Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aprobó una nueva ley de cadena perpetua con la que se establece la posibilidad de que se apliquen a menores de edad de 12 años.
De acuerdo con la más reciente publicación del Diario Oficial, las penas de cadena perpetua podrán comenzar a aplicarse a partir del próximo 26 de abril.
Ante ello, organismos de derechos humanos y de la infancia han expresado su preocupación, por lo que piden que se revise a profundidad para priorizar otros aspectos como la rehabilitación y reintegración.
Penas de cadena perpetua se aplicarán a menores de los 12 años en El Salvador
El jueves 16 de abril de 2026, el presidente Nayib Bukele firmó una reforma constitucional que habilita una nueva ley de cadena perpetua para personas desde los 12 años en adelante.
La medida fue aprobada previamente por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que está controlada por el partido oficial, por lo que tras recibir el aval, entrará en vigor a partir del 26 de abril de 2026.
La nueva normativa establece que adolescentes de 12 a 18 años podrán recibir condenas de prisión perpetua si son responsables de delitos graves como los siguientes:
- Homicidio
- Feminicidio
- Violación
- Participación en pandillas
Asimismo, se indica que los procesos judiciales se realizarán en tribunales especializados y los condenados serán trasladados a centros penitenciarios adaptados, sin acceso a medidas previas de internamiento juvenil.
Con esta reforma, El Salvador busca redefinir el marco penal juvenil y amplía la aplicación de la ley de cadena perpetua, consolidando un cambio legal impulsado directamente por el gobierno de Bukele.
Organizaciones advierten por violaciones a derechos humanos con nueva ley de cadena perpetua
Luego de la aprobación de la ley de cadena perpetua para adolescentes desde los 12 años en El Salvador, diversas organizaciones han advertido que podría vulnerar derechos fundamentales reconocidos globalmente.
Por medio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONU solicitó al gobierno revisar la medida, señalando que contradice tratados internacionales firmados por el país.
En tanto, UNICEF también expresó preocupación, pues indicó que imponer prisión perpetua a menores afecta su desarrollo y reintegración social, además de que incumple compromisos internacionales asumidos por El Salvador.
Ante ello, organizaciones de derechos humanos anunciaron que presentarán recursos legales y solicitudes ante instancias internacionales para revisar la constitucionalidad de la reforma y exigir garantías para adolescentes afectados.