En un modelo que recuerda más a los años setenta, que a las exigencias de un mundo interconectado y en transición hacia energías limpias. El discurso oficial sostiene que el Estado debe ser garante absoluto del suministro energético, insistiendo en que sin “rectoría estatal” se pone en riesgo la soberanía, cuando en realidad, lo que está en juego es la viabilidad del sistema eléctrico y la confianza de los inversionistas.
Ejemplo del absurdo está en pretender mudarse a un esquema que ni ellos entienden, donde ni CENACE, de Mora Palomino, ni la Subsecretaría de Electricidad a cargo del Dr. Rojas, se pueden poner de acuerdo. La secretaria Luz Elena González resultó más dogmática e incapaz que su antecesora Rocío Nahle, al dejar desconectadas desde el primero de octubre a dos empresas de importancia nacional e internacional como Chemours Company y Grupo Infra en su planta en Altamira, Tamaulipas, obligadas a esperar una decisión de la CFE y CENACE para ver cómo podrán recibir la energía que requieren, parando la producción y perjudicando a miles de empleos.
El mito de la soberanía
Palabra por palabra Sheinbaum repite el discurso de López Obrador: México debe recuperar la soberanía energética. Entendida como la capacidad de producir, distribuir y vender electricidad y combustibles bajo control estatal.
Sin embargo, esa noción resulta anacrónica en un mundo donde la interdependencia energética es inevitable. Ni siquiera Estados Unidos, con su enorme capacidad productiva, habla de soberanía, sino de seguridad energética y diversificación de fuentes.
Cerrar la puerta a los esquemas de auto abasto y limitar la generación privada coloca a Sheinbaum en una contradicción: por un lado, promueve compromisos internacionales de transición hacia energías renovables; por otro, sostiene un aparato burocrático y monopólico que carece de recursos y capacidad tecnológica para cubrir la demanda futura con fuentes limpias.
El auto abasto: enemigo político
El discurso convierte a las empresas privadas en villanos; el autoabasto que permite a compañías generar su propia electricidad, interconectarse con la red y compartirla entre socios, ha sido demonizado como un mecanismo de fraude a la nación, a pesar de que en la práctica ha sido durante décadas una solución eficiente que redujo costos, garantizó abasto confiable y estimuló la inversión en infraestructura.
Ahora la mandataria califica estos mecanismos como “ilegales”, sin importar que fueron autorizados por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y por la propia CRE. Si hoy son considerados ilegales es porque el gobierno impuso cambios normativos regresivos que modificaron las reglas a mitad del juego. No porque fuera un fraude, sino porque el poder político decidió reinterpretar la legalidad a conveniencia de su proyecto.
Contradicciones
El doble discurso es evidente. Mientras se afirma que México debe acelerar la transición energética y cumplir con los compromisos de descarbonización, se impulsan políticas que concentran la generación eléctrica en la CFE, una empresa que depende más de 60% de combustibles fósiles, y la cual se presenta como promotora de energías limpias, pero cancela mecanismos de inversión privada en parques eólicos y solares.
En cuanto a la ley, insiste en que la rectoría del Estado implica respetar el marco constitucional, pero las reformas aprobadas —como la Ley de la Industria Eléctrica— han sido impugnadas por violar principios de competencia y tratados internacionales. Incluso la Suprema Corte ha señalado inconsistencias, aunque con votaciones divididas; pero, en lugar de corregir el rumbo, Sheinbaum insiste en profundizar un modelo que ya ha mostrado ser inoperante e incompatible con el derecho.
Un modelo insostenible
El problema es que el proyecto no solo es ideológico, sino inviable en la práctica. La CFE no tiene capacidad financiera ni técnica para cubrir la totalidad de la demanda. Apostar a su hegemonía implica condenar al país a apagones, tarifas altas y retrasos en la adopción de energías renovables.
Cancelar los esquemas de auto abasto no solo espanta la inversión extranjera, sino que golpea directamente a la industria nacional, que necesita electricidad confiable y barata para competir.
En el marco del T-MEC, Estados Unidos y Canadá han expresado preocupación ante una política regresiva que pone en riesgo compromisos internacionales y expone a México a sanciones comerciales.
Falta de visión tecnológica
El mundo avanza hacia la descentralización energética mientras México insiste en un modelo centralizado, caro y lento, que frena la innovación y nos margina de las cadenas globales de suministro en energías limpias.
Es un retroceso disfrazado de nacionalismo que bajo la bandera de la soberanía busca reinstalar un monopolio estatal incapaz de responder a las exigencias del presente.
Al rechazar el auto abasto y dinamitar los mecanismos de participación privada, se apuesta por un modelo centralista y anacrónico que encierra a México en una trampa: menos inversión, más dependencia de combustibles fósiles, mayor riesgo de apagones y pérdida de competitividad.
Al colocar la ideología por encima de la eficiencia y la legalidad, Sheinbaum perpetúa el mismo error de su antecesor. La rectoría del Estado, no es una solución, sino un obstáculo para el futuro energético de México.
X: @diaz_manuel