estadounidenses procedan a su extradición.
Desde su huida de México, la FGR ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana; en septiembre se solicitó a Estados Unidos, su detención provisional con fines de extradición, y en coordinación con el Departamento de Justicia se integró la petición formal correspondiente.
De determinarse su extradición, a su llegada al país se procederá de forma inmediata.
Serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y respeto al debido proceso, quien determinen su responsabilidad.