Hoy se cumple el primer año de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que la reforma judicial redujo el pleno de once a nueve ministros, eliminó las dos Salas y concentró en el Pleno la resolución del cien por ciento de los asuntos en sesiones públicas. Lo interesante es que en el modelo anterior, un solo año podía ofrecer hasta 14 mil asuntos resueltos eficientemente gracias al modelo de división interna de trabajo en salas que volverá mediante las “secciones” propuesta en la reforma a la reforma. La nueva Corte alcanzó un máximo de 2,600 asuntos resueltos en su primer año de funciones y lo relevante es que el periodo de estabilización impide comparar ambas Cortes, por lo que gran parte de las estadísticas que destacarán el día de hoy son incompletas.
Comencemos, aunque suene obvio, por el inicio. Para tener una comparación objetiva es necesario contrastar dos periodos similares pero tratándose de instituciones complejas, no basta pensar que por comparar dos periodos de tiempo como un solo año, eso se cumpla. Los grandes cambios tienen procesos de estabilización que pueden tomar años, por lo que comparar el último año de la antigua Corte que tenía incorporada una metodología ya asimilada por todo el cuerpo administrativo es no hacerle justicia a la nueva Corte, que sigue en la “curva de aprendizaje” aunque eso le esté costando a la justicia y a los mexicanos que la buscan.
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2025 del INEGI (datos de 2024, el último año completo de la integración anterior), ingresaron 16,370 asuntos jurisdiccionales a la SCJN y egresaron 13,979; frente a 2023, los ingresos cayeron 4.9% y los egresos 6.9 por ciento. El grueso lo aportaba un solo tipo de recurso: el amparo directo en revisión concentró 48.3% de los ingresos y 61.7% de los egresos.
En tiempos de resolución, el propio INEGI reporta para 2024 que las acciones de inconstitucionalidad tardaron en promedio 522 días naturales en el Pleno, y 470 y 319 días en la Primera y Segunda Salas. Es la métrica de lentitud que la nueva Corte usaría después como principal blanco retórico. Para dimensionar, el pico histórico de la Corte fue 2019, con 25,284 asuntos recibidos y 21,443 resueltos, así que ya la etapa de Piña operaba por debajo de máximos previos.
El discurso de Hugo Aguilar se sostiene sobre el abatimiento del rezago heredado. Al cumplir un año, la Corte reporta 163 sesiones públicas y más de 2,600 asuntos resueltos. Sobre el rezago, llegaron con 1,471 asuntos heredados y, con corte a junio de 2026, solo quedaban 56 por resolver, una reducción cercana al 96 por ciento. Aguilar añade mejoras de gestión: las ponencias pasaron de un promedio de 147 asuntos en estudio a 54, y cada mes se turnan entre 8 y 15 asuntos por ponencia y se resuelven en promedio 18; el tiempo para que un expediente llegue a ponencia habría bajado de 60 a 15 días, con un ahorro presupuestal proyectado y el 100% de asuntos resueltos en sesión pública.
El problema es que “resuelto” no siempre es una sentencia deliberada. El dato más revelador está en el propio primer informe que indica cómo de los 2,590 expedientes resueltos entre septiembre y noviembre de 2025, solo 663 los resolvió el pleno, 44 por acuerdo o dictamen de ponencias, y 1,883 por acuerdo de presidencia. Es decir, cerca del 73% de ese primer bloque fueron desechamientos o trámites de la presidencia, no fallos discutidos. El rezago se “abate” en buena medida depurando, no deliberando. O sea que en vez de ofrecer una resolución que pusiera fin a esos asuntos, la mayoría terminó volviendo a juzgadores inferiores y eso implica que los justiciables perdieron tiempo en llegar a la Corte y ahora perderán más tiempo esperando la última palabra de aquellos que ya los juzgaron, frente a los que justamente, se inconformaron.
En comparaciones de mismo periodo, la productividad cae. El observatorio Ojo en la Justicia ofrece el contraste más limpio que dice que la nueva Corte resolvió 1,218 asuntos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, contra 1,944 de la integración anterior en el mismo periodo de 2024-2025, lo que representa una caída de 37 por ciento. Otras mediciones apuntan igual: en los primeros cuatro meses de 2026 el Pleno resolvió 987 asuntos frente a 1,108 en el mismo lapso de 2025, un 10.9% menos, y en diciembre de 2025, Reforma calculaba que la Corte resolvía 44.5% menos asuntos que en su conformación anterior tras extinguir las Salas.
Visualmente podríamos explicarlo así, comparando el periodo de Salas contra el primer periodo sin ellas. Lo que se muestra es que parte de la caída productiva resulta estructural porque hay menos órganos resolviendo, aún así, hay una brecha de 37% en el semestre de septiembre a febrero que también habla de las dificultades internas para generar acuerdos en la aprobación de los proyectos de sentencia. O sea, que las tensiones internas de la Corte también le cuestan en tiempo (y recursos) a los justiciables.
Otra razón que hace imposible comparar la Corte antigua con la nueva Corte es la falta de datos. La Suprema Corte dejó de actualizar información pública sobre asuntos que ingresan, asuntos resueltos y productividad por ponencia que existía en la antigua Corte. Ahora se publican boletines mensuales sin metodología clara y sin archivos que contengan las tablas de datos para su verificación, o sea que evaluar el desempeño es imposible porque no hay ni datos comparables ni métricas que lo permitan. Por otro lado, la Corte se inclina hacia las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) con 95 frente a solo 16 amparos en revisión en su primer año. Es decir, que la agenda de lo mediático y prioritario en la agenda política ha sido prioridad frente a los asuntos que llegaron como consecuencia de largos litigios en los que se cuestiona la constitucionalidad de una disposición legal. Siete de cada diez asuntos concluyeron sin análisis de fondo, por vía procesal.
Los datos permiten tres conclusiones firmes y una advertencia. Primero: la nueva Corte sí depuró el rezago heredado, pero lo hizo en gran parte por desechamiento presidencial, no por deliberación de fondo. Segundo: en comparaciones del mismo periodo, la productividad bajó entre ~11% y ~37% según la fuente y el tramo, con un componente estructural (desaparición de Salas) más un componente de ritmo. Tercero: la Corte ganó visibilidad y perdió trazabilidad estadística, lo que hace más difícil auditar su desempeño, o sea, que ni siquiera es comparable estadísticamente como decía antes. La advertencia es que cualquier comparación “2024 vs. 2026” con la cifra gruesa de egresos es engañosa; el veredicto cuantitativo limpio llegará con el Censo INEGI 2026, con un año completo de la nueva integración bajo definiciones homogéneas. Declarar fracasos rotundos o éxitos absolutos a estas alturas implica deshonestidad intelectual. Ni hay datos para mostrar que el cambio implica una mejora y por el contrario, hay varios datos que exhiben un periodo aún abierto de transición, en el que hay cambios y menor eficiencia propia de la reforma. Eso tampoco es una condena, implica simplemente, que el primer año de transición ha demostrado el fracaso de eliminar las Salas y la destrucción de los indicadores que hasta ahora conocíamos. Lo peor es que el cambio le ha costado mucho más a quienes habían logrado llegar hasta esa instancia que a los ciudadanos comunes sin asuntos en la Corte. Los justiciables pagan.