Movimiento Ciudadano abrió el debate para frenar la aprobación de la reforma presidencial a la Ley de Amparo. El Parlamento Abierto contó con la participación de 25 especialistas y personalidades destacadas del ámbito jurídico, quienes presentaron sus propuestas y observaciones sobre la iniciativa.
El senador Clemente Castañeda y la vicecoordinadora Alejandra Barrales destacaron que cualquier modificación legislativa debe contar con la opinión de expertos y que es obligación del Senado escuchar todas las voces, tanto a favor como en contra, antes de tomar decisiones.
Especialistas advierten retrocesos en derechos humanos
María Emilia Molina, ex magistrada y especialista en Derechos Humanos, señaló que el juicio de amparo ha sido históricamente un mecanismo de protección frente a abusos de poder, y limitarlo representa un retroceso que deja indefensas a las comunidades.
Explicó que la reforma constitucional de 2011 amplió el concepto de interés legítimo, permitiendo que tanto quienes sufren un daño directo como quienes enfrentan un riesgo real puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación.
El diputado Juan Zavala advirtió que la propuesta actual interrumpe la doctrina jurisprudencial progresista, habilita al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces y magistrados que sigan precedentes anteriores, y permite que la Suprema Corte se separe de decisiones de la Corte previa.
Expertos como el Dr. Ernesto Villanueva y Andrés Aguinaco Gómez advirtieron que la reforma genera obstáculos para la reparación de violaciones a derechos humanos, dejando en desventaja a comunidades y personas vulnerables.
Ángel Herrera ejemplificó que eliminar la suspensión en el juicio de amparo pondría indefensa a la ciudadanía, mientras que José Ángel Santiago Abrego aseguró que dificultaría obtener suspensiones frente a abusos de autoridad.
Victoria Beltrán, de Greenpeace, y Luis Eduardo Knapp Moreno, de Artículo 19, coincidieron en que la reforma podría restringir la defensa de derechos colectivos y vulnerar obligaciones internacionales.
Otros especialistas, como Jorge de Jesús Sepúlveda y Guillermo Torres, señalaron que la sustitución del interés legítimo por la figura de lesión jurídica limitaría el acceso de comunidades indígenas, agrarias y colectivos de trabajadores a la justicia. Ivette Galván García agregó que esto afectaría especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad.