La Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a colocarse en el centro del debate público. No por tecnicismos abstractos, sino por decisiones que, de concretarse, impactan de manera directa la vida cotidiana, la certeza jurídica y el equilibrio de poder en un país donde la legalidad convive aún con prácticas discrecionales. Tres asuntos concentran la atención esta semana.
1. Decomisos sin juez: el poder sin contrapesos de las fiscalías
Desde la ponencia de la ministra María Estela Ríos se plantea un proyecto que propone validar que las fiscalías puedan asegurar y retener bienes, cuentas y valores relacionados con una investigación penal sin autorización judicial previa. La medida, presentada como una herramienta de eficacia contra el delito, abre un boquete mayúsculo a la certeza jurídica.
Enlistado para su discusión este lunes, el cambio permitiría a las fiscalías brincar el control de los jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito.
La objeción no es menor: incluso la ministra Yasmín Esquivel ha advertido el riesgo que esto implica. Particularmente, en entidades donde las fiscalías han sido utilizadas con fines políticos. En México, la autonomía ministerial es más una aspiración normativa que una realidad uniforme. Basta recordar el caso de Uriel Carmona en Morelos, el amago contra Samuel García durante su aspiración presidencial o el bloqueo político que enfrentó Adrián de la Garza en Nuevo León cuando su cercanía o lejanía con el gobernador definió su viabilidad como fiscal, más que cualquier veto formal.
Los datos acompañan la preocupación. De acuerdo con cifras nacionales, más del 90% de los delitos en México no se resuelven y una proporción relevante de carpetas de investigación se mantienen abiertas durante años. En ese contexto, afirmar —como lo hace el proyecto— que “no hay daño” porque los bienes se devuelven si no se acredita responsabilidad, ignora la realidad material: una investigación puede durar meses o años, tiempo durante el cual una persona queda privada de su patrimonio, de su liquidez y, muchas veces, de su posibilidad de defensa efectiva.
La ministra Ríos proviene de la Fiscalía General de la República, una institución con mayores controles internos que muchas fiscalías estatales. Pero el derecho no se diseña para el mejor de los escenarios, sino para contener el peor. Si este criterio se convierte en jurisprudencia obligatoria, cualquier fiscalía del país podrá asegurar bienes con base en denuncias incluso dolosas, sin un juez que actúe como primer dique de contención.
2. Desalojos exprés y derechos en la cuerda floja
El segundo foco rojo es la discusión en torno al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que facilitaría los desalojos forzosos de inquilinos, bajo el argumento de que no constituyen, por sí mismos, una violación a derechos humanos ni un acto forzoso. Aunque la legislación contemplaba la obligación de brindar refugio para evitar que las personas quedaran en situación de calle, el debate actual apunta a validar desalojos exprés con uso de la fuerza.
Las organizaciones de la sociedad civil ya han encendido las alertas. Y con razón. En la Ciudad, más del 16% de los hogares viven en régimen de renta, y una parte significativa corresponde a familias de bajos ingresos muchas de ellas con contratos antiguos y rentas congeladas. Paralelamente, ha crecido el llamado “Cártel del Despojo”, que ha perfeccionado estrategias sofisticadas para apropiarse de inmuebles cuyos propietarios fallecieron o cuyos herederos vendieron, expulsando a familias que llevaban décadas habitándolos.
Los desalojos no ocurren en el vacío. En el contexto de millones de personas que carecen de acceso a vivienda digna y donde los refugios públicos son insuficientes, sostener que el desalojo forzoso no es lesivo de derechos humanos es una afirmación jurídicamente cómoda, pero socialmente insostenible. La Corte no solo decide sobre contratos; decide sobre el riesgo real de que miles de personas terminen en la calle, con procedimientos que ya muestran un modus operandi sistemático que durante los últimos años se ha agravado en el proceso de gentrificación o redensificación, en el que viejas vecindades y edificios son adquiridos para demolerse y construir nuevos condominios lujosos destinados a la especulación. El asunto radica también en la ponencia de la ministra María Estela Ríos.
3. Cosa juzgada y el caso Wallace
El tercer asunto revive uno de los debates más sensibles: la cosa juzgada y un proyecto que plantea reabrir la discusión para analizar la liberación de una persona vinculada al caso Wallace. No se trata solo de un expediente emblemático, sino de la tensión permanente entre la estabilidad de las sentencias y la obligación del Estado de corregir procesos viciados.
La Corte analiza la admisión de un recurso de revisión interpuesto durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, con el objetivo de tumbar una sentencia firme dictada por la entonces Primera Sala, mediante la cual se ordenó la liberación de Juana Hilda González, vinculada al caso Wallace.
La ministra Lenia Batres, ponente del proyecto, ha sostenido que el recurso no debería proceder por tratarse de cosa juzgada. Sin embargo, en el propio proyecto se reconoce que la Corte sí puede reabrir casos formalmente concluidos cuando la resolución original derive de una situación fraudulenta atribuible a ministros anteriores. Esa salvedad es la que mantiene encendido el debate.
En México, diversas estadísticas judiciales muestran que un porcentaje relevante de sentencias penales se han cuestionado por violaciones al debido proceso, incluyendo tortura, pruebas ilícitas y fabricación de culpables. La cosa juzgada no puede convertirse en un blindaje automático frente a errores estructurales del sistema penal pero la certeza jurídica sobre asuntos ya resueltos sigue siendo lo que se debate.
El quid del asunto que llega a la Corte no es si los casos deben cerrarse “para siempre”, sino qué pesa más: la apariencia de certeza o la justicia material. En el contexto de rumores sobre abusos en investigaciones de alto perfil, reabrir la discusión no es una concesión a la impunidad, sino una prueba de madurez institucional.
La tremenda Corte enfrenta esta semana algo más que expedientes... Se enfrenta a la definición de qué tanto poder se concentra sin control, a quién se protege primero cuando hay conflicto y qué valor real se le da a los derechos y a la certeza jurídica en un sistema marcado por la desigualdad y la discrecionalidad. Las decisiones que se tomen no serán solamente técnicas. Serán profundamente políticas, aunque se vistan de neutralidad jurídica.