Conocí a Salvador Allende cuando yo era niño. Fue en Guadalajara, el 2 de diciembre de 1972, durante aquella visita oficial a México que dejó una huella profunda en la memoria política y universitaria de la ciudad. Mi padre era entonces presidente municipal de Guadalajara y yo, con esa curiosidad precoz que desde muy pequeño tuve por los asuntos públicos, conseguí colarme por ahí en el despacho y verlo de cerca. No pretendo reconstruir más de medio siglo después cada detalle de aquel encuentro ni darle una dimensión que no tuvo, pero sí recuerdo perfectamente el impacto que me produjo aquel hombre. Allende era entonces algo extraordinariamente novedoso para muchos latinoamericanos: un socialista que había llegado a la Presidencia por la vía electoral y que pretendía transformar profundamente la estructura económica y social chilena conservando el marco institucional. Ese mismo día pronunció en la Universidad de Guadalajara uno de los discursos más recordados de su trayectoria, frente a una comunidad universitaria que lo recibió multitudinariamente.
Yo era un niño, pero un niño al que le gustaba leer, preguntar y tratar de entender la política. Y algo de aquella experiencia me quedó muy grabado. En aquel momento veía en Allende una búsqueda que me parecía particularmente atractiva: la posibilidad de que el capital humano tuviera un lugar propio al lado del capital financiero; que la economía no estuviera pensada exclusivamente desde la propiedad, la rentabilidad o la acumulación, sino también desde el trabajo, la educación, la salud, las oportunidades y la dignidad de las personas. Así lo entendía aquel niño y así recuerdo todavía la impresión que me produjo. Eso no significa que, más de medio siglo después, deba convertir aquella impresión en una absolución histórica de su gobierno. Significa reconocer lo que Allende representó para una generación latinoamericana y también para un niño que tuvo la fortuna de verlo personalmente en Guadalajara.
La historia, precisamente, merece algo mejor que santos y demonios. El Chile de comienzos de los años setenta llegó a una polarización extrema, con una economía profundamente deteriorada, inflación, desabasto, huelgas, confrontación política y una creciente incapacidad de las distintas fuerzas para construir acuerdos. Allende había llegado a La Moneda dentro del orden constitucional chileno, pero su gobierno se desarrolló en un ambiente de enorme conflicto institucional y social. También hubo sectores de la Unidad Popular que pretendían acelerar transformaciones revolucionarias, una oposición cada vez más confrontada con el Ejecutivo y una intervención estadounidense contra Allende que está ampliamente documentada. Ninguna descripción seria de aquel período puede reducirse a la imagen de un gobierno perfecto destruido exclusivamente desde fuera, ni tampoco a la de un presidente que por sus errores hubiera dejado de pertenecer al orden constitucional. La historia real es bastante más compleja.
Pero hay un dato que permanece y que no admite relativización: el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al gobierno de Allende, bombardearon La Moneda y abrieron paso a la dictadura de Augusto Pinochet. Reconocer los errores del gobierno de la Unidad Popular no modifica lo que vino después: una dictadura que disolvió el Congreso, persiguió opositores y quedó asociada a ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, prisión política y exilio. Más de medio siglo después, incluso bajo el actual gobierno chileno, continúan abiertas investigaciones y solicitudes de indulto relacionadas con personas condenadas por violaciones de derechos humanos cometidas durante aquel régimen.
Y ahí conviene ser claro con Pinochet. No fue simplemente “el militar que puso orden” después de una crisis. Fue el jefe de una dictadura que utilizó el aparato del Estado para perseguir, encarcelar, torturar y eliminar adversarios. Chile puede discutir legítimamente los aciertos o errores económicos de su régimen, las reformas aplicadas o sus efectos posteriores, pero ninguna cifra macroeconómica borra una celda, una desaparición o una ejecución. El crecimiento no absuelve la represión. La estabilidad no convierte la tortura en método legítimo de gobierno. Y ningún balance histórico serio debería permitir que la discusión económica termine funcionando como coartada moral para el autoritarismo.
Eso importa especialmente ahora. Chile acaba de pasar el 53º aniversario del golpe sin acto oficial por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990. El gobierno de José Antonio Kast decidió no organizar una conmemoración estatal y ha defendido la idea de mirar hacia adelante, mientras otros sectores insisten en que la memoria del 11 de septiembre sigue siendo parte esencial de la experiencia democrática chilena. Esa discusión existe y merece respeto: cuánto recordar, cómo recordar y cómo evitar que la memoria sea convertida en arma partidista. Pero mirar hacia adelante no exige borrar lo que ocurrió atrás. Una democracia madura puede dejar de vivir atrapada en 1973 sin fingir que 1973 dejó de importar.
Quizá por eso aquel discurso de Allende en Guadalajara conserva interés todavía hoy. Habló directamente a los jóvenes sobre responsabilidad, estudio, compromiso social y rechazo al sectarismo. Hay algo especialmente llamativo en releerlo cincuenta y cuatro años después: Allende insistía en que ser agitador universitario y mal estudiante era sencillo, mientras que ser dirigente comprometido y buen estudiante exigía mucho más. También advertía contra el sectarismo. Aquellas palabras rompen incluso con algunas de las caricaturas posteriores construidas en torno a su figura. No era únicamente un dirigente de consignas revolucionarias; hablaba también de disciplina, responsabilidad intelectual y necesidad de combatir el dogmatismo.
Recuerdo aquel encuentro personal precisamente desde ahí. No puedo pretender que siendo niño comprendiera todo el proyecto económico chileno, las nacionalizaciones, las tensiones constitucionales o el complejo tablero de la Guerra Fría. Sería falso. Lo que sí recuerdo es haber percibido a un dirigente que hablaba de política como posibilidad de transformación social. Con el tiempo uno aprende que transformar es muchísimo más difícil que prometer, que la economía impone límites, que gobernar requiere acuerdos y que las convicciones no sustituyen la eficacia. También aprende que el capital financiero y el capital humano no tienen por qué ser enemigos. Una economía necesita inversión, propiedad, empresas y rentabilidad, pero ninguna sociedad se sostiene dignamente si trata a las personas simplemente como un insumo más de la producción.
Aquello que me impresionó de Allende siendo niño sigue siendo una pregunta válida cincuenta años después: ¿cómo construir economías capaces de generar riqueza sin convertir la riqueza en el único criterio para medir el desarrollo? La respuesta probablemente no sea la que intentó Chile en 1970 ni tampoco la fórmula simplista de enfrentar empresarios contra trabajadores. Mucho ha cambiado desde entonces. Sabemos más sobre mercados, productividad, competencia, inflación, instituciones y límites fiscales. Pero también sabemos que crecimiento sin movilidad social, educación, salud, oportunidades y trabajo digno genera tensiones que terminan expresándose políticamente.
Eso permite mirar a Allende con distancia sin borrar la emoción de haberlo conocido. Puedo recordar lo que representó para aquel niño y, al mismo tiempo, reconocer que su gobierno cometió errores y que Chile llegó a una crisis gravísima. Las dos cosas pueden coexistir. Precisamente porque la historia no debería obligarnos a escoger entre admiración acrítica y condena total.
Y entonces aparece otro nombre inevitable: Víctor Jara.
Jara no fue presidente ni gobernante. Fue músico, director teatral, compositor y una de las voces culturales más identificadas con la Unidad Popular. Después del golpe fue detenido, llevado al Estadio Chile, torturado y asesinado. Su muerte terminó convirtiéndose en uno de los símbolos internacionales de la represión posterior al 11 de septiembre de 1973. Más de medio siglo después, su música sigue apareciendo en lugares donde quienes lo asesinaron probablemente nunca imaginaron que llegaría.
Precisamente esta semana su nombre volvió a circular por una noticia que merece precisión. No se trata simplemente de “un premio a una película”. La producción nominada es la banda sonora de la serie de Amazon Prime La Casa de los Espíritus, adaptación de la novela de Isabel Allende. La Academia Latina de la Grabación la incluyó oficialmente entre las nominadas a Mejor Música para Medios Visuales, y en los créditos de la candidatura aparecen, entre otros compositores, Manuel García y el propio Víctor Jara. Dentro de esa banda sonora figura una nueva interpretación de “Deja la vida volar”, composición de Jara, en voz de García. Es decir, cincuenta y tres años después de su asesinato, el nombre de Víctor Jara aparece oficialmente asociado como compositor a una obra nominada al Latin Grammy.
Hay algo profundamente simbólico en ello, sin necesidad de exagerarlo. Los regímenes pueden asesinar artistas, prohibir canciones, quemar libros y perseguir ideas, pero controlar durante décadas lo que una sociedad decidirá recordar resulta mucho más difícil. Víctor Jara murió en 1973; su música no. Salvador Allende murió en La Moneda ese mismo septiembre; su figura sigue provocando debate medio siglo después. Pinochet gobernó durante diecisiete años; también su régimen continúa siendo objeto de procesos judiciales, investigaciones históricas y disputas de memoria.
Y quizá ésa sea precisamente la lección. No se trata de convertir a Allende en santo porque murió durante un golpe ni a Víctor Jara en artista incuestionable simplemente porque fue asesinado. Sus obras, ideas y posiciones pueden estudiarse y discutirse. Se trata de entender que la memoria no desaparece por decreto y que la historia termina siendo bastante más persistente que el poder.
Chile sigue discutiendo el 11 de septiembre porque aquel día modificó su historia. Para unos, Allende sigue representando un proyecto de justicia social frustrado; para otros, un gobierno cuya gestión condujo al país hacia una crisis económica y política severa. Esas interpretaciones existen y seguirán existiendo. Lo importante es que una sociedad democrática pueda confrontarlas con documentos, testimonios, datos y libertad, sin necesitar nuevamente que una versión oficial determine lo que todos deben pensar.
Eso enlaza además con algo que en México también necesitamos recuperar: la educación cívica y la enseñanza histórica con matices. La historia latinoamericana no puede reducirse a estampitas de héroes ni a expedientes de villanos. Allende fue más complejo que el mártir perfecto que algunos construyeron y también más que la caricatura del dirigente responsable de todos los males de Chile que otros presentan. Pero Pinochet sí debe ser juzgado desde un dato elemental que ninguna teoría económica puede diluir: encabezó una dictadura responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Ese hecho pertenece al terreno de la historia documentada, no de las simpatías partidistas.
Yo tuve la fortuna de ver personalmente a Salvador Allende en Guadalajara. Aquello me impresionó muchísimo y no tengo por qué esconderlo cincuenta y cuatro años después. Sería igualmente incorrecto permitir que una emoción infantil sustituyera el análisis histórico. Justamente la madurez consiste en poder conservar el recuerdo y someterlo también a la razón. Recuerdo al hombre que vi, recuerdo lo que simbolizaba y después estudié lo que ocurrió. Las tres cosas forman parte de mi manera de entenderlo.
Quizá por eso me sigue pareciendo tan poderosa aquella aspiración que entonces alcanzaba a intuir: colocar al ser humano junto al capital financiero y no debajo de él. No sé si Allende encontró la fórmula correcta; la historia muestra claramente que su experiencia terminó envuelta en una crisis extraordinaria. Pero la pregunta sigue vigente y probablemente seguirá estándolo mientras existan sociedades donde convivan una enorme creación de riqueza con desigualdades igualmente enormes.
También por eso Víctor Jara vuelve a ser pertinente. No porque una nominación musical medio siglo después cambie la historia de Chile, sino porque demuestra hasta qué punto la cultura puede sobrevivir a quienes intentan silenciarla. Una canción suya, reinterpretada para una serie basada en una novela de Isabel Allende, aparece hoy dentro de una banda sonora reconocida internacionalmente. Hay una ironía histórica difícil de ignorar: quienes quisieron borrar una voz consiguieron matar al hombre, pero no pudieron impedir que la canción siguiera viajando.
Hace cincuenta y cuatro años, siendo niño, conocí en Guadalajara a un presidente chileno que pocos meses después moriría dentro de La Moneda. Más de medio siglo después, Chile continúa discutiendo qué significó su gobierno, qué responsabilidades existieron en la crisis y cómo debe recordar el golpe que terminó con su presidencia. No hay nada malo en que ese debate continúe. Lo preocupante sería sustituirlo por olvido o por versiones demasiado cómodas.
Allende no necesita ser convertido en un santo para comprender la dimensión histórica de lo ocurrido en Chile. Tampoco sus errores necesitan ser borrados para reconocer que llegó al poder dentro de la institucionalidad democrática y que su gobierno terminó mediante un golpe militar. Víctor Jara tampoco necesita ser reducido a víctima para seguir siendo escuchado como artista. Y Pinochet no necesita ser convertido en caricatura para ser condenado históricamente: basta con recordar que gobernó mediante una dictadura que persiguió, torturó, hizo desaparecer y asesinó opositores.
Quizá ésa sea una forma más adulta de relacionarnos con la historia: recordar sin idealizar, criticar sin borrar, reconocer errores sin justificar abusos y entender que ninguna sociedad aprende de su pasado si primero lo convierte en propaganda.
Aquel niño que vio a Salvador Allende en Guadalajara quedó impresionado. El adulto que hoy lo recuerda sabe muchas más cosas. Y precisamente por eso sigue creyendo que conocer la historia completa es mucho más útil que escoger solamente la parte que confirma lo que ya pensábamos.
Allende puede discutirse. Pinochet también debe estudiarse. Pero hay una diferencia esencial: los errores de un gobierno democrático pueden corregirse con política, instituciones y elecciones; la tortura, la desaparición y el asesinato de opositores no son una política pública discutible, sino una ruptura moral y democrática.
Y ésa es una lección que Chile, México y toda América Latina harían bien en no olvidar.
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