Uno de los grandes rasgos de la política mexicana es la existencia de actos anticipados de campaña. Se trata cuando un político, fuera del periodo electoral marcado por las autoridades, inicia giras, organiza mítines o promueve de alguna manera su imagen.
En México, a pesar de que está prohibido, muchos políticos se anticipan e inician viajes, se reúnen con vecinos y se dan a conocer. Como he señalado, es ilegal. Sin embargo, la contravención de la ley electoral es una realidad diaria, y lamentablemente, lo hacen todos los partidos políticos de cualquier color. Sin embargo, Morena parece llevar ahora el liderazgo.
Uno de los grandes cuestionamientos que surgen a raiz del inicio de las campañas anticipadas es la fuente de financiamiento. Considerando que en México los recursos dirigidos a la promoción son otorgados por el INE, de acuerdo a los montos contenidos en el Presupuesto de Egresos, cualquier otra fuente de financiamiento está fuera de ley; trátese de un actor privado, un sindicato, y desde luego, una organización criminal.
Las preguntas que muchos se hacen son: ¿quíen financia las campañas de sujetos como Andrés López Beltrán, Andrea Chávez o Arturo Ávila? ¿Quién financió los actos anticipados de Adán Augusto López y otras corcholatas morenistas en la última elección presidencial? ¿Como estos actos pueden dejar de levantar sospechas en torno a probables intereses ocultos detrás de que un personaje alcance el poder en una alcaldía o en un gubernatura?
La responsabilidad para la determinación, y en su caso, sanción, de los actos anticipados corresponde al INE. Sin embargo, se recordará que, de acuerdo a especialista en materia electoral, la autoridad no contaba en 2024 con todas sus cabezas. Es decir, se habían dejado acéfalos los puestos responsables de la supervisión de los orígenes de los recursos. Al final, el INE y el Tribunal callaron, y Morena se alzó con una victoria apabullante.
Con miras a las elecciones del año que viene, los políticos han iniciado su carrera; desde las “unidades médicas” de Andrea Chávez en Chihuahua, hasta la patética campaña de Arturo Ávila en la delegación Cuauhtémoc o los recorridos del hijo de AMLO en algunos municipios de Tabasco.
La política chihuahuense, en un desliz propio de su torpeza e inexperiencia política, confesó hace un año en el espacio de Azucena Uresti que sus giras eran patrocinadas por “empresas”. Es decir, reconoció abiertamente la ilegalidad de su promoción.
¿Saldrán estos políticos a dar una explicación convincente sobre el origen de los recursos de sus precampañas? ¿Quién les apoya? ¿Intereses empresariales, sindicatos, o el crimen organizado? Son preguntas que merecen tener una respuesta.