En los últimos cinco años, estudiantes y supuestos estudiantes de escuelas normales rurales cometieron al menos 1061 actos delictivos durante sus protestas, una proporción de un delito cada 44 horas, o prácticamente uno cada dos días.
El dato se desprende del informe ‘Estado en Retirada’, elaborado por el periodista Óscar Balderas para la organización Defensorxs, en el que se analiza la infiltración del crimen organizado en planteles de normales en todo el país.
El estudio advierte de la presencia de ‘falsos normalistas’ en todo el país, es decir, elementos del crimen organizado que se infiltran en las normales con varios fines, entre ellos capturar la protesta social.
“El activismo está siendo utilizado como fachada por grupos delictivos”, declaró Balderas durante la presentación del informe en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y agregó que, de no atenderse la situación, los ‘falsos normalistas’ controlarán las escuelas normales en Minos pocos años.
Saqueos de normalistas benefician al crimen organizado
El informe ‘Estado en Retirada’ detalla que 60% de los actos delictivos relacionados a normalistas tienen lugar en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla.
Además, se advierte que los saqueos de normalistas causaron pérdidas por 211 millones de pesos en los últimos 5 años.
El periodista Óscar Balderas detalló que los saqueos cumplen varias funciones para los ‘falsos normalistas’. Primero, fortalecer el mercado negro y obtener ganancias; segundo, entregar la mercancía a la población para fortalecer sus bases sociales; y tercero, demostrar al Estado su capacidad de acción, y sobre todo el nivel de impunidad que gozan.
Sobre este último punto, Balderas recalcó que existe un nivel de impunidad de 99%; es decir, de todas las personas que fueron detenidas en relación a saqueos o bloqueos de vías federales, sólo uno por ciento recibió una condena por sus actos.
Asimismo, indicó que las autoridades han renunciado hace tiempo a controlar a los ‘falsos normalistas’ que aprovechan su estatus de estudiante para delinquir y ampliar la influencia del crimen organizado; de ahí el nombre del informe.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, apuntó, han decidido retirarse y omitir la aplicación de la ley bajo el pretexto de evitar conflictos políticos, acuerdos electorales o para no ser acusados de represión, otorgando así una tolerancia absoluta a las estructuras criminales en plena flagrancia.