Uno de los mayores desafíos que enfrenta cualquier gobierno es garantizar que las familias vivan en paz. No puede hablarse de una transformación verdadera mientras las personas tengan miedo de caminar por sus calles, trasladarse a sus centros de trabajo o permitir que sus hijas e hijos disfruten libremente de los espacios públicos.
La seguridad no es solamente una estadística. Es la tranquilidad de una madre cuando sus hijos regresan a casa; la confianza de una trabajadora al utilizar el transporte público; la posibilidad de que comerciantes, estudiantes y familias desarrollen sus actividades cotidianas sin temor. Por ello, cada avance debe reconocerse, pero también analizarse con seriedad y responsabilidad.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran una disminución en la percepción de inseguridad. En junio de 2026, el 59.8 por ciento de la población de 18 años y más residente en las 91 áreas urbanas consideradas por la ENSU señaló que era inseguro vivir en su ciudad, porcentaje menor al 61.5 registrado en marzo de este mismo año y al 63.2 observado en junio de 2025. Se trata de una reducción estadísticamente significativa y, por tanto, de una señal alentadora.
Además, las cifras revelan que la inseguridad no se vive de la misma manera para todas las personas. Mientras el 52.6 por ciento de los hombres manifestó sentirse inseguro en su ciudad, entre las mujeres el porcentaje ascendió al 65.6 por ciento. Esta diferencia nos obliga a fortalecer las políticas de prevención y protección con perspectiva de género, especialmente en las calles, el transporte público, los centros de trabajo y todos aquellos espacios en los que las mujeres continúan enfrentando riesgos particulares.
También debemos reconocer que la construcción de la paz va más allá del combate a los delitos. Durante el segundo trimestre de 2026, el 40.2 por ciento de la población reportó haber tenido al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana, porcentaje superior al 38.2 registrado durante el trimestre anterior. Los problemas relacionados con el ruido, la basura y la convivencia entre personas vecinas nos recuerdan que la paz también se construye desde las comunidades, mediante el respeto, el diálogo y la recuperación del tejido social.
Por eso es importante respaldar una política de seguridad que no se limite solo al uso de la fuerza. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se sustenta en cuatro ejes: la atención a las causas que generan la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas.
Esta visión parte de una convicción fundamental: la violencia no puede enfrentarse únicamente mediante operativos y detenciones. También es necesario garantizar educación, empleo, salud, bienestar, cultura y oportunidades para las juventudes.
Atender las causas significa impedir que la pobreza, la desigualdad y la falta de alternativas continúen siendo aprovechadas por los grupos delictivos. Al mismo tiempo, combatir la impunidad exige fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar que cada delito sea investigado con profesionalismo. Sin justicia no puede haber seguridad duradera y, sin instituciones confiables, resulta imposible recuperar plenamente la tranquilidad de las comunidades.
Los resultados de la ENSU son alentadores, pero sería irresponsable afirmar que el problema está resuelto. Casi seis de cada diez personas adultas que viven en las áreas urbanas consideradas por la encuesta todavía consideran inseguro vivir en su ciudad. Millones de mexicanas y mexicanos continúan modificando sus hábitos por miedo: evitan salir de noche, limitan las actividades de sus hijas e hijos o dejan de visitar determinados lugares. Esa realidad demanda redoblar esfuerzos.
En la Cuarta Transformación hemos aprendido que gobernar significa hablarle al pueblo con la verdad. Reconocer los avances no implica ocultar lo que falta; por el contrario, la autocrítica responsable fortalece nuestro movimiento, nos permite corregir y nos obliga a mantener el compromiso asumido con el pueblo de México.
La diferencia entre el pasado y el presente no puede reducirse a un discurso. Debe reflejarse en instituciones más eficaces, autoridades honestas, estrategias basadas en inteligencia y resultados que puedan sentirse en cada calle, comunidad y hogar. No basta con mejorar los indicadores nacionales si esos avances no se traducen en tranquilidad para las familias.
La seguridad también requiere la participación de la sociedad. Una ciudadanía organizada, informada y cercana a sus instituciones puede contribuir a prevenir la violencia, denunciar los delitos y reconstruir la convivencia comunitaria. La paz no puede imponerse desde un escritorio: debe construirse junto con el pueblo y desde los territorios.
Como mujer comprometida con los principios de la transformación y con el pueblo de México, tengo claro que la seguridad es y seguirá siendo una tarea prioritaria del Estado mexicano. Debemos respaldar lo que está funcionando, corregir aquello que todavía no alcanza los resultados esperados y mantenernos siempre cerca de la gente.
Los avances deben impulsarnos a trabajar con mayor convicción, no a bajar la guardia. Nuestra meta no es solamente disminuir porcentajes, sino lograr que la seguridad deje de ser una esperanza y se convierta en una certeza para todas y todos.
Solo escuchando al pueblo, atendiendo las causas de la violencia, combatiendo la impunidad y fortaleciendo nuestras instituciones podremos consolidar la paz con justicia que México merece.