El gobierno se lava las manos como Poncio Pilato al dejar que otra autoridad gubernamental resuelva un problema que era de su competencia. Sucede frecuentemente cuando la incapacidad sobrepasa la justicia.
Un claro ejemplo, Genaro García Luna, quien fuese secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Fue juzgado en Estados Unidos y no en México por los delitos cometidos.
Desde una perspectiva de administración pública y derechos humanos, esto puede ser una omisión gubernamental, especialmente si la falta de actuación afecta los derechos de la población. Violan derechos humanos.
Buscan desentenderse de una responsabilidad o evitan asumir las consecuencias de una decisión. Es por ello, que en múltiples ocasiones la ciudadanía señala severamente a las y los burócratas, quienes debemos de dar resultados dentro de la administración pública municipal, estatal o federal.
Cuando un gobierno deja en manos de otro una obligación que le corresponde cumplir, puede decirse que su incompetencia o negligencia ante ciertas violaciones a los derechos humanos, genera violencia de género e injusticia social, y se perpetúa entre las administraciones públicas hacia sus gobernados.
Los diversos tratados internacionales existentes que enumeran la no violencia hacia las personas, parece que no son suficientes para que las y los políticos apliquen la gobernanza y el buen gobierno dentro de las instituciones públicas, reflejando la justicia en la sociedad.
Una sociedad que requiere de políticos y funcionarios públicos comprometidos en su deber, que desde los 32 gobiernos estatales de México no se obstruya la justicia administrativa, laboral o penal, porque las y los servidores públicos se convierten en cómplices de agresores o delincuentes.
Sigue existiendo un compadrazgo, favoritismo y nepotismo. Las “autoridades” no investigan o sancionan conductas ilícitas, puede hablarse de impunidad creciente.
No basta con los discursos que emiten, si son incongruentes, cuando el tráfico de influencias los ata de manos, utilizan relaciones personales para obtener beneficios o evitar consecuencias legales.
La responsabilidad de las y los gobernantes en sus entidades federativas es lo mínimo que podrían hacer ante la violencia creciente: crimen organizado, desaparecidos, trata de personas, narcotráfico, corrupción. Aunque sabemos que están rebasados por las y los delincuentes.
La impunidad derivada del favoritismo puede incentivar la comisión de delitos al disminuir la percepción de que habrá consecuencias legales. Esto demuestra la carente política criminal. ¡Que la incongruencia no nos alcance!
Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política y mtrda. Criminología.