Cuando Genaro García Luna fue acusado por la justicia estadounidense de sus vínculos con el narcotráfico, la guerra contra el crimen de Felipe Calderón recibió su último clavo en el ataúd de la credibilidad. Era el hombre encargado de combatir lo que en realidad protegía. La paradoja perfecta de un Estado que se pudre desde adentro. El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es distinto en su forma, pero no necesariamente en su fondo, y esa distinción importa tanto como la que se pierde cuando el discurso oficial decide ignorarla.
La acusación formulada desde el Distrito Sur de Nueva York no ha caído en el vacío. Ha confirmado rumores que circulaban con insistencia y ha abierto una caja de Pandora que ningún argumento sobre soberanía nacional puede cerrar con ligereza. Invocar el intervencionismo como explicación total de lo que ocurre en Sinaloa es insuficiente. Y lo es precisamente porque la violencia que ha desangrado esa entidad durante meses no requiere de una conspiración extranjera para explicarse, basta con observar la fragmentación territorial, los desplazamientos forzados y la parálisis institucional que los propios ciudadanos padecen.
Ahí está el verdadero problema. No en los titulares ni en las conferencias de prensa, sino en el miedo cotidiano. En la imposibilidad de transitar una carretera sin calcular el riesgo. En la fiesta que no se celebra, en el negocio que no se abre o el que se tiene que cerrar, en la libertad que se va restringiendo sin decreto formal pero con una eficacia que ningún gobierno debería tolerar ni normalizar. Ese miedo no lo fabrican los medios de comunicación ni las agencias de inteligencia de Washington. Lo producen estructuras criminales que operan donde el Estado, en el mejor de los casos, hace como que gobierna.
Un gobierno acorralado es un gobierno en problemas. Si es que hay pactos con el narco, las mujeres que han llegado a ocupar el despacho temporal de actividades en todos los espacios de los investigados se encuentran en riesgo. Los acuerdos se vuelven imposibles de cumplir, la presión por investigar y detener aumenta. Ya antes se ha abierto fuego total por el abatimiento de criminales. Pero si se ignoran las señales y se trata como simple intervencionismo, la hostilidad norteamericana avanza junto con las sospechosas de complicidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una postura firme en materia de soberanía y eso, en términos de principio, es defendible. Ningún país debe aceptar pasivamente que una potencia extranjera dicte los términos de su política interior. Pero esa defensa solo es sostenible si va acompañada de una condición irrenunciable: que el rechazo al intervencionismo no funcione simultáneamente como cobertura para la corrupción. Es perfectamente posible y políticamente necesario rechazar la injerencia norteamericana y al mismo tiempo exigir que ningún funcionario de ningún nivel tenga vínculos con estructuras criminales. Una cosa no cancela la otra. Confundirlas es, en el mejor escenario, un error de cálculo. En el peor, una coartada.
La comparación con García Luna tiene sus límites pero también sus lecciones. Rocha Moya no es el secretario de seguridad de la Cuarta Transformación; el titular de esa cartera en el gobierno actual cuenta con una trayectoria que lo distingue de aquella figura, que es eficiente, incorruptible, honesto y de primer nivel. Pero la presión estadounidense, amplificada por las redes sociales con una narrativa que sugiere equivalencias donde quizás no las hay, forma parte de una estrategia más amplia. Una que no busca necesariamente la verdad judicial, sino la erosión de la gobernabilidad mexicana.
Reconocer eso no implica absolver a nadie. Implica leer el tablero completo. Y leerlo obliga a concluir lo siguiente: si los aparatos de inteligencia nacionales no se adelantan a Washington en identificar y separar a quienes tengan vínculos comprometedores, el gobierno seguirá llegando tarde a cada revelación, seguirá reaccionando en lugar de actuar, y seguirá prestándole al discurso del encubrimiento la única cosa que ese discurso necesita para prosperar: credibilidad prestada por la omisión.
El daño a la imagen de incorruptibilidad que la Cuarta Transformación construyó como su activo político más valioso ya ha comenzado. No porque los medios lo decreten, sino porque la acusación existe, el expediente crece y las explicaciones oficiales no alcanzan a cubrir la distancia entre lo que se dice y lo que se sabe.
Sinaloa es el talón de Aquiles. No porque un gobernador sea culpable o inocente pues eso lo determinará un proceso judicial, sino porque el modo en que el gobierno mexicano gestione esta crisis dirá más sobre su naturaleza que cualquier plan de desarrollo o cualquier reforma constitucional. Los Estados que se contaminan con el crimen no siempre lo hacen de golpe. Lo hacen gradualmente, normalizando cada cesión como si fuera una excepción, hasta que la excepción se convierte en el sistema.
El 4 de mayo de 2026, la Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional de Control de Drogas para este año. El documento, firmado bajo la tutela de Sara Carter, la nueva zar de la drogas del presidente Trump, no es una política sanitaria. Es un manual de guerra con lenguaje de salud pública.
La designación activa marcos jurídicos específicos que autorizan al Departamento de Guerra a intervenir en emergencias domésticas vinculadas a armas de destrucción masiva. Habilita al Departamento del Tesoro a perseguir activos e instituciones financieras en cualquier parte del mundo. Otorga al Fiscal General poderes ampliados de enjuiciamiento. En otras palabras: convierte la guerra contra el narcotráfico en una operación de seguridad nacional de primer orden, con todas las herramientas militares e institucionales que eso implica. Nuestro país enfrenta la doctrina jurídica de una potencia que ha reencuadrado el problema del fentanilo como un acto de guerra química perpetrado por “entidades terroristas” que operan, en buena medida, desde territorio mexicano. El momento comienza a parecer crítico.