Hoy el poder real en Venezuela tiene nombre y apellido: Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. No son figuras de transición; son los herederos directos del autoritarismo. No llegaron para desmontar el sistema, sino para administrarlo con mayor eficacia, menor estridencia y una narrativa más digerible para la comunidad internacional. El error —o la trampa— es confundir su ascenso con un cambio de régimen. Lo ocurrido en Venezuela no fue una liberación, sino un reacomodo.
La salida de Nicolás Maduro del tablero político fue presentada como un punto de inflexión histórica. Las imágenes del exmandatario ante tribunales, su retórica de “prisionero de guerra” y la cobertura internacional crearon la ilusión de justicia en marcha. Pero la ilusión duró poco. Bastó observar quién tomó el control real del poder para entender que el sistema no se cayó: se depuró.
Delcy Rodríguez se consolidó como la jefa del Ejecutivo de facto. Controla nombramientos, decide relevos, impone lealtades y define el ritmo del proceso interno. No gobierna para democratizar, gobierna para estabilizar. Jorge Rodríguez, desde la presidencia de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, administra la agenda legislativa y, sobre todo, opera como interlocutor clave con Washington. No es jefe de Estado, pero es operador central del nuevo equilibrio.
La caída de Maduro no arrastró consigo al régimen; solo desplazó a quienes ya no resultaban funcionales. Viejos maduristas fueron relegados, neutralizados o desaparecidos del escenario público: Tareck El Aissami, Jorge Arreaza, Néstor Reverol. Todos ellos piezas importantes del pasado reciente, hoy prescindibles para la nueva etapa. En su lugar emergió un núcleo más compacto, más disciplinado y mejor conectado con los intereses económicos que sostienen al poder.
Empresarios vinculados a importaciones estatales, programas de alimentos, contratos energéticos y logística estratégica fueron empoderados. Operadores de seguridad y comunicación alineados con los Rodríguez ocuparon posiciones clave. El mensaje fue inequívoco: menos improvisación, más control; menos ruido ideológico, más eficiencia autoritaria.
Las liberaciones de algunos presos políticos formaron parte de esa estrategia. Juan Pablo Guanipa, Aracelis del Carmen Balza Ramírez y otros salieron de prisión como gestos cuidadosamente calculados. No fue un acto de justicia, sino de administración simbólica del conflicto. Leopoldo López continúa en el exilio; María Corina Machado y Edmundo González Urrutia permanecen bajo vigilancia constante. La represión no desapareció: se dosificó.
Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue atrapado en el mismo círculo de siempre. Hambre, miedo, censura. Sin acceso a información confiable, sin capacidad real de protesta, sin instituciones que lo protejan. La narrativa cambió; la realidad no. El autoritarismo se volvió más silencioso, pero no menos asfixiante.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa siendo el eje de la estabilidad del régimen. Lejos de fracturarse, se mantiene cohesionada y funcional. No actúa como árbitro democrático ni como actor de cambio, sino como garante del orden establecido. Cualquier intento aislado de disidencia interna es neutralizado rápidamente o utilizado como pieza de negociación. La FANB no apuesta por la transición; apuesta por la continuidad controlada.
En los gobiernos locales la situación es similar. Gobernaciones y alcaldías, incluso aquellas en manos de la oposición, operan bajo supervisión directa del poder central. No hay autonomía real ni margen de maniobra. Las estructuras municipales no forman parte de ninguna transformación profunda. El poder territorial está contenido, vigilado y subordinado.
En este escenario, la ausencia pública de Cilia Flores resulta tan elocuente como inquietante. Su desaparición del radar político no es un vacío casual; es una omisión estratégica. En cualquier proceso genuino de justicia, su silencio sería insostenible. En Venezuela, simplemente se acepta. La impunidad no se discute; se administra.
El factor externo termina de completar el cuadro. Estados Unidos no apostó por una refundación democrática de Venezuela, sino por una estabilidad funcional que garantice control sobre los recursos estratégicos, especialmente el petróleo. Donald Trump fue claro: Washington decidirá qué empresas pueden operar y bajo qué condiciones. La soberanía popular no estuvo nunca sobre la mesa de negociación.
Los movimientos recientes en la embajada estadounidense en Caracas confirman una presencia activa y supervisión directa. No hay interés en reconstruir el sistema electoral, ni en sanear el poder judicial, ni en devolverle al legislativo su independencia. El objetivo es otro: previsibilidad política y control económico. El resto es retórica.
La represión sigue intacta. Ciudadanos que celebraron la caída de Maduro, manifestantes, periodistas y críticos continúan siendo intimidados, detenidos o silenciados. El miedo sigue siendo política de Estado. El aparato de control social no se desmontó; se afinó.
¿Y las elecciones? Una promesa cada vez más lejana. No hay fechas, ni cronograma, ni garantías. La interpretación constitucional que sostiene Delcy Rodríguez le permite extender indefinidamente su mandato interino mientras evalúa el mejor momento para consolidar poder sin arriesgar legitimidad internacional. No hay señales de que busque una contienda abierta. Tampoco de que Washington la avale si lo hace sin consenso previo.
El saldo final es tan crudo como innegable: Maduro cayó como símbolo, pero el régimen permanece.
Delcy y Jorge Rodríguez concentran el poder, respaldados por Cabello y la estructura militar.
Los recursos estratégicos quedaron bajo supervisión extranjera.
La oposición sigue fragmentada y bajo asedio.
La ciudadanía continúa sin voz, sin derechos plenos y sin horizonte.
Venezuela no entró en una transición democrática. Entró en la administración de un autoritarismo reciclado. Se liberan símbolos, se negocian recursos, se reacomodan élites… y el pueblo sigue bajo la bota.
No hubo justicia.
No hubo democracia.
No hubo liberación.
Solo un trueque entre poder interno y poder externo. El dictador se llevó su caída; los nuevos operadores se quedaron con el control; los intereses extranjeros aseguraron los recursos… y los venezolanos, una vez más, quedaron fuera del reparto, pagando el costo con miedo y hambre.
Esa es la realidad que incomoda.
La que no cabe en los titulares triunfalistas.
La que explica por qué, aunque cambien los nombres, la tiranía sigue ahí.
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