México está a punto de decidir cómo gastar más de diez billones y medio de pesos durante 2027. Una cantidad verdaderamente gigantesca, difícil de imaginar para cualquier ciudadano que todos los días hace cuentas para pagar la despensa, cubrir la renta, comprar medicinas, sostener la educación de sus hijos o encontrar dinero suficiente para llegar al final de la quincena. Mientras en la Cámara de Diputados se discuten cifras de millones y billones, en los hogares mexicanos las preocupaciones tienen nombres mucho más sencillos: alimentación, salud, seguridad, empleo, transporte, vivienda y oportunidades. Por eso la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación no debería convertirse solamente en una disputa entre partidos por determinar quién consigue más recursos o quién aparece como defensor de determinados programas. La verdadera pregunta es mucho más importante: ¿los 10 billones 636 mil millones de pesos que pretende gastar el gobierno federal durante el próximo año se traducirán efectivamente en mejores condiciones de vida para los mexicanos, o terminaremos celebrando otra cifra histórica sin que sus beneficios lleguen con suficiente claridad a las familias?
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto correspondiente a 2027, con 33 votos a favor y 12 en contra. Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano respaldaron el dictamen, mientras PAN y PRI votaron en contra. El documento contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, alrededor de 442 mil 804 millones más que el presupuesto aprobado para 2026, equivalente a un incremento real de 1.3%. Sin embargo, todavía falta que concluya el análisis legislativo y que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe el presupuesto definitivo, proceso previsto para comenzar el lunes 9 de noviembre.
Conviene recordar que la aprobación presupuestal no es un simple trámite contable. Representa una de las decisiones políticas y administrativas más importantes del año, porque determina las prioridades que tendrán recursos y aquellas que deberán enfrentar restricciones. Cada peso asignado a determinada actividad supone una decisión sobre lo que se considera urgente, necesario o estratégicamente conveniente. Y aunque existen gastos jurídicamente comprometidos que no pueden modificarse libremente, el presupuesto continúa siendo una expresión de las prioridades de quienes gobiernan y legislan.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que su propuesta busca combinar bienestar social, inversión pública, disciplina fiscal y crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda plantea incrementos para educación, ciencia, salud y seguridad, además de garantizar los programas sociales prioritarios. Sus defensores destacan que las transferencias directas representan un mecanismo de apoyo a los sectores más vulnerables y una forma de fortalecer el ingreso de millones de familias. Sus críticos cuestionan las necesidades de financiamiento, determinadas prioridades del gasto y las condiciones reales de los servicios públicos. Ambas posiciones deben examinarse mediante cifras, resultados y consecuencias concretas, no solamente a partir de consignas partidistas.
El proyecto reserva más de un billón 25 mil millones de pesos para programas sociales, una cantidad que refleja la importancia adquirida por las transferencias públicas dentro de la política económica mexicana. Sería equivocado desconocer que las pensiones, becas y apoyos pueden representar una diferencia considerable para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y hogares de bajos ingresos. Para quienes viven con recursos limitados, recibir dinero adicional puede significar alimentación, medicamentos, transporte y mayor capacidad para enfrentar necesidades inmediatas.
Pero reconocer esos beneficios no significa renunciar a una pregunta fundamental: ¿cómo lograr que el apoyo económico se convierta también en una oportunidad de desarrollo duradero? Una pensión puede aliviar necesidades, una beca puede contribuir a que un estudiante permanezca en la escuela y una transferencia puede mejorar temporalmente el presupuesto familiar. Sin embargo, ningún programa de apoyo sustituye por sí mismo a un sistema de salud que funcione, una educación de calidad, empleos productivos, seguridad pública y posibilidades reales de movilidad social.
El objetivo no debería ser enfrentar los programas sociales contra la inversión productiva, como si fueran alternativas necesariamente incompatibles. México necesita ambas cosas: protección para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y capacidades económicas que permitan generar mejores ingresos. La asistencia pública puede ser indispensable, pero debe acompañarse de oportunidades de capacitación, educación, empleo, emprendimiento y desarrollo regional. Una política social verdaderamente eficaz no solamente atiende necesidades inmediatas; también contribuye a ampliar las posibilidades de que las personas mejoren su situación.
La propuesta presupuestal contempla un gasto de inversión cercano a un billón 134 mil millones de pesos. Es una asignación considerable cuya utilidad deberá medirse mediante las obras, servicios y capacidades productivas que efectivamente se desarrollen. Las cifras destinadas a infraestructura no adquieren valor únicamente por aparecer en un documento oficial. Importa saber qué proyectos se ejecutarán, cuáles serán sus costos finales, qué beneficios producirán, cuántas personas atenderán y si realmente contribuirán a mejorar la competitividad y la calidad de vida.
México necesita carreteras transitables, infraestructura hidráulica, sistemas de transporte eficientes, redes eléctricas confiables, hospitales funcionales, escuelas bien equipadas y proyectos que permitan aprovechar las oportunidades económicas de cada región. También necesita mantenimiento de la infraestructura existente, una actividad que suele recibir menos atención política que la inauguración de nuevas obras, aunque su abandono termina produciendo costos mucho mayores.
La inversión pública debe relacionarse además con las oportunidades de inversión privada. No puede haber una estrategia sólida de crecimiento si los proyectos gubernamentales se encuentran desconectados de las necesidades de las empresas, los trabajadores y las comunidades. La productividad requiere energía suficiente, logística eficiente, certeza jurídica, servicios confiables, preparación laboral y condiciones de seguridad. Los recursos destinados a estas tareas deben evaluarse por su contribución al desarrollo, no solamente por su monto.
La salud constituye uno de los ámbitos donde la distancia entre presupuesto y resultados puede percibirse con mayor claridad. La Secretaría de Hacienda anunció incrementos de recursos en ese sector y el proyecto contempla asignaciones importantes para las instituciones públicas. Es positivo que se plantee fortalecer su financiamiento, pero la verdadera evaluación comenzará cuando los pacientes encuentren oportunamente medicamentos, consultas, estudios, tratamientos y personal suficiente para recibir atención digna.
Para una familia que espera durante meses una intervención médica, el incremento anunciado en una partida presupuestal no representa por sí mismo una solución. El beneficio aparece cuando el hospital dispone de capacidad efectiva para atenderla. Lo mismo sucede con quienes necesitan medicamentos para enfermedades crónicas, rehabilitación, servicios especializados o atención en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
No basta, por tanto, con anunciar más recursos para salud. Es indispensable transparentar cuántas consultas se realizarán, cómo se reducirán los tiempos de espera, qué estrategias garantizarán el abasto de medicamentos y cuáles serán los mecanismos para evaluar la calidad de la atención. Las instituciones públicas deben responder con resultados verificables y no solamente con informes de gasto ejercido.
En educación ocurre algo semejante. El gobierno plantea incrementos presupuestales para el sector, pero la verdadera pregunta es si los estudiantes aprenderán más, si disminuirá el abandono escolar, si mejorarán las condiciones de los planteles y si existirán mayores oportunidades para continuar estudios o incorporarse productivamente al mercado de trabajo. Una escuela necesita infraestructura, docentes preparados y materiales suficientes, pero también métodos y objetivos que permitan evaluar sus resultados.
Particular importancia tiene la vinculación entre educación, capacitación y trabajo. México no puede aspirar a aprovechar plenamente sus oportunidades industriales y tecnológicas si millones de jóvenes y trabajadores carecen de acceso suficiente a formación práctica, actualización de conocimientos y certificación de competencias laborales. La preparación para el empleo debe ser entendida como una inversión estratégica y no como una actividad secundaria.
La transformación tecnológica, la automatización y los cambios en las cadenas productivas exigen que el presupuesto también contribuya al desarrollo del talento humano. No basta con atraer empresas si no existen personas preparadas para incorporarse a ellas. Tampoco sirve ampliar oportunidades educativas si éstas no se relacionan con actividades que permitan generar ingresos dignos y movilidad social.
El presupuesto debe servir, además, para reducir las desigualdades territoriales. México no es una realidad uniforme. Las necesidades de las regiones fronterizas, las zonas industriales, las comunidades rurales, las ciudades turísticas y las grandes áreas metropolitanas son diferentes. Una política presupuestal eficaz debe reconocer esas particularidades y permitir que estados y municipios atiendan problemas concretos.
El proyecto contempla alrededor de tres billones 48 mil millones de pesos de gasto federalizado, recursos destinados mediante distintos mecanismos a las entidades federativas y los municipios. Su importancia es enorme porque buena parte de las necesidades ciudadanas se manifiestan precisamente en el ámbito local: calles deterioradas, alumbrado insuficiente, infraestructura hidráulica deficiente, transporte complicado, instalaciones educativas y servicios que requieren mantenimiento permanente.
En estados como Jalisco, donde conviven una poderosa actividad industrial, regiones agropecuarias, destinos turísticos y amplias zonas metropolitanas, las prioridades no pueden reducirse a una sola clase de proyecto. La competitividad económica necesita infraestructura, pero las comunidades también requieren agua segura, saneamiento, movilidad, atención médica y oportunidades laborales. La distribución presupuestal debe atender esas necesidades con criterios técnicos y mecanismos de rendición de cuentas.
La discusión sobre el federalismo fiscal resulta fundamental. Los gobiernos estatales y municipales tienen obligaciones crecientes frente a los ciudadanos, pero no siempre disponen de recursos suficientes o flexibilidad para atenderlas. Resulta indispensable revisar si los mecanismos de distribución permiten responder a las necesidades regionales, sin olvidar que las autoridades locales también deben demostrar eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos que reciben.
Otro capítulo inevitable es la seguridad pública. Los recursos destinados a combatir la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad deben medirse no solamente por el equipamiento adquirido o la cantidad de operativos realizados, sino por su capacidad para reducir delitos, investigar eficazmente y recuperar condiciones de tranquilidad en las comunidades. La seguridad no es un concepto abstracto para quienes viven bajo amenazas, extorsiones, robos o violencia cotidiana. Es una condición indispensable para trabajar, estudiar, invertir y desarrollar actividades económicas.
Pero tampoco puede evaluarse el presupuesto ignorando sus fuentes de financiamiento. Una parte considerable de los recursos proviene de los impuestos que pagan personas y empresas, mientras otra corresponde a ingresos públicos de distinta naturaleza y financiamiento. Para 2027, la propuesta de ingresos contempla más de seis billones 263 mil millones de pesos de recaudación tributaria y alrededor de un billón 480 mil millones de pesos de ingresos derivados de financiamientos.
Ésta es una circunstancia que obliga a discutir con seriedad la sostenibilidad de las finanzas públicas. El endeudamiento no es necesariamente negativo cuando permite financiar proyectos útiles, atender compromisos legítimos o administrar responsablemente las necesidades de inversión. Pero tampoco puede considerarse irrelevante porque sus consecuencias se distribuyen a lo largo del tiempo. Las obligaciones financieras deberán atenderse mediante recursos públicos futuros y su costo puede limitar la capacidad presupuestal de las siguientes administraciones.
La Secretaría de Hacienda sostiene que su estrategia contempla una reducción gradual del déficit y una trayectoria sostenible de la deuda. La oposición ha cuestionado las necesidades de financiamiento y las prioridades del proyecto. La evaluación debe considerar las proyecciones oficiales, las condiciones económicas y la capacidad real de cumplimiento, evitando tanto los discursos alarmistas como las explicaciones excesivamente complacientes.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto costará financiar el gasto público, qué proporción se destinará a obligaciones previamente adquiridas y qué margen conservará el Estado para atender nuevas necesidades. La disciplina fiscal no debe entenderse solamente como una exigencia de organismos financieros, sino como una responsabilidad con las generaciones que tendrán que sostener los compromisos actuales.
También debe examinarse la eficacia de la recaudación. Combatir la evasión y las operaciones simuladas constituye una obligación legítima del Estado, siempre que se respeten los derechos de los contribuyentes y exista certeza jurídica. Pero mejorar la captación de ingresos no significa que los ciudadanos deban aceptar cualquier forma de gasto. Precisamente porque el presupuesto se financia con recursos públicos, cada dependencia tiene la obligación de justificar su utilización.
Hay además una discusión particularmente delicada sobre los recursos de los órganos constitucionales autónomos y las instituciones responsables de organizar elecciones. El proyecto incluye modificaciones y reducciones presupuestales que han generado controversia, entre ellas las relacionadas con el INE. Es legítimo revisar los costos institucionales y evitar gastos injustificados, pero también resulta indispensable garantizar que los organismos públicos dispongan de los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus obligaciones constitucionales.
La proximidad de las elecciones de 2027 añade importancia a ese debate. No se puede exigir simultáneamente mayor eficiencia, mejores controles y una operación electoral impecable sin evaluar técnicamente las necesidades reales de financiamiento. La austeridad es deseable cuando elimina privilegios y desperdicios; puede resultar contraproducente cuando afecta servicios, capacidades institucionales o derechos de los ciudadanos.
El Congreso tiene por delante la oportunidad de convertir la discusión presupuestal en un verdadero ejercicio de deliberación pública. Los legisladores de Morena y sus aliados deben explicar con claridad por qué respaldan determinadas prioridades, mientras las fuerzas opositoras tienen la responsabilidad de presentar observaciones y alternativas concretas. La crítica es necesaria, pero adquiere mayor valor cuando está acompañada de propuestas viables y cuentas verificables.
También es importante reconocer que el respaldo de un partido al presupuesto en lo general no significa necesariamente aprobación incondicional de todas sus partidas. Durante la discusión particular pueden plantearse modificaciones y ajustes que merecen examinarse por sus consecuencias reales. Lo importante es que las decisiones se adopten mediante argumentos y no exclusivamente por disciplina partidista.
Existe una pregunta que debería acompañar cada modificación presupuestal: ¿qué servicio mejorará, qué problema ayudará a resolver y cómo podrá comprobarse el resultado? Si se asignan recursos adicionales a una institución, debe explicarse qué beneficio concreto se espera. Si se reduce el financiamiento de un programa, deben conocerse las consecuencias y las alternativas previstas para evitar afectaciones indebidas.
La evaluación del gasto público no puede limitarse a determinar qué porcentaje del presupuesto fue ejercido. Una dependencia puede gastar la totalidad de sus recursos sin haber cumplido plenamente sus objetivos. Del mismo modo, un ahorro puede resultar positivo cuando elimina desperdicios, pero perjudicial si se obtiene a costa de cancelar servicios necesarios. Lo determinante es la relación entre recursos utilizados, calidad de los resultados y beneficios para la población.
Los programas sociales, la infraestructura, los servicios de salud, la educación y la seguridad no deberían competir dentro de un discurso simplista sobre quién merece recibir dinero. Todas son responsabilidades públicas cuya prioridad depende de necesidades concretas y de la capacidad para producir resultados. Lo que debe evitarse es que las decisiones presupuestales se conviertan en mecanismos de promoción partidista o en instrumentos para favorecer intereses particulares.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de demostrar que su propuesta presupuestal puede combinar protección social, crecimiento económico y disciplina financiera. El Congreso tiene la responsabilidad de revisarla con rigor y aprobar un gasto que responda a las necesidades nacionales. Los gobiernos estatales y municipales deberán administrar adecuadamente los recursos que les correspondan. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se ejerce el dinero y qué resultados produce.
En el fondo, la discusión sobre los más de diez billones y medio de pesos que México pretende gastar durante 2027 no es solamente económica. Es profundamente política y social, porque expresa qué problemas consideramos prioritarios, qué oportunidades queremos construir y qué responsabilidades estamos dispuestos a exigir a quienes administran los recursos públicos.
No debería impresionarnos únicamente la magnitud del presupuesto. Debería interesarnos todavía más la magnitud de los problemas que será capaz de resolver. La cifra puede parecer extraordinaria, pero pierde sentido cuando se compara con hospitales que no atienden oportunamente, escuelas que necesitan rehabilitación, comunidades sin servicios suficientes o familias que continúan enfrentando grandes dificultades para sostener sus gastos básicos.
Los mexicanos no viven dentro de las tablas del Presupuesto de Egresos. Viven en colonias, barrios, pueblos y ciudades donde las necesidades son concretas y las soluciones deben serlo también. No pagan sus alimentos con discursos, no reparan sus calles con porcentajes y no reciben atención médica mediante anuncios de incrementos presupuestales.
México no necesita solamente un presupuesto gigantesco. Necesita un presupuesto inteligente, transparente, equilibrado y eficaz, que proteja a quienes más lo requieren, fortalezca los servicios públicos, impulse la productividad y genere oportunidades reales para que las personas puedan mejorar su situación mediante educación, trabajo y esfuerzo.
Porque distribuir dinero puede aliviar necesidades, pero construir bienestar duradero exige algo más: hospitales que funcionen, escuelas donde se aprenda, comunidades seguras, empresas capaces de generar empleos y gobiernos que respondan por cada peso que administran. El verdadero desarrollo no se mide solamente por cuánto gasta el Estado, sino por cuánto mejoran las condiciones de vida de la población.
Los diputados están por decidir cómo se distribuirán más de diez billones y medio de pesos. Tendrán que responder por esas decisiones, pero la responsabilidad no termina cuando se levanta la mano para aprobar el presupuesto. Comienza entonces la obligación de vigilar que los recursos se utilicen legalmente, lleguen a su destino y produzcan beneficios verificables.
Y aquí está la pregunta que debería incomodar a todos los partidos, a todas las dependencias y a todos los niveles de gobierno: ¿de qué sirve presumir un presupuesto histórico si millones de mexicanos siguen encontrando obstáculos para recibir atención médica, acceder a mejores empleos, estudiar en condiciones dignas o vivir con seguridad?
Porque los grandes presupuestos pueden servir para anunciar proyectos, distribuir apoyos y construir discursos de éxito. Pero la auténtica medida de un gobierno no está en la cantidad de millones que consigue gastar, sino en la capacidad de convertirlos en bienestar, derechos efectivos y oportunidades para su gente.
Que nadie confunda gastar más con gobernar mejor. Los 10 billones 636 mil millones de pesos del presupuesto propuesto para 2027 no son un trofeo del gobierno ni un botín de los partidos: son recursos públicos que deben servir al país. Y cada peso que no se traduzca en una necesidad atendida, una oportunidad creada o un servicio mejorado tendrá que ser explicado ante quienes verdaderamente sostienen al Estado: los ciudadanos.
Porque al final las familias mexicanas no preguntarán cuántos billones aprobaron los diputados ni cuántos discursos pronunciaron para defenderlos. Preguntarán algo mucho más sencillo y mucho más contundente: ¿vivimos mejor, tenemos más oportunidades y recibimos los servicios que merecemos? Si la respuesta sigue siendo negativa, ningún presupuesto, por gigantesco que sea, podrá presentarse como una victoria.
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