La presidenta Claudia Sheinbaum sale cada mañana a sus conferencias como si nada pasara. Con un semblante inexpresivo, y pretendiendo no mostrar ni la menor inquietud, se da a la tarea de hacer frente a una serie de preguntas incómodas para las cuales seguramente tiene una respuesta de antemano. Le preguntan sobre el caso Rocha Moya, sobre Durazo, Villareal, AMLO, López Beltrán o cualquier otro asunto que merece la atención pública.
Ayer, en medio del contexto del artículo del LA Times que señala que el Departamento de Estados Unidos revocó las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, la presidenta, con su calma de siempre, y sin ni siquiera modular el tono de su voz, respondió que “hay que estar tranquilos”.
Desde la posición de los miembros de la cúpula morenista, conviene preguntarse: ¿se puede estar tranquilo cuando se sabe que dos excolaboradores de Rubén Rocha Moya están “cantando” en Nueva York, lo que podría conducir a una nueva cadena de acusaciones formales por parte del gobierno de EEUU? al tiempo que el mismo reportero que sacó en primer lugar el asunto de Rocha ha confirmado que Durazo y Villarreal estarían colaborando con la justicia estadounidense.
¿O cuando el expresidente AMLO tiene que salir de su retiro para apoyar a una presidenta que se ve “entre la espada y la pared”? ¿O cuando funcionarios federales han asegurado que Rocha es solo el comienzo de una embestida contra gobernadores ligados con el crimen organizado? ¿O mismo si el líder supremo del movimiento podría verse involucrado en los dichos de los colaboradores en Nueva York?
¿Estarán tranquilos los políticos morenistas que se beneficiaron del dinero de Sinaloa para su campaña de 2024, lo que podría incluir desde alcaldes hasta las más altas esferas del gobierno? ¿O cuando existe la posibilidad de que Trump utilice su mano dura política para obligar a México a entregar a los delincuentes a cambio de un trato digno en la negociación con el T-MEC?
No, difícilmente se podría estar tranquilo. Por lo contrario, ha quedado en evidencia que el régimen de la autoproclamada 4T pasa por su mayor crisis desde que inició como un movimiento de protesta contra la “mafia del poder”. Ellos, ahora convertidos en lo que siempre juraron combatir, deberán enfrentar las consecuencias de ese apetito voraz de apoderarse de un país que jamás les ha pertenecido por completo.
Tendrán que pagar, al final, los costos de haber desmantelado al Poder Judicial, de haberle entregado al narco pedazos del territorio nacional a cambio de movilización electoral, de haber acabado con la división de poderes, de haber destruido a los organismos autónomos, de haber metido a México en una coyuntura de sumisión ante los carteles de la droga, de complicidad criminal, de ineficacia administrativa y de negligencia económica.