El comercio exterior es, sin duda, la apuesta más importante dentro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el tema no puede analizarse sin reconocer que, en alineación con la política comercial estadounidense, México ha cedido parte de su margen geopolítico al aceptar la imposición de aranceles a Asia, incluso a países con los que mantiene tratados comerciales y, particularmente, China.
Cuando el presidente Donald Trump afirma que no necesita ni a Canadá ni a México, desconoce un tratado que durante los últimos 30 años ha sido generador de millones de empleos y detonador de las economías de los tres países.
La interrelación en industrias clave como la aeroespacial, automotriz y de alta tecnología electrónica es fundamental, más aún cuando la apuesta regional ha sido cerrar el paso a las importaciones asiáticas que durante años mantuvieron precios bajos y fueron la principal fuente de insumos para el consumo de América del Norte.
Pero, ¿qué vendría con estos cambios?
Un control mucho más estricto en el que el agente aduanal adquiera un papel central como intermediario entre importadores, exportadores y el gobierno, especialmente en la recaudación de impuestos.
La figura se vuelve corresponsable de todo lo que ocurra con la operación, incluso en aspectos sobre los que no tiene control directo, como el manejo o contenido real de la mercancía; es decir una cosa es que las exportaciones se digan “mexicanas” y otra muy distinta es que realmente lo sean.
Lo que pesa es el capital y el financiamiento de lo que se produce, porque al final es quien se lleva las ganancias. En cualquier producto, la mano de obra representa entre el 5% y el 15% del costo total, lo demás, marcas, patentes, diseño, empaques, logística, derechos, abogados, contadores, es donde se concentra el valor, y ese dinero generalmente se queda en Estados Unidos, aunque la manufactura ocurra en México.
En ese contexto, la situación, aunque claramente injusta desde el punto de vista operativo y legal, genera mayor certeza de que las mercancías se importen de manera completa y correcta, con factores positivos como mayor control, una recaudación más eficiente y un cumplimiento más riguroso de normas y restricciones no arancelarias, sanitarias y de competencia desleal.
El lado negativo, un incremento generalizado de precios: los aranceles terminarían impactando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Los costos aduaneros aumentarían como consecuencia de revisiones más exhaustivas. Una mayor carga de responsabilidad impuesta a los agentes aduanales, terminaría por elevar de manera significativa los costos de operación.
Otros ajustes que se vuelven estratégicos en el proceso de revisión —más que de renegociación— del T-MEC son los temas como la reforma al poder judicial, la necesidad de organismos autónomos que el gobierno ha debilitado o eliminado, y otros contrapesos institucionales que tendrían que ser reconsiderados y eventualmente revertidos en el marco de una negociación comercial con Estados Unidos.
¿Y si no hay T-MEC?
Aunque claramente no es lo que más le conviene a México, es una circunstancia ante la cual la oligarquía mexicana podría verse cómoda. El T-MEC incorpora compromisos en materia ambiental, laboral, de competencia y de fortalecimiento institucional que, de cancelarse, ya no existiría obligación alguna de mantener.
México podría vivir sin el T-MEC; Estados Unidos, no necesariamente: aún le falta mucho para que sus robots puedan manufacturarlo todo, o para que la explotación de recursos naturales, la producción del campo o de la industria farmacéutica pueda hacerse completamente en su territorio.
Si como buen populista, Donald Trump pretende salirse del tratado rompiendo las cláusulas de salida, veremos una depreciación aún mayor de su economía y una afectación directa a sus propias empresas; ya sin el tratado, México se convertiría en un competidor potencialmente desleal, algo que Washington difícilmente permitiría.
Lo mejor para el país continúa siendo trabajar por la permanencia del T-MEC o, en su defecto, por un tratado bilateral.
México tiene que ser cauto, pero tampoco tener miedo. No seguir en la inacción, en la respuesta coyuntural, en la banalidad del discurso populista y otorgando más concesiones a Estados Unidos, cuando lo único que se requiere para evitar una intervención directa es actuar con responsabilidad, acatar las reglas pactadas y dar marcha atrás a reformas que vulneran la certidumbre jurídica.
Paradójicamente, un escenario que no conviene a la élite económica nacional que se beneficiaría de un entorno menos regulado, aunque dejara a México en una posición de mayor vulnerabilidad.
¿Salir del T-MEC, acabaría con el chantaje?
El actual contexto vuelve indispensable la búsqueda de nuevos esquemas de importación. Una alternativa es recurrir a comercializadoras especializadas confiables que adquieran los productos, los importen a su nombre y posteriormente los comercialicen en México, así como mantener una comunicación cercana con las autoridades para resolver dudas antes de realizar cualquier operación de importación.
El riesgo latente es que, como ocurre en el empleo —donde mayores restricciones al trabajo formal impulsan la informalidad—, un exceso de controles y costos provoque que las importaciones legales se desplacen hacia el contrabando.
México bien podría optar por abandonar el T-MEC para liberarse del chantaje político de Trump, pero ese camino tendría costos elevados y consecuencias de largo plazo y solo beneficiaría a los grupos oligárquicos de ambas naciones.
X: @diaz_manuel