La república no reconoce castas, ni privilegios, ni sucesiones familiares en el mando.
Principio de la Revolución francesa
En esta serie sobre las dinastías de la Cuarta Transformación he documentado cómo Andrés Manuel López Obrador fue construyendo un sistema de poder de corte monárquico, donde un reducido grupo de familias concentra los principales espacios del Estado. Una de las más relevantes es, sin duda, la familia Taddei.
Si los Monreal representan el control territorial, los Alcalde Luján el diseño jurídico del régimen y los Batres la operación política, los Taddei ocupan una posición todavía más delicada: el control del árbitro electoral.
López Obrador impulsó el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral, asestando un duro golpe a una institución cuya mayor fortaleza radica precisamente en la confianza ciudadana sobre su autonomía e independencia.
Sin embargo, desde su llegada al INE, resultó imposible ignorar la estrecha relación política de la familia Taddei con Morena y con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
La familia del árbitro
El primo de Guadalupe, Jorge Luis Taddei Bringas, fue delegado de los Programas para el Bienestar en Sonora y uno de los principales operadores políticos del obradorismo en la entidad.
Su hijo, Pablo Daniel Taddei Arriola, fue designado por López Obrador como director general de Litio para México, empresa estratégica creada por el Estado para administrar uno de los recursos considerados prioritarios para el país.
Su sobrina, Ivana Celeste Taddei Arriola, es diputada local por Morena, mientras que otro integrante de la familia, Jorge Carlos Taddei Arriola, ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública federal.
Se suma Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, incorporado por Alfonso Durazo como consejero jurídico del gobierno de Sonora.
Bajo sospecha
Si bien ninguna ley impide que varios integrantes de una misma familia ocupen cargos públicos, el problema no es jurídico. Es político. Y tratándose de un movimiento que hizo de la lucha contra los privilegios familiares una de sus principales banderas, también es un problema moral.
El INE no es una dependencia cualquiera. Siendo la institución encargada de organizar las elecciones y garantizar condiciones de equidad entre quienes compiten por el poder, su principal patrimonio es la credibilidad.
Sin embargo, ahora el INE hace oídos sordos frente al despliegue de campañas anticipadas de Morena en distintas entidades del país.
Ahí está Andrés López Beltrán en campaña en Tabasco o la senadora Andrea Chávez en Chihuahua. Actividades que con cinismo Citlalli Hernández justifica como de organización interna del partido, pero que involucran acciones de proselitismo y promoción. Lo mismo las asambleas denominadas “en defensa de la soberanía”.
Por otro lado, la censura y criterios unipersonales otorgados al gobierno de la República, también actúan y se vuelven un frente contra la oposición. La Comisión de Quejas del propio INE ordenó retirar publicaciones del PRI y de Alejandro Moreno donde utilizaban expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” o “Cártel de Morena”, decisiones que despiertan críticas fundamentadas por el supuesto trato desigual y sobre el criterio que se aplique en otros posibles escenarios.
La preocupación toma relevancia si se considera la reforma electoral impulsada por Morena, que amplía las facultades de las autoridades para intervenir en los procesos electorales, por ejemplo, en casos de una eventual “injerencia extranjera”, concepto cuya interpretación puede resultar profundamente discrecional.
Profunda desconfianza
Durante años, López Obrador descalificó al antiguo INE acusándolo de servir al régimen, de carecer de independencia y de actuar bajo intereses políticos.
Paradójicamente, nunca como ahora, el árbitro electoral había estado encabezado por una persona cuya familia mantiene una presencia clara, evidente y comprobada dentro del proyecto político de Morena y la 4T.
En Sonora, el eje López Obrador-Durazo-Taddei ha construido una estructura de influencia que abarca el órgano electoral, el gobierno estatal, empresas estratégicas del Estado, programas sociales y posiciones dentro del partido.
No se trata únicamente de Guadalupe Taddei, sino de la consolidación de un clan político alrededor de la institución encargada de garantizar la limpieza de las elecciones.
Ahora mismo, el árbitro de las elecciones comparte apellido con quienes administran programas sociales, dirigen empresas públicas, ocupan cargos en gobiernos estatales y militan en el partido gobernante.
La imparcialidad del órgano electoral, de su presidenta y sus consejeros queda legítimamente en entredicho.
El INE no solo está obligado a actuar con independencia, debe parecer que lo hace.
X: @diaz_manuel