Genevieve alcanzó la categoría 5 en las aguas del Pacífico mexicano. Sus vientos superaron los 250 kilómetros por hora y, aunque su trayectoria se mantuvo alejada de las costas y no se previó un impacto directo sobre el territorio nacional, su extraordinaria fuerza volvió a colocar frente a nosotros una advertencia que México no puede seguir ignorando.
Los huracanes son fenómenos naturales. Las tragedias humanas que dejan a su paso, demasiadas veces, no lo son.
La naturaleza produce el viento, la lluvia, el oleaje y la fuerza destructiva. Pero la imprevisión construye en zonas inundables, la corrupción autoriza edificaciones inseguras, la negligencia abandona drenajes y cauces, la irresponsabilidad invade áreas de riesgo y la indolencia gubernamental espera hasta que la emergencia ya se encuentra encima.
El fenómeno puede ser natural. El desastre suele comenzar mucho antes.
Comienza cuando se permite levantar viviendas en barrancas, riberas o terrenos históricamente inundables; cuando un fraccionamiento obtiene permisos a pesar de carecer de salidas suficientes, drenajes adecuados o rutas de evacuación; cuando se talan manglares y se destruyen ecosistemas que funcionan como barreras naturales; cuando una obra pública se inaugura sin garantizar su resistencia; cuando los refugios existen solamente en el papel, y cuando los sistemas de alerta no alcanzan a quienes más los necesitan.
Comienza también cuando las autoridades prefieren invertir en proyectos visibles y políticamente rentables, mientras dejan para después el mantenimiento de canales, presas, colectores, alcantarillas, carreteras, puentes y sistemas de protección civil. Prevenir rara vez produce fotografías espectaculares, ceremonias multitudinarias o aplausos inmediatos. Sin embargo, salva vidas.
México se ha vuelto extraordinariamente solidario después de las tragedias, pero continúa siendo irresponsablemente indiferente antes de ellas.
Cuando ocurre un desastre aparecen brigadas, centros de acopio, voluntarios, médicos, rescatistas, soldados, marinos y ciudadanos capaces de desplegar una enorme generosidad. La sociedad mexicana sabe reaccionar, ayudar y reconstruir. Lo ha demostrado frente a terremotos, inundaciones, incendios y huracanes.
Pero esa solidaridad posterior no puede seguir sustituyendo a la prevención.
No debería ser necesario esperar a que una familia pierda su casa para descubrir que habitaba en una zona de riesgo. No tendría que derrumbarse un puente para revisar la calidad de su construcción. No debería incendiarse una bodega para conocer que carecía de salidas de emergencia. No tendría que morir gente ahogada para limpiar un cauce obstruido ni esperar a que un edificio colapse para descubrir que sus permisos se obtuvieron mediante corrupción o simulación.
Evacuamos cuando el agua ya entró, revisamos cuando la estructura ya cayó, clausuramos después del incendio, investigamos cuando aparecen las víctimas y prometemos reconstruir cuando las familias ya lo perdieron todo.
Administramos tragedias que, en muchos casos, pudimos aminorar.
El huracán Otis debió modificar para siempre la manera en que México enfrenta estos fenómenos. En cuestión de horas pasó de tormenta tropical a un huracán de máxima categoría y golpeó Acapulco con una fuerza que destruyó viviendas, hoteles, hospitales, comercios, comunicaciones y servicios esenciales. Su intensificación extraordinaria rebasó pronósticos y capacidades de reacción, pero también exhibió la fragilidad de una ciudad donde durante décadas se acumularon crecimiento urbano desordenado, desigualdad, construcciones vulnerables y una enorme dependencia de infraestructura expuesta.
Después de Otis, ninguna autoridad mexicana tiene derecho a declararse completamente sorprendida ante la rápida intensificación de un ciclón.
El conocimiento científico ha avanzado, los sistemas de monitoreo son cada vez más precisos y las instituciones mexicanas cuentan con experiencia acumulada. El país no parte de cero. Posee un Atlas Nacional de Riesgos, organismos especializados, personal técnico capacitado, protocolos de emergencia y fuerzas de auxilio con reconocida capacidad operativa.
Pero todavía falta mucho.
Los avances nacionales no siempre llegan con la misma calidad, actualización y capacidad de respuesta a los estados y municipios. Ahí comienza una de las mayores debilidades del sistema: la enorme desigualdad institucional entre territorios.
Hay entidades con sistemas robustos de protección civil, personal profesionalizado, equipos, refugios identificados y procedimientos de coordinación. Pero también existen municipios con recursos mínimos, atlas desactualizados, cuerpos de emergencia insuficientes, vehículos en mal estado y oficinas de protección civil subordinadas a intereses políticos o utilizadas como espacios administrativos sin capacidad técnica real.
El propio Programa Nacional de Protección Civil reconoce que solamente alrededor de una cuarta parte de los municipios dispone de un atlas local de riesgos actualizado. Eso significa que, en gran parte del territorio nacional, las autoridades siguen tomando decisiones urbanas, autorizando construcciones y enfrentando emergencias sin contar con información local vigente o sin convertirla en una norma verdaderamente obligatoria.
Y aun cuando existe un atlas, no siempre se utiliza.
Algunos terminan convertidos en voluminosos documentos archivados, desactualizados o desvinculados de los planes de desarrollo urbano. Se conoce el cauce que puede desbordarse, la ladera susceptible de deslizarse, la colonia expuesta a una inundación o la zona donde un incendio podría propagarse con rapidez, pero aun así se permiten asentamientos, se entregan licencias, se cambian usos de suelo y se posterga la infraestructura preventiva.
Un atlas de riesgos no puede ser solamente un mapa elegante colocado en una plataforma digital o presentado durante una ceremonia. Debe influir obligatoriamente en cada decisión urbana, cada permiso de construcción, cada obra pública y cada programa de protección civil.
Ningún municipio debería autorizar un fraccionamiento, una escuela, un hospital, una gasolinera, una nave industrial o un centro comercial sin demostrar previamente que la ubicación, el diseño, los materiales, las rutas de evacuación y la infraestructura de servicios son compatibles con los riesgos identificados.
Porque un atlas que no modifica decisiones públicas es solamente un mapa. Y un riesgo perfectamente identificado que después se ignora ya no puede llamarse sorpresa: se llama negligencia.
Ahí aparece otra falla fundamental: la coordinación entre los ámbitos del poder público.
La Federación monitorea fenómenos, emite alertas, administra información técnica y moviliza recursos de gran escala. Los estados coordinan sus sistemas de protección civil, articulan dependencias y respaldan a los municipios. Y son precisamente los municipios quienes controlan el uso del suelo, autorizan construcciones, mantienen drenajes, vigilan cauces, habilitan refugios y ejecutan buena parte de la respuesta inmediata.
Si uno de esos eslabones falla, toda la cadena se rompe.
Puede ocurrir que la Federación conozca el riesgo, que el estado emita una advertencia y que el municipio continúe autorizando viviendas en una zona inundable. También puede suceder que exista información técnica suficiente, pero que las autoridades locales carezcan de recursos, personal o voluntad política para actuar.
La prevención no puede depender de la buena relación entre gobernadores, alcaldes y funcionarios federales. Tampoco puede variar según el partido que gobierne cada territorio. Los huracanes, los incendios, los sismos y las inundaciones no reconocen colores políticos ni esperan a que las autoridades resuelvan sus diferencias.
México necesita un solo sistema interoperable de información de riesgos, actualizado permanentemente y obligatorio para todas las autoridades. Los atlas nacional, estatales y municipales deben hablar el mismo lenguaje, compartir datos y convertirse en instrumentos vinculantes para la planeación urbana, la obra pública y la protección de infraestructura crítica.
También se requieren simulacros reales, rutas de evacuación conocidas por la población, refugios dignos y accesibles, sistemas de alerta comprensibles, comunicación en lenguas indígenas y mecanismos especiales para proteger a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y comunidades aisladas.
No basta con enviar un mensaje al teléfono celular o emitir un boletín técnico que gran parte de la población no entiende. Una alerta solamente sirve si llega a tiempo, si explica con claridad qué debe hacerse y si existe una autoridad local capaz de ejecutarla.
También los particulares tienen responsabilidades.
Los desarrolladores que construyen en zonas de riesgo, los empresarios que omiten protocolos, los administradores de hoteles que no capacitan a su personal, los propietarios que bloquean salidas, los ciudadanos que invaden cauces y quienes se niegan a evacuar pese a una alerta seria contribuyen a multiplicar los daños.
La prevención no puede ser únicamente una obligación gubernamental. También exige corresponsabilidad social.
Pero la mayor responsabilidad corresponde al poder público, porque es quien regula, autoriza, supervisa, sanciona y dispone de la información necesaria para proteger a la población.
Las autoridades no pueden seguir invocando la fuerza extraordinaria de la naturaleza para ocultar la debilidad ordinaria del gobierno.
Un huracán puede superar pronósticos. Lo que no debería sorprender es que una colonia construida sobre un cauce se inunde, que una ladera deforestada se deslice, que un drenaje sin mantenimiento colapse o que una comunidad incomunicada tarde días en recibir ayuda.
Eso no es imprevisible.
Es el resultado de decisiones acumuladas.
Las tragedias no comienzan cuando aparece la primera nube en el radar. Empiezan años antes, durante una sesión de cabildo, una autorización de uso de suelo, una licitación amañada, una inspección simulada, una obra inconclusa o un presupuesto preventivo recortado.
También comienzan cuando la ciudadanía normaliza el riesgo y se acostumbra a vivir junto a un cauce, debajo de una ladera inestable o dentro de una construcción sin condiciones mínimas de seguridad.
La cultura de protección civil debe enseñarse desde las escuelas, practicarse en los centros de trabajo y formar parte de la vida cotidiana. Saber cómo reaccionar ante un sismo, una inundación, un incendio o un huracán no debe considerarse información especializada, sino una herramienta básica de supervivencia.
México ha demostrado que puede reaccionar con enorme capacidad cuando existe coordinación. La experiencia acumulada por la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, los sistemas estatales de protección civil y las organizaciones ciudadanas constituye una fortaleza real.
Pero la reacción heroica no debe servir como excusa para la prevención mediocre.
No podemos seguir midiendo el éxito solamente por la rapidez con la que llegan los auxilios después del impacto. También debe medirse por las viviendas que no se construyeron en zonas peligrosas, los cauces que se limpiaron a tiempo, las personas que fueron evacuadas antes, los puentes que recibieron mantenimiento y los hospitales que pudieron continuar funcionando.
Prevenir significa evitar la fotografía de la tragedia.
Quizá por eso recibe menos atención política.
No hay cintas que cortar en una inundación que no ocurrió. Nadie inaugura un derrumbe evitado. No existen discursos espectaculares para celebrar que una comunidad fue evacuada a tiempo y regresó sin pérdidas humanas.
Pero ahí se encuentra la verdadera eficacia gubernamental.
Genevieve pasó lejos y México respiró tranquilo. El siguiente ciclón puede no hacerlo. Entonces ya no bastará decir que nadie imaginó su fuerza, que el fenómeno cambió de rumbo o que las lluvias superaron todos los registros.
Después de Otis, nadie tiene derecho a invocar la sorpresa como coartada permanente.
Los huracanes no pueden evitarse. Los sismos tampoco. Pero muchas muertes, pérdidas y destrucciones sí pueden reducirse mediante información, coordinación, planeación, autoridad y responsabilidad.
La naturaleza produce fenómenos.
La negligencia los convierte en catástrofes.
El viento es natural.
La imprevisión no