El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó un encuentro con representantes de los sectores académico, científico, jurídico, empresarial y periodístico para iniciar un diálogo sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) en materia de libertad de expresión, derechos digitales y desarrollo tecnológico.
Durante la reunión, los participantes presentaron propuestas e inquietudes con el objetivo de construir una ruta de trabajo basada en el consenso, que permita impulsar el uso responsable de las nuevas tecnologías y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Ricardo Gallardo plantea nueva ruta para regular la inteligencia artificial
Como parte de este primer ejercicio de diálogo institucional, el mandatario estatal firmó una iniciativa para derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, así como las disposiciones relacionadas con el Decreto 0314.
De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, esta decisión busca abrir una nueva etapa de análisis para construir una propuesta legislativa mediante un proceso abierto y participativo.
Asimismo, se acordó solicitar al Congreso del Estado la realización de un Parlamento Abierto y una consulta especializada sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales.
Especialistas participarán en el análisis sobre inteligencia artificial
El proceso de consulta contempla la participación de especialistas, instituciones académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores productivos, con el propósito de generar una regulación que atienda los desafíos del desarrollo tecnológico.
Al concluir el encuentro, Ricardo Gallardo afirmó que este diálogo sienta las bases para construir un marco normativo moderno sobre la inteligencia artificial, considerando su impacto en áreas como la salud, la educación, el empleo, la administración pública y la prestación de servicios públicos.
El gobernador señaló que la intención es desarrollar una regulación que promueva la innovación tecnológica sin dejar de garantizar la protección de los derechos digitales, la libertad de expresión y el interés público.