El sábado pasado el mundo se despertó con la noticia de que había tenido lugar una operación militar estadounidense dirigida a la captura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores. Según fue informado, el dictador venezolano fue sustraído de su residencia de Caracas y llevado a Nueva York, donde será juzgado por una corte federal.
Se trató de una extraordinaria operación en términos de efectividad, precisión e inteligencia. Acto seguido, el presidente Donald Trump, ufano, presumió al mundo el éxito de su decisión, provocando ondas de reacciones alrededor del planeta.
El acto fue, a todas luces, una operación ilegal a la luz del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Estados Unidos, de nueva cuenta, así como lo ha hecho en el pasado, contravino las convenciones internacionales, suscitando reacciones de repudio en dirigentes, entre ellos, aunque fuese por el peor de los motivos, de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En consecuencia, desde el punto de vista del orden internacional, la captura de Maduro no puede ser justificada, y debe ser, a la vez, denunciada como una nueva ruptura del orden autoestablecido en el concierto de las naciones. Sin embargo, el caso es más complejo, y está muy lejos de poder ser irresponsablemente simplificado como un buen número de comentaristas sin oficio han intentado hacerlo.
Desde el arribo de Hugo Chávez a Miraflores a finales de los años noventa, y con el advenimiento de Nicolás Maduro como su sucesor, Venezuela ha atravesado una crisis sin parangón en la historia de América Latina. De acuerdo con los informes elaborados por organismos internacionales, 8 millones de venezolanos han dejado su país como consecuencia de la precariedad rampante, el 90% de la población vive en pobreza y alrededor del 35 en pobreza extrema, se han documentado cientos de miles de procesos extrajudiciales contra opositores, se ha encarcelado hombres y mujeres valientes mientras otros han sido condenados al exilio, se han violado sistemáticamente derechos humanos y el régimen ha servido como facilitador del tráfico de drogas desde otros países de la región hacia Estados Unidos.
Los simpatizantes del chavismo, principalmente extranjeros y cercanos al obradorismo, al castrismo y a otras corrientes de pseudo izquierda, han buscado reducir su argumento al hecho de que el objetivo de Washington no es otro más que establecer las condiciones para que empresas estadounidenses exploten el petróleo venezolano. No se equivocan. Sin embargo, su cortedad de miras, sumado a su rancia retórica antimperialista reside en suponer que la nación venezolana se ha beneficiado en el siglo XXI de las bondades del recurso. Por el contrario, tras la nacionalización de las empresas petroleras bajo Chávez, Caracas se ha servido del hidrocarburo para favorecer a países como Cuba y otros regímenes afines al régimen venezolano, amén de la creación de poderosas redes de corrupción ligadas a los cárteles de la droga.
La realidad apunta a que la transición democrática, de darse, será un camino largo y doloroso. En primer lugar, a pesar de las diferencias de condiciones entre Venezuela y países de Oriente Medio, las edificaciones de Estado conducidas por Estados Unidos no han llevado en el pasado a un resultado favorable. En segundo, la estructura del chavismo persiste. Si bien la derrota de Maduro será el detonante para una crisis política en el seno de la dictadura, las Fuerzas Armadas y las organizaciones criminales ligadas a Caracas impedirán que un régimen democrático se instale en el país.
En suma, el panorama luce sombrío y sobremanera incierto. Lo que sí es una realidad es que, a pesar de la ilegitimidad de los medios empleados por Estados Unidos, los venezolanos alrededor del mundo han celebrado la partida de un dictador cuyo paso por el poder ha dejado devastación, pobreza, hambre y sufrimiento en un pueblo que exige un mejor destino.