El día de ayer un artículo publicado en Los Angeles Times abordó el estado de los avances de la administración Trump en relación con la persecución de políticos mexicanos presuntamente ligados a los carteles de la droga. Como se sabe, el año pasado algunas bandas del crimen organizado mexicanas fueron catalogadas como terroristas, lo que abrió el margen de maniobra para el combate emprendido por el gobierno federal estadounidense.
De acuerdo al editorial de Steve Fisher, el gobierno estadounidense estaría preparado para denunciar en cortes federales a personajes mexicanos, a los que en el pasado se les había retirado las visas; entre ellos, el señaladísimo Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, gobernadores de Sinaloa y Baja California, respectivamente.
En medio de estos serios señalamientos, que bien pronto podrían convertirse en acusaciones formales que conducirían a operativos como los que culminaron con la muerte del Mencho y la captura de Maduro, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha optado por mirar hacia otro lado. ¿Por qué esperar a que sea Washington quien intervenga para llevar a la justicia a criminales? ¿Es solo el respaldo político que tienen estos sujetos lo que ha inmovilizado a la jefa del Estado mexicano?
El senador Gerardo Fernández Noroña, más conocido por sus privilegios, su petulancia y sus aires de superioridad moral que por sus contribuciones a la nación mexicana, viajó a Sinaloa el fin de semana como parte de sus “giras informativas”, que no son algo más que burdas operaciones de propaganda rumbo a las elecciones del año que viene.
Ahora bien, Noroña, en su paso por la entidad, se hizo una fotografía con Rocha y no omitió decir que había comido con él. ¿Fue torpeza de Noroña pues desconocía lo que se revelaría en el diario estadounidense o se trató de un apoyo explícito de una parte de la élite morenista hacia un gobernador que probablemente tiene los días contados como mandatario? ¿O quizás existe una operación dirigida a defender por todos los medios a un sujeto pues su caída implicaría la revelación de secretos de lazos que vinculan a miembros de la clase política con la delincuencia organizada?
En adición, se desconocen otros nombres de políticos mexicanos que no pueden viajar a Estados Unidos. ¿Será coincidencia que Mario Delgado, Adán Augusto López y el propio Noroña prefieren viajar a Europa antes que pasar por un aeropuerto estadounidense?
La pregunta que México se hace es: ¿cuándo la presidenta Claudia Sheinbaum decidirá dar la espalda a esa pandilla de criminales cuyos lazos delictivos se vuelven más evidentes? ¿No sería acaso la mejor estrategia del gobierno federal con miras a la negociación del T-MEC? ¿Por qué arriesgar la relación con Estados Unidos para proteger delincuentes? Ellos tendrán su respuesta.