En 2027, los mexicanos elegiremos 17 nuevos gobernadores, casi 700 presidentes municipales, miles de integrantes de ayuntamientos y un número muy importante de diputados federales y locales. Como ocurre en cada proceso electoral, escucharemos promesas sobre más patrullas, mejores calles, nuevas obras públicas, transporte, agua potable, desarrollo económico y combate a la corrupción.

Todo eso importa. Pero sospecho que estaremos en una discusión del siglo pasado. Porque el verdadero desafío de quienes resulten electos será completamente distinto. Los gobernadores y alcaldes que asumirán el poder en 2027 no administrarán únicamente estados y municipios. Tendrán que gobernar en medio de una convergencia de crisis que ya está transformando la economía, la seguridad, la tecnología, el clima, la migración y la vida cotidiana de millones de personas.

La elección de 2027 no definirá solamente quién gobernará nuestros estados y municipios. Definirá si México comienza a construir gobiernos capaces de administrar la incertidumbre. Ésa será la verdadera elección.

Hace unas semanas leí un extraordinario análisis del Bloomberg Center for Cities de la Universidad de Harvard. Su conclusión debería llamar la atención de todos los candidatos que competirán el próximo año: los grandes problemas del mundo ya no llegan primero a las cancillerías ni a los congresos nacionales. Llegan primero a las oficinas de los gobernadores y a los palacios municipales:

  • Los gobiernos nacionales negocian tratados comerciales. Los municipios reciben las empresas que llegan —o las inversiones que nunca llegan.
  • Los gobiernos federales discuten el cambio climático. Los alcaldes enfrentan inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.
  • Los presidentes hablan de inteligencia artificial. Los municipios tendrán que gestionar su impacto sobre el empleo, los servicios públicos, la movilidad, la educación y la seguridad.
  • Los conflictos internacionales alteran las cadenas globales de suministro. Los gobiernos locales administran el desempleo, la presión sobre la vivienda o la llegada de nuevas inversiones derivadas del nearshoring.

La globalización cambió de dirección. Ya no baja de la nación hacia las ciudades. Ahora entra al país por las ciudades.

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Durante buena parte del siglo XX, la misión de un presidente municipal era relativamente clara: pavimentar calles, recoger la basura, otorgar permisos de construcción, mantener el alumbrado público y coordinar la policía preventiva.

Nada de eso ha dejado de ser importante. Pero ya no basta. El municipio del siglo XXI se ha convertido en la primera línea de defensa de la sociedad frente a la incertidumbre global. Ésa es una transformación histórica que apenas comenzamos a comprender.

La OCDE ha insistido recientemente en una idea poderosa: las ciudades ya no enfrentan problemas aislados. Enfrentan una policrisis. Es decir, una acumulación de crisis que interactúan entre sí y producen efectos en cascada.

Una sequía reduce la disponibilidad de agua. La escasez de agua afecta la producción agrícola. La caída de la producción incrementa los precios. La inflación reduce el consumo. La desaceleración económica disminuye la recaudación municipal. Con menos recursos se deteriora la infraestructura. La infraestructura deficiente aumenta la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos climáticos.

Cada problema alimenta al siguiente. Los especialistas llaman a esto “efectos en cascada”. Los ciudadanos simplemente lo llamamos “realidad”.

Durante décadas organizamos nuestros gobiernos suponiendo que cada problema podía resolverse desde una oficina distinta. La Secretaría de Seguridad atendía la criminalidad. La de Desarrollo Económico se ocupaba de la inversión. Obras Públicas construía infraestructura. Protección Civil respondía a emergencias. Medio Ambiente sembraba árboles.

Pero el siglo XXI está demostrando que esa división ya no funciona. La seguridad depende de la educación. La educación depende de la conectividad. La conectividad depende de la energía. La energía depende del agua. El agua depende del cambio climático. El cambio climático depende de decisiones globales. Y todas esas variables terminan afectando el presupuesto de un municipio. Los problemas dejaron de respetar organigramas. Por eso las soluciones tampoco pueden seguir respetándolos.

Edward Glaeser, uno de los grandes especialistas en economía urbana de Harvard, sostiene que las ciudades prosperan porque concentran talento, innovación y conocimiento. Pero precisamente por esa concentración también son las primeras en sentir el impacto de las grandes transformaciones del mundo.

Benjamin Barber llevó esa reflexión todavía más lejos en su célebre libro If Mayors Ruled the World. Su argumento era provocador: mientras los gobiernos nacionales suelen quedar atrapados en disputas ideológicas, los alcaldes son evaluados por resultados concretos. El ciudadano no pregunta si la basura fue recogida por un gobierno de izquierda o de derecha. Pregunta simplemente si se llevaron la basura o no.

Hoy incluso esa lógica se está quedando corta. Porque el alcalde ya no administra únicamente servicios. Administra incertidumbre.

Pensemos en la inteligencia artificial. La conversación pública suele concentrarse en si reemplazará empleos o en cómo regularla. Pero sus efectos llegarán primero a los gobiernos locales. Cambiará la demanda de habilidades laborales, transformará el transporte urbano, modificará la prestación de servicios públicos, fortalecerá la gestión del tránsito, permitirá una mejor atención ciudadana y exigirá proteger la infraestructura digital frente a ataques cibernéticos.

Lo mismo ocurre con el cambio climático. Durante muchos años fue tratado como un tema ambiental. Hoy es un problema de salud pública, protección civil, infraestructura hidráulica, vivienda, movilidad, energía y finanzas públicas. Ya no se trata únicamente de plantar árboles. Se trata de decidir dónde construir viviendas, cómo diseñar drenajes, cómo proteger hospitales, cómo garantizar el suministro eléctrico durante una ola de calor y cómo responder cuando una tormenta paraliza una ciudad.

Algo semejante ocurre con la geopolítica. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, la revisión del T-MEC, el nearshoring, la reorganización de las cadenas globales de suministro y la carrera por la inteligencia artificial determinarán qué estados atraerán inversión y cuáles perderán competitividad. Las decisiones tomadas en Washington, Pekín o Bruselas terminarán influyendo en municipios de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato o Yucatán.

Y todavía debemos añadir una variable más. El crimen organizado también está evolucionando. Utiliza drones, inteligencia artificial, criptomonedas, redes internacionales y sofisticados mecanismos financieros. Pretender enfrentarlo únicamente con las herramientas institucionales del siglo pasado sería un grave error.

Todo ello exige un nuevo tipo de liderazgo. Harvard, la OCDE, ONU-Hábitat y Brookings coinciden en un punto esencial: los gobiernos exitosos del futuro no serán necesariamente los que tengan más recursos, sino aquellos capaces de aprender más rápido.

Ésa me parece la idea más importante de todas. Durante décadas pensamos que la función del gobierno consistía en controlar la realidad. Hoy la realidad cambia demasiado rápido para ser controlada.

La verdadera tarea consiste en aprender continuamente. Corregir antes. Adaptarse mejor. Experimentar. Escuchar evidencia. Construir alianzas. Rectificar sin convertir cada cambio de rumbo en una derrota política. En otras palabras, construir Estados y municipios que aprenden.

Pero existe otra dimensión poco discutida en México. No hay resiliencia sin capacidad financiera. La OCDE insiste en que la autonomía fiscal será uno de los factores decisivos. Un municipio incapaz de recaudar adecuadamente, administrar responsablemente sus finanzas o responder con rapidez a una emergencia dependerá siempre de decisiones tomadas en otro nivel de gobierno.

Sin capacidad fiscal, la “resiliencia” se convierte únicamente en un discurso. Creo que, en el fondo, los municipios del siglo XXI competirán por tres formas de capital:

  • Capital físico: infraestructura, agua, energía, vivienda, movilidad y conectividad.
  • Capital institucional: confianza ciudadana, finanzas públicas sanas, Estado de derecho, coordinación entre órdenes de gobierno y capacidad administrativa.
  • Capital cognitivo: educación, universidades, talento, inteligencia artificial, innovación y capacidad para aprender.

Las ciudades que logren fortalecer simultáneamente estos tres capitales serán las que prosperen. Las que fortalezcan sólo uno de ellos quedarán rezagadas.

Por eso me preocupa que las campañas de 2027 vuelvan a concentrarse exclusivamente en promesas de corto plazo. Necesitamos discutir cómo construir gobiernos capaces de anticipar riesgos, coordinar actores, aprovechar la inteligencia artificial, fortalecer sus finanzas, atraer talento, administrar el agua, proteger infraestructura crítica y aprender continuamente.

Durante décadas elegimos alcaldes para administrar ciudades. En 2027 elegiremos líderes que deberán gobernar la intersección entre los grandes cambios del mundo y la vida cotidiana de millones de mexicanos.

El cambio climático, la inteligencia artificial, las migraciones, las guerras comerciales, las crisis sanitarias, la transformación tecnológica y la delincuencia organizada no pedirán permiso para entrar a nuestros municipios. Llegarán de cualquier forma.

La única pregunta es si nuestros gobiernos locales estarán preparados para absorber esos impactos, aprender de ellos y convertirlos en oportunidades de desarrollo. Porque, al final, la fortaleza de un país ya no se medirá únicamente por las decisiones que tome su gobierno nacional. Se medirá, cada vez más por la capacidad de aprendizaje de sus ciudades y municipios. Ahí, en esa primera línea de defensa frente a la incertidumbre global, comenzará a decidirse el futuro de México.

Uno de los mayores errores de cualquier democracia es confundir popularidad con capacidad de gobierno. Las encuestas miden reconocimiento; las redes sociales premian visibilidad; las campañas ponen a prueba el carisma. Pero ninguna de ellas mide el buen juicio. Y precisamente el buen juicio será el recurso más escaso para los gobernadores y alcaldes que asumirán sus cargos en 2027.

Los nuevos servidores públicos tendrán que tomar decisiones bajo incertidumbre, enfrentar crisis simultáneas, coordinar actores con intereses opuestos y actuar con rapidez cuando no exista una respuesta evidente.

La pregunta decisiva para los partidos políticos no debería ser quién puede ganar una elección, sino quién posee el criterio, el carácter y la capacidad de aprendizaje para gobernar en un mundo mucho más complejo que el de hace apenas una década.

La historia demuestra que las democracias no fracasan por elegir candidatos poco populares, sino por elegir gobernantes que nunca estuvieron preparados para ejercer el poder.