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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el pasado 19 de julio la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El motivo son las acciones de política pública y regulatorias de México que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). Al respecto, Canadá también apoya la solicitud del gobierno estadunidense por lo que unos días después envió sus propias solicitudes de consultas para abordar el tema.

Los reclamos del país de las barras y las estrellas por la política energética del Gobierno de la Cuarta Transformación, que según viola los acuerdos a los que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado. La controversia enviada por la administración del presidente Joe Biden, está muy lejos de las supuestas quejas de las que habla el diario Reforma donde afirma en su primera plana del pasado 20 de julio que Estados Unidos está inculpando a la nación azteca de frenar “la capacidad regional para combatir el cambio climático” y no se cumplirán los Acuerdos de París, nada de esto aparece en el documento.

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La solicitud de consultas con México respecto de diversas medidas de la política energética que favorecen a su empresa eléctrica y petrolera estatal en detrimento de las compañías estadounidenses son cuatro:

  • Orden del despacho de energía eléctrica que favorece a la CFE en detrimento de la producida por las empresas privadas.
  • Obstáculos para que empresas privadas operen en el sector energético mexicano
  • Aplazamiento de Requerimiento de Suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre solamente para Pemex
  • Acciones Relativas al Uso del Servicio de Transporte de Gas Natural de México

El pasado 7 de abril la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que quedo firme el orden del despacho en que primero se suben a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución las energías generadas por la Comisión Federal de Electricidad y dejando en el final las producidas por las compañías privadas.

El actual orden del despacho de la energía eléctrica viola los párrafos 2 y 4 del artículo 31 del Acuerdo entre los Estados Unidos, México y el Canadá, por lo que el gobierno norteamericano esta pidiendo la consulta al país azteca.

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Para la administración Biden, México está participando, o ha participado, en acciones o inacción que obstaculizan la capacidad de empresas privadas para operar en el sector energético de México. Estas medidas incluyen: retrasar, denegar o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar los permisos existentes; o bloquear de otro modo la capacidad de las empresas privadas, lo que es discriminatorio.

Los puntos que denuncia el documento del gobierno de los Estados Unidos son:

(A) Operar instalaciones de energía renovable, como instalaciones eólicas y solares.

(B) Importación y exportación de electricidad y combustible.

(C) Almacenar o trasbordar combustible.

(D) Construir u operar estaciones minoristas de combustible.

Las autoridades comerciales estadounidenses están seguros que cada una de estas medidas parece ser incompatible con varias disposiciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esto, parecen ser incompatibles con el artículo 2.3 del T-MEC porque proporcionan trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional con respecto a todos leyes, reglamentos y requisitos que afecten su venta interna, oferta para la venta, compra, transporte, distribución o uso.

Otras de las quejas del vecino del norte es que las políticas mexicanas en materia energética, parecen ser incompatibles con el artículo 14.4 del T-MEC porque México no está otorgando a los inversionistas estadounidenses y sus inversiones un trato que no sea menos favorable que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas mexicanos y sus inversiones.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó el 18 de diciembre de 2019 prorrogar por cinco años el plazo que tiene Petróleos Mexicanos para cumplir con una norma que le exigía producir, distribuir y vender diésel limpio en todo el país.

La política para que Pemex goce de una prórroga por cinco años para no usar para producir, distribuir y vender diésel más limpio es discriminatorio para las empresas privadas, nacionales y extranjeras.

La Secretaría de Energía (Sener), envió el pasado 13 de junio un oficio al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que exhorta a esta última a modificar los “Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios del Permiso de Gestión Independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural”, para garantizar que los usuarios del servicio de transporte de gas natural compren este hidrocarburo a la Comisión Federal de Electricidad.

La medida del gobierno federal busca resolver el problema de la CFE, y así poder poner fin a la capacidad ociosa de trasporte de gas natural que tiene la empresa productiva del Estado; pero está acción no ha sido vista con buenos ojos por el sector privado y el gobierno de los Estados Unidos el cual señala que esta medida, que pretende fortalecer a la CFE al forzar un mayor uso de su capacidad subutilizada de transporte de gas natural, atentaría contra la competencia y la libre concurrencia en el sector, porque obliga a los usuarios del servicio de transporte de gas natural (vía los gasoductos del Sistrangas) a comprar este hidrocarburo a las filiales de la CFE encargadas del negocio de comercialización y suministro de combustibles: CFEnergía y CFE Internacional.

La consulta solicitada por el gobierno estadounidense a las autoridades de México tiene a partir de la fecha de recibida, ambos países tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Esta es la cuarta vez que se utiliza el mecanismo general de solución de diferencia del Capítulo 31 del T-MEC. Desde la entrada en vigor del Tratado, Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz y hasta el momento ninguna de ellas ha llegado a un panel.

El diferendo que tiene el Gobierno de la Cuarta Transformación con las administraciones de Estados Unidos y Canadá por las políticas energéticas del país azteca son salvables y se puede llegar a un acuerdo entre las partes que favorezcan a las empresas de la región.