El senador Antonino Morales presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de regular con mayor rigor a los centros privados de tratamiento de adicciones en México y frenar prácticas como internamientos forzados, presencia de menores y actos que podrían constituir tortura.
Antonino Morales plantea reformas a la Ley General de Salud
El legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, planteó establecer por primera vez sanciones penales de hasta 15 años de cárcel para quienes operen establecimientos sin autorización sanitaria o pongan en riesgo la vida, la integridad o la libertad de las personas usuarias.
La propuesta contempla que las penas aumenten hasta en una mitad cuando existan actos de violencia física o psicológica, o cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Además de las sanciones penales, se prevén medidas administrativas y disuasivas, como clausura temporal o definitiva, total o parcial, y multas que superarían los 700 mil pesos para los centros que incumplan la normativa.
La iniciativa establece que el ingreso a estos espacios deberá ser estrictamente voluntario, mediante consentimiento libre e informado y por el tiempo indispensable. También se prohíben prácticas como el aislamiento, la incomunicación o la retención injustificada.
El proyecto obliga a la autoridad sanitaria a realizar supervisiones periódicas e implementar mecanismos de protección de derechos humanos. Asimismo, se exige que los establecimientos cumplan con estándares mínimos de infraestructura, cuenten con personal con perfil profesional adecuado y apliquen protocolos basados en evidencia científica.
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) reconoce en su Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales a 248 centros registrados; sin embargo, se estima que un número considerable opera de manera irregular, lo que dificulta su supervisión.
Senado busca prohibir aislamiento, incomunicación y retención injustificada
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han documentado, en entidades como Morelos, Nayarit y Oaxaca, deficiencias en la regulación y vigilancia de estos espacios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran modelos de atención sin sustento clínico claro, ausencia de consentimiento informado, privación de la libertad sin control judicial y presencia de menores de edad.
Incluso, se han reportado condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme a estándares nacionales e internacionales, incluidos los señalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con esta reforma, Antonino Morales busca armonizar la política pública en materia de adicciones con las obligaciones internacionales del Estado mexicano y consolidar un modelo de atención centrado en la dignidad humana, la legalidad y la protección efectiva de personas en situación de vulnerabilidad.