López Obrador transitó con facilidad al militarismo. En campaña prometía regresar el Ejército a los cuarteles, muy pronto cambió; a las fuerzas armadas les encomendó tareas ajenas a su naturaleza, origen histórico y capacidades.
Uno de los hombres más respetables de su gobierno, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se vio obligado a renunciar por disentir sobre la decisión presidencial de encargar a las fuerzas armadas tareas del sector de comunicaciones. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas externó su preocupación por el papel protagónico del Ejército y la Armada tuvieran en la seguridad pública y otras actividades. Se le dijo a AMLO que los expondría a la corrupción y a todas sus implicaciones.
AMLO no tenía aprecio ni respeto por las fuerzas armadas, pero ya en el gobierno se deslumbró con la obediencia de los militares; los soldados no cuestionan las decisiones superiores. La burocracia, los procedimientos administrativos y las reglas de la administración pública le hicieron exasperarse. Para las fuerzas armadas la palabra presidencial era incuestionable; sin transparencia ni rendición de cuentas, sin atender derechos de particulares o cuidado del medio ambiente. Todas las dificultades, el presidente pretendió resolverlas recurriendo a las fuerzas armadas.
En la tarea de seguridad pública para los soldados debió ser muy complicada la obediencia; se militarizaban policías, inteligencia y la estrategia de seguridad, pero se les instruía no actuar frente a criminales. Los soldados, dolorosamente, se volvieron testigos pasivos de cómo el crimen ganaba terreno, se hacían de los gobiernos locales, ampliaban y diversificaban sus actividades. Pronto, muchos de los oficiales sucumbieron a la corrupción. El huachicol fiscal no es un asunto menor ni aislado, es la articulación entre el poder político, los más altos cargos en la Armada y el crimen organizado.
Es un despropósito decir que en el huachicol fiscal se llegará hasta las últimas consecuencias y, que al mismo tiempo, los dos funcionarios más importantes en esta lucha, el fiscal Gertz y el secretario García Harfuch salieran a exculpar a quien tiene ineludible responsabilidad.
Al almirante Rafael Ojeda lo condenan los hechos; es imperdonable que un marino de jerarquía haya sido asesinado por haber denunciado las acciones criminales de los sobrinos del almirante, al igual que hayan ejecutado a una funcionaria de la FGR a cargo de las investigaciones. Es inevitable que los decesos recientes de marinos inviten a la especulación y la sospecha, la presidenta Sheinbaum no debiera exasperarse con la actitud de los medios.
La responsabilidad no termina con el almirante Ojeda. Involucra a López Obrador porque es impensable que no estuviera enterado, especialmente, porque él destinaba todos los días tiempo para informarse de lo que ocurría en materia de seguridad. El titular del Centro de Inteligencia Criminal, general Audomaro Martínez Zapata, tenía toda la confianza del presidente, una cercanía de muchos años atrás y es imposible que no estuviera al tanto de lo que ocurría.
La columna de Carlos Loret de Mola, noviembre 23 de 2022, daba cuenta de lo acontecido con los sobrinos del almirante Ojeda y, si es el caso, que tiempo después se presentaría con el Fiscal Gertz para decirle que había “problemas”, nada documenta que la actividad criminal que operaban los sobrinos Farías Laguna tuviera freno o contención. Se les dejó seguir actuando y operando la red criminal asociada al huachicol fiscal. Más aún, las denuncias vinieron de los medios, Latinus y Código Magenta, poco después, del gobierno estadounidense. A partir de allí, actuaron las autoridades mexicanas.
La investigación está en proceso. La red del huachicol es monumental y, por la magnitud del negocio, debe incluir a miles de cómplices: los que exportaban, procesaban e importaban los combustibles; las autoridades aduanales y los agentes que facilitaban su ilegal importación; el transporte marítimo, terrestre y ferroviario; el almacenamiento de los combustibles y la logística de su distribución y, finalmente, la última milla, los negocios que compraban y vendían el combustible. Se estima que al menos 25% de lo que se consumía en el país tenía origen ilícito, que no sólo es el fraude fiscal, es la compra de gasolinas a precio muy inferior en el mercado norteamericano y vendido a elevado precio en el marcado nacional, un diferencial aproximado de 10 pesos por litro. Un negocio que operó en grandes volúmenes, por muchos años, incluso en este gobierno.
El presidente López Obrador no entendió que la corrupción llegaría a las fuerzas armadas. Quizá no le importó o pretendió fondear así al movimiento. Quien ganó el poder con la prédica de honestidad, corrompió todo, incluso a la Marina, la institución más prestigiada y confiable del Estado mexicano.