Las imágenes tan escalofriantes difundidas diariamente por los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre el trato indigno hacia nuestras hermanas y hermanos migrantes son inconcebibles, deja en evidencia el comportamiento arcaico por parte de las y los gobernantes.
Los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Colombia, Cuba, Honduras, entre otros, son los responsables de no elaborar las políticas públicas en economía, seguridad, asistencia social, salud, generación de empleo, deporte, cultura y arte, para generar un bienestar en los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El discurso de odio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigido hacia las y los migrantes, a quienes en reiteradas ocasiones ha llamado delincuentes es injustificable en cualquiera de sus formas.
Las y los migrantes son perseguidos, acorralados y capturados, tratados como delincuentes. El estado de Chiapas en donde la pobreza continúa presente en los hogares de las familias chiapanecas, es testigo del trato que se les da a las y los migrantes, quienes exigen una mejor calidad de vida para sus familias.
La frontera entre Guatemala y México continúa vigilada por la Guardia Nacional, Migración y la policía estatal de Chiapas, quienes buscan evitar que las familias de migrantes crucen el río fronterizo Suchiate, toquen el territorio mexicano con la intención de llegar a cumplir el sueño americano en Estados Unidos.
Ser migrante es un derecho humano; el deber de las autoridades es respetar sus derechos humanos, protegerlos de la delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de personas, sin embargo, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores están expuestos a las más terribles vejaciones.
En este preciso momento los derechos humanos de sectores en situación de vulnerabilidad están siendo violados. El hartazgo de la sociedad ante la ineficacia de la inexistente gobernanza por parte de los gobiernos de países expulsores de migrantes es evidente.
“Las cuestiones relacionadas con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales son particularmente cruciales para muchos migrantes. Muy a menudo, se enfrentan a una discriminación severa en materia de vivienda, educación, salud, trabajo o seguridad social.
“Las leyes que discriminan a los no nacionales, junto con los programas y políticas que no abordan sus necesidades y vulnerabilidades específicas, a menudo tienen como resultado que los migrantes y sus familias no puedan acceder a los servicios básicos o solo puedan hacerlo en niveles que no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos.” (ONU).
Es inconcebible que las y los gobernantes de estados y naciones expulsoras de migrantes presuman la cantidad de recursos económicos en remesas que envían las y los migrantes a sus países de origen. La migración no siempre es una decisión libre, las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares para sobrevivir, en busca de alimentos, vestimenta, seguridad, salud, una vida digna.