La Fundación Arturo Herrera Cabañas A.C. enfrenta una controversia legal y política con el Gobierno de Hidalgo, luego de que se promoviera una demanda para revocar el comodato del inmueble que ocupa desde 2022 y cuya vigencia está prevista hasta 2042.
Integrantes de la organización señalaron que tuvieron conocimiento del proceso de manera indirecta, tras detectarse el registro en el juzgado, y afirmaron que no han recibido notificación oficial hasta el momento.
De acuerdo con la acción legal impulsada por la administración encabezada por Julio Menchaca Salazar, se busca retirar el uso del inmueble por presunto incumplimiento del contrato, específicamente por la operación de una barra de café sin los permisos correspondientes, situación previamente reportada por el Ayuntamiento de Pachuca.
Fundación Arturo Herrera mantendrá actividades pese a controversia legal
El integrante de la Fundación, Tonatiuh Herrera Gutiérrez, solicitó trato digno y racionalidad, y aseguró que, al no existir una orden de desalojo, las actividades continuarán con normalidad, especialmente ante la cercanía del 32 aniversario de la organización.
Por su parte, el Gobierno estatal informó sobre la creación de un nuevo museo en el Centro Histórico de Pachuca, en el mismo inmueble, aclarando que no se trata de un desalojo, sino de una recuperación legal con fines de interés público y cultural.
La situación generó reacciones inmediatas, ya que colectivos culturales, artistas y vecinos se manifestaron en respaldo a la Fundación. Durante estas acciones, la presidenta del organismo, Irma Eugenia Gutiérrez, agradeció el apoyo y confirmó que seguirán el proceso legal, además de señalar que existen recursos legales sin respuesta, entre ellos quejas y un amparo.
Gobierno de Hidalgo argumenta incumplimiento en uso del inmueble
En conferencia de prensa, autoridades estatales como Orlando Ángeles, Neyda Naranjo, Jorge Reyes y Raúl Serret Lara reiteraron la postura oficial sobre el proyecto cultural y la recuperación del espacio.
El coordinador jurídico explicó que el comodato establecía condiciones específicas y que, tras una inspección en julio de 2025, se detectó la operación de una cafetería, considerada actividad mercantil ajena al acuerdo. Además, Protección Civil señaló presuntas deficiencias en las condiciones del inmueble para su operación.
En contraste, representantes de la Fundación indicaron que no han tenido acceso al contenido de la demanda y defendieron que los recursos obtenidos por la cafetería se destinan al mantenimiento del espacio, lo cual consideran compatible con su figura legal. También aseguraron que no han recibido inspecciones formales de Protección Civil.
El caso escaló al Congreso local, donde surgieron posturas divididas, destacando el respaldo de la diputada Tania Meza Escorza, quien reconoció la trayectoria cultural de la Fundación y señaló que el tema requiere voluntad política para su resolución.
En paralelo, el conflicto se desarrolla en un contexto político más amplio, lo que ha generado interpretaciones sobre posibles motivaciones adicionales en el diferendo.
Por ahora, el proceso continúa en curso y serán las instancias legales las que determinen el futuro del inmueble, en medio de un debate público sobre el uso de espacios culturales y la relación entre gobierno y sociedad civil en Hidalgo.