Ronald Johnson respaldó la decisión del gobierno de Donald Trump de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, medida oficializada por el Departamento de Estado.
El embajador de Estados Unidos en México advirtió que quienes apoyen o financien a estos grupos enfrentarán consecuencias legales en su país.
La designación busca aislar financieramente al Cártel de Juárez y a Los Viagras, responsabilizadas de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo la masacre de 2019 en Sonora, donde murieron nueve ciudadanos estadounidenses.
Ronald Johnson advierte que quienes apoyen a los cárteles rendirán cuentas ante Estados Unidos
Tras el anuncio, Ronald Johnson advirtió que cualquier persona o entidad que financie, apoye o colabore con el Cártel de Juárez, Los Viagras o cualquier otro cártel considerado organización terrorista enfrentará consecuencias ante la justicia estadounidense.
El embajador también destacó la colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y las fuerzas federales de México para combatir el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que, aseguró, representan una amenaza para ambos países.
Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ataques contra estadounidenses
En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el Cártel de Juárez y Los Viagras fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, al considerar que ambas organizaciones participan en actividades de narcoterrorismo.
La dependencia estadounidense señaló que ambos grupos son responsables de numerosos ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles.
Asimismo, recordó la masacre ocurrida en 2019 en Sonora, donde nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis menores de edad— fueron asesinados por sicarios de La Línea, identificada como la principal facción armada del Cártel de Juárez.
De acuerdo con el Departamento de Estado, esta designación permite aislar financieramente a las organizaciones y a las personas vinculadas con ellas, al bloquear su acceso al sistema financiero de Estados Unidos y limitar los recursos que podrían utilizar para llevar a cabo actividades criminales.