Tras la fallida actuación de la Fiscalía capitalina en el caso de Edith Guadalupe, alejada de los protocolos en materia de desaparición que obligan a la investigación y búsqueda inmediata de las víctimas, se han filtrado fragmentos de información cuya veracidad es incierta, pero que sugieren contradicciones con lo dicho por la familia.
Estas filtraciones provienen de reporteros que, con frecuencia, reciben información extraoficial desde la propia fiscalía, como @c4Jimenez y @siete_letras. La primera, y quizá la más revictimizante, fue un tuit de Carlos Jiménez que, previo a la detención del vigilante de Revolución 829 como presunto responsable, aseguraba que Edith Guadalupe tenía una cita en el hotel Pasadena, incluso detallando el número de habitación a la que acudiría. La insinuación era vincular el feminicidio con servicios sexuales. Todo esto en el contexto de un hotel que, pese a antecedentes de crímenes terribles, continúa operando. Ahí fueron encontrados los cuerpos de Karen Ailen Grodzinski y Erandi Penagos en 2017 y 2023, respectivamente.
Posteriormente, surgieron versiones que aseguran que el edificio donde asesinaron a Edith Guadalupe funcionaba como un complejo de servicios de escorts. Se filtraron videos de un hombre mayor tocando a una joven y, de nuevo, la narrativa parecía orientada a lo mismo: sugerir que Edith no acudió a una entrevista de trabajo, sino a actividades que cuestionan la moralidad o la “decencia” por su carácter transaccional.
Suponiendo y sin conceder, ¿eso justificaría su asesinato? ¿Se justificaría que un cuerpo fuera ocultado en un sótano por brindar servicios para adultos? ¿La violencia contra las mujeres se vuelve tolerable cuando se trata de mujeres en situación de prostitución?
Y entonces, suponiendo y sin conceder, ¿la Fiscalía tiene derecho a fallar porque la víctima no encaja en una idea de “respeto”? ¿Las víctimas deben de cumplir con un tamiz de santas para que la indignación colectiva cobre validez y el esfuerzo de una Fiscalía valga la pena? ¿Tenía derecho a retrasar la búsqueda o incluso a solicitar dinero a cambio de actuar? ¿La negligencia institucional depende de la vida privada de la víctima?
@siete_letras, otro periodista de nota roja, ha señalado que Edith Guadalupe conocía al vigilante y que discutieron por dinero. En su cuenta afirma que hay datos que podrían revictimizarla y, por ello decide no revelarlos, pero al mismo tiempo sostiene que no existía entrevista de trabajo ni agencia de reclutamiento alguna, contradiciendo lo que Edith había dicho a su familia. Es decir, se instala la idea de que la víctima mintió. Y esa insinuación parece suficiente para intentar explicar o incluso atenuar lo ocurrido.
También se ha difundido que Edith Guadalupe formaba parte de una red de préstamos “gota a gota” o monta-deudas y que acudió directamente a cobrar al vigilante. Bajo esta versión, el crimen no habría sido premeditado, pues el arma utilizada habría sido un desarmador. Con esto es que la Fiscalía dice estar completamente segura de que fue el vigilante, que lo hizo solo y que pudo manipular absolutamente todo y a todos para impedir la entrada de la familia al complejo residencial, evitar que la Fiscalía llegara a investigar a tiempo y hasta hacer que los vecinos no se dieran cuenta y que la administradora del complejo se pusiera de su lado al afirmar que la víctima nunca había entrado a ese edificio.
Sin embargo, esta narrativa se debilita cuando otras mujeres afirman haber sido citadas en ese mismo edificio por ofertas laborales publicadas en Facebook. Hasta ahora no existe una investigación de policía cibernética que confirme o descarte estas versiones ni un esfuerzo claro por esclarecer lo que realmente ocurre en ese lugar.
Vecinos y testigos han señalado que con frecuencia acudían mujeres buscando una supuesta agencia de reclutamiento que ofrecía trabajos de limpieza. Aun así, las dudas persisten. Suponiendo y sin conceder que Edith conociera al vigilante, ¿es plausible que una sola persona tuviera el tiempo y la capacidad para discutir, agredirla repetidamente con un desarmador, ocultar el cuerpo en la caseta, manipular cámaras de seguridad, borrar registros de cámaras de afuera y, finalmente, enterrarla en el sótano sin que nadie escuchara o notara algo? ¿Pudo un vigilante tener los conocimientos técnicos para desconectar la cámara, borrar los fragmentos cuando la víctima entró al edificio, borrar la primera confrontación e inclusive pasar desapercibido en el estacionamiento o sótano mientras enterraba a la víctima en un montículo de arena?
Más aún, el edificio cuenta con un sistema de interfono con cámara. Para ingresar, el vigilante debe verificar con los departamentos si la persona es esperada. Si Edith hubiera acudido como cobradora, ¿habría sido autorizada su entrada? Y si conocía al vigilante, ¿eso explica todo lo demás? ¿Eso le quita gravedad a la actuación de la Fiscalía? ¿Eso le quita verdad a hecho de que fueron los familiares quienes encontraron a Edith Guadalupe y no las autoridades? ¿Eso le quita gravedad a las 28 horas de dilación con la que actuó la Fiscalía? ¿Eso explica las ofertas laborales del edificio? ¿Eso explica que la administradora negara que la víctima entró al edificio?
Suponiendo y sin conceder cualquier versión que busque manchar la imagen de la víctima, nada de ello justifica su desaparición ni su asesinato. Tampoco explica las omisiones de la Fiscalía, las horas de retraso en la actuación, la negativa inicial de la administración del edificio a reconocer su ingreso, ni el hecho de que fueron los propios familiares quienes encontraron el cuerpo.
La pregunta de fondo permanece intacta: ¿desde cuándo la vida de una mujer vale menos dependiendo de la narrativa que se construya sobre ella? Y aún más grave, ¿desde cuándo esa narrativa sirve para encubrir la negligencia, la corrupción y la posible complicidad institucional?
Pareciera que desacreditar y destruir la reputación de las víctimas resulta más sencillo que intervenir para que se mantengan con vida. Eso es lo realmente indignante de todo esto… de nada sirven las leyes ni las reformas mientras no haya funcionarios ni instituciones capaces de cumplirlas y mucho menos sirven los discursos cuando al primer error, destruir la imagen de las víctimas resulta más estratégico para las autoridades que reconocer y reparar sus errores.