Como ha sido informado, María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha sido encausada formalmente por la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. Ha trascendido que deberá presentarse ante un juez el día de hoy con el propósito de dar cauce a su defensa.

Se acusa a Casar de haber traficado influencias con el objetivo de manipular el dictamen que sirvió como instrumento para que fuese merecedora de una pensión vitalicia tras la muerte de su esposo mientras trabajaba como funcionario en Pemex. Las especificidades del caso no merecen mayor detenimiento.

Si bien no conozco personalmente a María Amparo, he leído algunos de sus libros y he conocido personas que han trabajado estrechamente con ella. La consideran una buena mujer: amable, trabajadora y honesta. Le llaman cariñosamente MAC, en referencia a sus iniciales, y como signo de un aprecio generalizado.

El caso Casar es un claro ejemplo de venganza política. Debe recordarse que MCCI fue la organización que sacó a la luz pública el caso conocido como la Estafa Maestra, entre otros, mismo que consistió en una serie de desvíos de recursos públicos operados por funcionarios de SEDESOL en tiempos de Enrique Peña Nieto. Gracias al trabajo de Casar y a la existencia de instituciones autónomas como el extinto INAI, la opinión pública mexicana tuvo conocimiento sobre esta red de corrupción.

AMLO, con esa agudeza política que le caracteriza, utilizó el caso para destruir la credibilidad de Peña y del PRI. Lo hizo con éxito. Ricardo Anaya, candidato opositor en el año 2018, repudió igualmente la corrupción del presidente y aseguró que le enviaría a la cárcel. Peña fue exhibido, vilipendiado y juzgado por los electores.

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Más tarde MCCI, ahora con el gobierno de AMLO, ventiló las supuestas propiedades de los hijos de AMLO, así como los contratos por adquisición directa entregados a individuos cercanos a los propios vástagos del expresidente. La investigación sentó mal en Morena, por obvias razones, y Casar se convirtió en uno de los principales enemigos del régimen. MCCI ha igualmente revelado las propiedades sospechosas de personajes como el carismático –nótese la ironía– de Arturo Ávila, vocero de Morena.

El obradorismo y sus corifeos señalan a Casar por haber sido socia en el pasado de Claudio X. González, quizás el empresario mexicano más vilipendiado por el régimen, ahora solo superado por Ricardo Salinas. Sin embargo, la vida pública de Casar se distancia de González, y debe ser, en mi opinión, juzgada con independencia.

Luego, tras la publicación del libro Los puntos sobre la íes, de autoría de María Amparo, mismo que critica duramente la gestión de AMLO en todos los aspectos evaluables, el macuspano invitó al director de Pemex a su mañanera para que hablase sobre el expediente de su difunto marido, y ofreciera detalles sobre la elevada pensión que MAC ha recibido desde su deceso. AMLO lo hizo pues, como clara revancha ante la brutal crítica contenida en el texto de Casar.

La embestida contra Casar no es otra cosa que una venganza política. ¿Cree el lector que estas acciones penales tendrían lugar si María Amparo no fuese directora de MCCI? ¿Les importaría el caso de una viuda que recibe una pensión? La respuesta es obvia. Me sumo a la solidaridad expresada por muchos, entre los que destacan prominentes analistas de la vida pública de México.