La autocensura es el ideal de la dictadura. No asume costo alguno, ni siquiera sospecha. Además, es discreta, en ocasiones invisible, sobre todo cuando opera en cadena: de la empresa al editor y de allí la sugerencia comedida al periodista, conductor y opinador. El gobierno sólo requiere de tres cosas: hacer evidente que vigila y que le importa lo que se diga; que tiene dientes, esto es, manera de castigar; y dispuesto a hacerlo si fuera necesario. Bajo esta consideración se deben leer los lineamientos sobre el derecho de las audiencias. Su impacto más evidente y pernicioso es la autocensura.
La libertad de expresión vive su peor momento. El ataque viene de dos frentes: el del crimen, que ha castigado gravemente —en especial en las regiones con importante presencia delictiva— a medios, reporteros, creadores de contenido, periodistas, entre otros. Su doble impacto: el castigo visible y la autocensura. Las autoridades no protegen y, a veces, son parte del brazo armado del criminal. Evidencias sobran por la captura de los poderes locales. Denuncia hay, pero no respuesta. Tan sencillo como ver el deplorable abandono de la CNDH y de fiscalías políticamente dirigidas.
El otro frente viene de la política pública de los gobiernos contra el periodismo independiente. Nunca los medios y sus colaboradores habían sido tan agredidos, vilipendiados y calumniados desde la tribuna presidencial. Se usan todos los recursos, como la difusión de datos protegidos; el empleo de la UIF, violentando la presunción de inocencia y bloqueando ilegalmente cuentas a quienes no se sometían al régimen, y el asedio de la justicia electoral. Las mañaneras han sido un agresivo espectáculo contra la libertad de expresión, y ahora que se invoca el derecho de las audiencias, la mañanera opera sin código de ética o defensor de la audiencia; vamos, ni siquiera se concede espacio para el derecho de réplica. La difusión de lista de indeseables periodistas, medios y espacios digitales no guarda precedente.
Las empresas con título de concesión siempre han operado bajo la presión propia de la discrecionalidad del gobierno; la renovación del título lleva al sometimiento. No menos es el trato, particularmente cuando el empresario en cuestión hace de la empresa de medios un recurso de gestión de otros negocios, casi siempre dependientes del favor oficial.
El estado del debate y el escrutinio público por los medios revela que el gobierno se ha salido con la suya por la autocensura, mientras las autoridades alardean de que ahora ya no hay gestión gubernamental para silenciar o remover periodistas. No, porque las mismas empresas oficiosamente hacen la tarea: han depurado a favor del régimen su parrilla de opinión, imponen criterios editoriales y someten a los mismos colaboradores a las exigencias políticas, en ocasiones sin resistencia por el miedo del periodista de perder sus espacios.
El acuerdo presidencial no deriva del desempeño, sino del control de la comunicación y de la propaganda que circula sin contención por los medios de información. Llama la atención la facilidad con la que influyentes opinadores le cargan la mano a la oposición institucional, a los partidos por su ausencia, ineficacia o falta de energía, cuando ellos mismos comparten tales insuficiencias en los espacios privilegiados de la conversación pública. Para efectos de impactar opinión se quedan tan cortos como los voceros institucionales de los partidos, más allá de intervenciones singularmente lúcidas, investigaciones periodísticas de excelencia, programas de deliberación y casos ejemplares de conducción de programas de radio y TV. Falta autocrítica; más simple, la práctica de vilipendiar al otro.
La realidad, el régimen autoritario se ha normalizado sin resistencia significativa. La República en su expresión democrática ha sufrido un daño colosal. La resistencia y las dificultades que encara el régimen no derivan de la oposición formal, tampoco de la resistencia social; el origen de sus problemas resulta de la impunidad, un cáncer que corroe buena parte del aparato político y que indica un fin próximo, pero peligrosamente accidentado por la destrucción de las instituciones que permiten conducir crisis extremas. No hay Congreso, Poder Judicial ni legalidad, y el gobierno ha dejado de existir como tal porque su desempeño lo determina la conducción para un régimen político empecinado a mantenerse a toda costa en el poder.
Para concluir, no es casual que los espacios de deliberación y crítica más genuinos se ofrezcan en el ámbito digital o por conductores con capacidad para sobreponerse de la maligna autocensura.