2026 apenas inicia y México enfrenta una de las coyunturas más delicadas en la historia reciente: la revisión obligatoria del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un proceso acelerado de reformas internas capaces de erosionar los contrapesos institucionales construidos durante décadas.
Contexto adverso
La revisión del T-MEC que formalmente inicia en enero y debe concluir en julio de 2026, se perfila como el principal factor de riesgo económico del año y ocurre en un contexto internacional adverso.
La guerra comercial persistente entre Estados Unidos y China, una política industrial estadounidense cada vez más proteccionista y la creciente desconfianza hacia el marco regulatorio mexicano.
México llega debilitado, no solo por factores externos, sino por decisiones internas que minan su credibilidad. Uno de los ejes centrales de la revisión serán las reglas de origen; mientras Washington busca reducir la penetración de insumos chinos en las cadenas productivas norteamericanas, nuestro país aparece como el eslabón más vulnerable del bloque.
Las cifras son contundentes: en 2024 el comercio bilateral de México con China alcanzó cerca de 139.7 mil millones de dólares, con un déficit cercano a los 120 mil millones. Este desequilibrio refleja una dependencia estructural y una política comercial errática que ahora será utilizada como argumento para imponer condiciones más severas a México dentro del T-MEC.
Estados Unidos, China y la 4T
La inclinación hacia China de la llamada Cuarta Transformación resulta difícil de justificar desde una lógica económica o soberana cuando lo datos muestran que la relación comercial con Estados Unidos ha sido ampliamente favorable para México.
En 2024 el comercio total de bienes y servicios entre ambos países fue de alrededor de 945.6 mil millones de dólares. Estados Unidos exportó a México alrededor de 334 mil millones, mientras que importó cerca de 505.5 mil millones. El déficit comercial estadounidense rondó los 171.5 mil millones de dólares.
Con reglas claras y un marco institucional sólido, esta relación de socios comerciales ha sido una fuente de crecimiento y estabilidad. Sin embargo, el propio gobierno mexicano ha optado por torpedearla mediante las reformas al poder judicial, la eliminación de organismos autónomos y el debilitamiento deliberado del Estado regulador.
El panorama se torna aún más preocupante en el ámbito de energía y agricultura. Las reformas impulsadas por la 4T han significado un retroceso deliberado en apertura, competencia y regulación técnica. La Ley de la Industria Eléctrica, las restricciones a la inversión privada y la eliminación de contrapesos regulatorios aparte de violar compromisos del T-MEC, han paralizado sectores estratégicos.
En la mesa de negociación será inevitable que Estados Unidos y Canadá exijan a México revertir reformas constitucionales y legales que, aunque el gobierno presentó como soberanas, hoy funcionan como un lastre económico y diplomático.
Aranceles y soberanía
Si México insiste en no adecuar su marco legal, no será en defensa de la soberanía, por el contrario, implicará una mayor subordinación por aranceles, sanciones y mecanismos de control comercial.
El desempeño macroeconómico previsto para 2026 lo confirma: mientras la Secretaría de Hacienda proyecta un crecimiento optimista de hasta 2.8%, organismos internacionales lo ubican entre 1.2% y 1.5%, cifras insuficientes para absorber la demanda laboral y reducir la pobreza estructural.
El Paquete Económico 2026 prevé ingresos por 8.72 billones de pesos con una fuerte dependencia de la recaudación tributaria, mientras el gasto continúa concentrándose en programas sociales de transferencia directa, sin plantear estrategias de inversión productiva.
La inflación, estimada por encima del 4%, refleja presiones fiscales y cambiarias que podrían intensificarse si la revisión del T-MEC deriva en sanciones o ajustes forzados.
Discurso y realidad
La narrativa nacionalista choca con una realidad ineludible: la dependencia económica no se elimina con discursos, sino con instituciones sólidas, las mismas que están siendo sistemáticamente debilitadas desde el poder.
Los incrementos al salario mínimo, aunque necesarios, no compensan un entorno donde más del 54% de la población económicamente activa permanece en la informalidad, más aún si se trata de un fenómeno que el propio diseño de política pública ha incentivado.
Un alarmante 2026
La propuesta de reforma electoral impulsada por la 4T no busca fortalecer la democracia, sino controlarla. La reducción presupuestal del INE, la desaparición de los OPLEs y la concentración de facultades en el ejecutivo configuran una regresión autoritaria. Cuando afirman que la reforma se aprobará “con o sin la oposición” revelan un proyecto que concibe las reglas electorales como instrumentos del poder, no como garantías ciudadanas.
El anuncio del Programa Sectorial de Anticorrupción 2025-2030 se opaca ante la eliminación de órganos autónomos y la captura política de instituciones que hace imposible una verdadera política de combate a la corrupción.
En el ámbito social, la entrega de becas y pensiones continúa expandiéndose sin una estrategia integral de desarrollo y reforzando una lógica de dependencia y control político.
México enfrenta una definición estratégica impostergable: coquetear con China, Cuba y Rusia mientras se confronta a Estados Unidos no constituye una política exterior soberana, sino una apuesta riesgosa sin respaldo económico ni institucional.
Los primeros seis meses de 2026 definirán si México continúa siendo una república con reglas o si se consolida un régimen donde el poder se ejerce sin límites. Un panorama profundamente preocupante.
X: @diaz_manuel