México tiene que perderle el miedo a una palabra incómoda: terrorismo. No para copiar automáticamente la agenda de Estados Unidos ni para justificar intervenciones extranjeras (como dice la presidenta), sino para reconocer que ciertos actos del crimen organizado ya no buscan solo matar, cobrar o controlar una plaza; buscan sin duda producir miedo social, paralizar comunidades, presionar autoridades y demostrar su poder frente al Estado.
Zacatecas lo mostró con brutal claridad. El ataque con coche bomba contra la comandancia municipal de Ojocaliente dejó 11 personas lesionadas, daños a decenas de inmuebles y la suspensión de actividades públicas. Las autoridades atribuyeron el hecho al CJNG y lo vincularon con una represalia por detenciones recientes. Además, notas nacionales reportan que Zacatecas suma diez eventos con explosivos en 2026, siete contra las fuerzas de seguridad. El gabinete de Seguridad federal informó que colabora con autoridades locales para esclarecer los hechos y reforzar la zona, mientras la incertidumbre y el miedo prevalece en esa comunidad.
Hermosillo, mi ciudad, mostró otra cara del mismo problema: hombres armados irrumpieron en el CUM, dispararon e incendiaron el ring de un evento de box entre influencers, que sería el sábado pasado. La Fiscalía de Sonora informó que la principal hipótesis es una disputa entre grupos de narcomenudeo, descartó por ahora el cobro de piso, tomó declaración a 24 personas y señaló que el evento tenía permisos de Protección Civil, pero no un Plan de Seguridad Física revisado por la Mesa de Seguridad. No hubo lesionados, pero el mensaje fue claro: el crimen puede entrar a un espacio público y afectar un espectáculo, convirtiendo la violencia en comunicado, gracias a Dios, cabe decirlo, no había personas en el momento de los hechos.
Jurídicamente, no todo acto violento es terrorismo, sin duda, pero tampoco todo debe quedarse en “daños”, “narcomenudeo” o “delincuencia organizada”. El artículo 139 del Código Penal Federal sanciona a quien, usando explosivos, armas de fuego, incendio u otros medios violentos, realice actos contra bienes o personas que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar a la autoridad o a un particular, u obligarlo a tomar una determinación. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incluye el terrorismo entre los delitos que pueden integrar delincuencia organizada, lo decía un fiscal americano hace años en una capacitación, “México tiene miedo a investigar y procesar a los narcos por terrorismo, pero terrorismo es lo que están haciendo en muchas comunidades (haciendo alusión al caso del festejo del grito en Michoacán donde existieron explosiones con lamentables perdidas) por eso deben procesarlos como terroristas y con todas las herramientas especiales para esos casos”.
La investigación en México debe cambiar. No basta detener al ejecutor que encendió el fuego o estacionó el “coche bomba”. Hay que investigar la cadena de mando, el financiamiento, los explosivos, las armas, las comunicaciones, los narcomensajes, la inteligencia previa, la protección local, las omisiones de permisos, los vínculos municipales y la finalidad de ese acto. Si el objetivo fue presionar autoridad, intimidar población o imponer control territorial, la carpeta debe abrir línea si o si, por terrorismo, digo, también por delincuencia organizada, acopio de armas, explosivos, daños, lesiones, homicidio en grado de tentativa cuando proceda, entre otros, pero la línea principal terrorismo.
Estados Unidos ya lo está haciendo con su lógica y sus modos, ya lo hemos visto, incluso que impacta en nuestro país, el Departamento de Justicia ha procesado casos por “material support” a organizaciones designadas como terroristas, incluyendo culpabilidades relacionadas con CJNG, Sinaloa y Cárteles Unidos. El Salvador calificó a MS-13 y Barrio 18 como grupos terroristas desde su jurisprudencia constitucional, aunque su modelo también deja lecciones sobre los riesgos de sacrificar debido proceso, pero es claro, que ha sido efectivo. Colombia, con la JEP, ha tratado atentados como El Nogal, casas bomba y violencia urbana de las FARC como crímenes no amnistiables, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
México no debe copiar sin pensar, la presidenta Sheinbaum ha dicho que con Estados Unidos debe haber “colaboración y cooperación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”. Correcto. Pero esa soberanía exige que México investigue con la misma seriedad y severidad con la que exige respeto. Si no llamamos por su nombre a la violencia que busca aterrorizar, otro país lo hará por nosotros, otra vez dejando este tipo de actos, en manos de la justicia extranjera.
Cierro, con mis dos conclusiones; la primera es que debe criticarse que México siga minimizando actos de terror criminal bajo tipos penales comunes cuando los hechos muestran intimidación pública, explosivos, incendios y presión contra autoridades o particulares, no es delincuencia común, son terroristas.
La segunda conclusión es más que concluir es proponer, que en virtud de estos hechos, debe existir una nueva visión penal mexicana: aplicar si o si, lo que señala el artículo 139 cuando proceda, así como crear unidades especializadas en terrorismo criminal, inteligencia financiera y explosivos, y juzgar a los cárteles no solo por drogas, sino por la estrategia de miedo con la que intentan sustituir al Estado, reconozcamos sin miedo, que estos sujetos son terroristas, no delincuentes comunes.
Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez. Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.