El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ahora busca reformar la Ley de Aeropuertos para que empresas paraestatales tengan la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas.

Previo al cierre del período ordinario de sesiones, AMLO envió de último momento una última iniciativa a la Cámara de Diputados, esta vez con la intención de reformar a la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil.

El proyecto de dictamen pretende autorizar a entidades paraestatales del gobierno federal la administración de aeropuertos, así como la operación de aerolíneas.

“Autorizar que a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal se les asignen la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas”, señala la iniciativa.

Esto en el contexto de que AMLO ha expresado su intención de crear una aerolínea que sería operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que comenzaría a operar en el próximo año 2023.

Iniciativa de AMLO también busca permitir el cabotaje aéreo en México

La iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil de AMLO no sólo busca crear una especie de Aerolínea del Bienestar, sino también permitiría el cabotaje aéreo.

De esta manera, AMLO pretende que permisionarias extranjeras puedan realizar cabotaje aéreo en el país; es decir, aerolíneas extranjeras puedan realizar vuelos comerciales dentro territorio mexicano, lo que actualmente está prohibido.

Permitir el cabotaje de permisionarias extranjeras en aeropuertos y aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura y especificaciones requeridas para brindar dicho servicio y cuyas rutas sean de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano”, menciona el proyecto.

Con su iniciativa, según algunos especialistas, AMLO busca presionar a las aerolíneas mexicanas para abaratar sus precios y ampliar sus rutas.

El proyecto ya fue turnado a comisiones; sin embargo, este jueves 15 de diciembre concluyó el período ordinario de sesiones en el Congreso, por lo que sería discutido hasta el próximo mes de febrero cuando se reanuden las actividades legislativas ordinarias.