Un menor puede necesitar límites, orden, firmeza, orientación y consecuencias. Puede requerir una intervención seria cuando ha perdido el rumbo, desafía toda autoridad, abandona sus estudios, incurre en conductas riesgosas o vuelve insostenible la convivencia familiar. Lo que jamás necesita es ser golpeado, humillado, aterrorizado o quebrado. Disciplina no es maltrato.
La muerte de tres menores durante los últimos años en academias privadas de formación militarizada ha dejado al descubierto una realidad que permaneció demasiado tiempo oculta detrás de uniformes, reglamentos, marchas, consignas y discursos sobre el carácter. Zamir Pinto, de 16 años; Erick, de 13, y Dafne Zapata, también de 13, murieron en distintos centros y circunstancias, pero sus casos, como ha documentado El País, han generado denuncias coincidentes sobre maltrato físico y psicológico, castigos extremos, agotamiento, humillaciones, negligencia y mecanismos de silencio.
No son únicamente tres nombres. Son tres advertencias que el Estado, las instituciones y la sociedad no pueden volver a ignorar.
En algunos de esos centros no estaban formando jóvenes: los estaban quebrando. No educaban: sometían. No corregían: castigaban. No enseñaban responsabilidad: administraban miedo. Era violencia disfrazada de educación.
Bajo la promesa de convertir a adolescentes difíciles en personas disciplinadas, algunos establecimientos han reproducido métodos basados en la fuerza, la intimidación, el agotamiento físico, las humillaciones y el silencio. El lenguaje suele parecer honorable: orden, respeto, obediencia, superación, fortaleza, valores y carácter. Pero ninguna palabra respetable puede ocultar una golpiza, ningún uniforme vuelve pedagógica una humillación, ninguna consigna transforma el miedo en educación y ningún reglamento autoriza a un adulto a destruir física o emocionalmente a un menor confiado a su cuidado.
El caso de Dafne Zapata estremeció al país. La adolescente ingresó a un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, y murió apenas unos días después. Su madre ha denunciado que fue torturada y maltratada; la necropsia determinó asfixia por sumersión y la Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio. El director del establecimiento y dos integrantes de su personal fueron detenidos, mientras la investigación deberá esclarecer exactamente qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.
La academia proclamaba disciplina, lealtad y trabajo, y habría proyectado una vinculación con las Fuerzas Armadas que la Secretaría de la Defensa Nacional negó, según lo difundido por distintos medios nacionales. Ese detalle no es menor. Utilizar uniformes, grados, marchas, insignias o terminología castrense puede producir entre las familias una apariencia de autoridad, respaldo institucional y profesionalismo que no necesariamente corresponde con la realidad.
Conviene establecerlo con absoluta claridad: estas academias privadas no deben confundirse automáticamente con las instituciones militares profesionales ni con la formación impartida por las Fuerzas Armadas. Una cosa es la disciplina militar auténtica, sujeta a ordenamientos, jerarquías, preparación, controles y responsabilidades institucionales; otra muy distinta es que particulares adopten una estética militar para comercializar servicios educativos o disciplinarios sin contar necesariamente con la capacitación pedagógica, médica y psicológica indispensable.
La simulación comienza precisamente ahí. Se vende una imagen de severidad, autoridad y prestigio. Se promete hacer en semanas lo que una familia, una escuela o una comunidad no consiguieron durante años. Se ofrece corregir conductas, fortalecer voluntades y devolver a casa jóvenes obedientes, como si la personalidad de un adolescente pudiera desmontarse y reconstruirse mediante marchas, gritos y castigos.
La disciplina auténtica exige método, constancia, responsabilidad, autocontrol y respeto a las reglas. Requiere instructores capacitados, protocolos claros, supervisión médica, acompañamiento psicológico, instalaciones adecuadas y mecanismos efectivos para denunciar abusos. El maltrato no necesita nada de eso. Solamente necesita poder sobre alguien indefenso.
Muchas familias, desesperadas, creen en las promesas de estos centros. Algunas son engañadas. Buscan ayuda, investigan hasta donde pueden y confían de buena fe en instituciones que se presentan como seguras, profesionales, supervisadas o vinculadas con autoridades reconocidas. A esos padres también se les convierte en víctimas cuando se les ocultan los métodos, las condiciones reales, las denuncias anteriores o los antecedentes del personal.
Pero no todos los casos pueden explicarse únicamente por el engaño.
También existen padres y madres que desean quitarse un problema de encima. Entregan a un hijo difícil a desconocidos con la esperanza de que alguien más realice el trabajo que ellos no pudieron, no supieron o ya no quisieron hacer. Pagan una inscripción, firman documentos, dejan al menor detrás de una reja y sienten que la responsabilidad cambió de manos.
No es así.
Un hijo no es un problema que pueda enviarse lejos para que otro lo resuelva. La paternidad no se suspende en la puerta de un internado y la responsabilidad no desaparece mediante una transferencia bancaria, un uniforme nuevo o una promesa de disciplina.
Hay adolescentes que atraviesan etapas verdaderamente complejas. Algunos desafían permanentemente a sus padres, abandonan los estudios, ejercen violencia dentro del hogar, consumen sustancias, se involucran en conductas peligrosas o requieren atención psicológica y psiquiátrica especializada. Sería injusto minimizar la desesperación, el miedo y el agotamiento que viven muchas familias.
Pero la desesperación no exime de responsabilidad.
Cuando un menor presenta problemas graves, la respuesta debe construirse con especialistas, médicos, psicólogos, orientadores, escuelas y redes familiares. No puede consistir en depositarlo en un sitio opaco y esperar que el sufrimiento realice el trabajo de la educación.
Quien entrega a su hijo a una institución adquiere una obligación mayor, no menor. Debe investigar quiénes la dirigen, qué preparación poseen los instructores, cuáles son sus métodos, qué permisos tiene, quién la supervisa, qué protocolos médicos existen, cómo se atienden las emergencias, qué antecedentes registra y de qué manera puede comunicarse el menor con su familia. Debe visitar, preguntar, desconfiar, escuchar y vigilar.
Y, sobre todo, debe creerle a su hijo cuando denuncia golpes, vejaciones, amenazas o castigos extremos.
Demasiadas veces, el menor pide ayuda y recibe como respuesta que está exagerando, mintiendo o intentando escapar de la disciplina. Su queja se interpreta como parte de la rebeldía que supuestamente debe corregirse. El silencio del adolescente es celebrado como señal de adaptación, cuando quizá sea miedo. Sus lesiones se explican como consecuencia del entrenamiento, su tristeza como resistencia al cambio y su desesperación como manipulación.
Ahí el abandono se vuelve doble: primero lo entrega la familia y después, cuando intenta denunciar, tampoco le cree.
Hay padres que incluso aceptan métodos brutales bajo las frases de que “así aprenderá”, “necesita mano dura”, “a mí también me golpearon y no me pasó nada” o “es por su propio bien”. Pero la violencia no se convierte en amor porque quien la autoriza sea el padre. El abuso no se vuelve legítimo porque la víctima tenga problemas de conducta. Ningún error de un adolescente justifica que los adultos obligados a protegerlo lo entreguen al peligro, al abandono o al caos.
Ser padre no consiste solamente en alimentar, vestir y pagar una escuela. Implica acompañar, corregir, escuchar, imponer límites y asumir el desgaste que representa educar. También supone reconocer cuándo la familia ha sido rebasada y necesita ayuda profesional. Lo que no permite es abdicar de la responsabilidad y entregar al hijo a cualquiera que prometa corregirlo mediante miedo.
También existe una responsabilidad empresarial. Quienes poseen o administran estas academias no pueden escudarse en que desconocían los métodos de sus instructores. Cobran por cuidar, formar y proteger. Por ello deben responder por cada persona contratada, cada castigo permitido, cada lesión ignorada, cada emergencia mal atendida y cada denuncia silenciada.
No basta con instalar cámaras, elaborar reglamentos o entregar responsivas a las familias. La integridad de un menor no puede quedar anulada mediante una cláusula. Nadie puede autorizar que su hijo sea golpeado y ningún contrato libera a una institución de su deber de cuidado. Mucho menos puede lucrarse con la angustia de familias que buscan una salida para situaciones dolorosas.
Los instructores deben responder individualmente por sus actos. La obediencia a una cadena de mando no elimina la responsabilidad por una agresión. Quien golpea, humilla, priva de alimentos, niega agua, impide atención médica o somete a un menor a ejercicios capaces de poner en riesgo su salud o su vida no está aplicando disciplina: está cometiendo un abuso.
La autoridad no se demuestra causando dolor. El mando no consiste en aterrorizar y la fortaleza de un instructor no se mide por su capacidad para someter a quien no puede defenderse.
Pero el fracaso no termina en las academias ni en las familias. También ha fallado el Estado.
Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI todavía aparezca como referencia normativa para las academias particulares de tipo militar un reglamento publicado en 1943. Más de ochenta años después, México intenta vigilar instituciones que trabajan con menores mediante disposiciones diseñadas para otro país, otra sociedad y otra concepción de los derechos de la infancia. Tras la muerte de Dafne, legisladores anunciaron la revisión de ese ordenamiento, calificado ya como anacrónico, como informó La Jornada.
¿Cómo pueden operar establecimientos que reciben menores, los alojan, los someten a regímenes estrictos y controlan buena parte de su vida cotidiana sin una vigilancia permanente, especializada y transparente? ¿Quién verifica la preparación del personal? ¿Quién revisa los dormitorios, los alimentos, los castigos, los servicios médicos y los mecanismos de comunicación con las familias? ¿Quién escucha a los menores sin la presencia de quienes podrían estar abusando de ellos? ¿Quién inspecciona sin previo aviso? ¿Quién clausura antes de que ocurra una tragedia?
La ausencia de una regulación clara ha permitido que estas instituciones se desenvuelvan entre atribuciones educativas, disposiciones antiguas y una vigilancia insuficiente, pese a que algunas alojan y someten a menores a regímenes de disciplina intensa. No pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero emplean su simbología; funcionan como escuelas o campamentos, pero pueden quedar sin controles específicos acordes con la naturaleza de sus actividades, como ha señalado El País.
Las autoridades suelen aparecer después: después de la denuncia, después de las lesiones y después de la muerte. Entonces anuncian investigaciones, revisiones, mesas de trabajo y posibles reformas. Se disputan competencias, deslindan responsabilidades y prometen que no habrá impunidad.
Pero la función del Estado no consiste únicamente en investigar cadáveres. Consiste en evitar que los haya.
Toda institución que aloje, discipline, eduque o rehabilite menores debe estar sometida a reglas estrictas, inspecciones frecuentes, registros públicos, personal certificado, protocolos médicos obligatorios y canales confidenciales de denuncia. Cada familia debería poder consultar quién autoriza el funcionamiento del centro, cuándo fue inspeccionado, qué personal trabaja ahí, qué sanciones ha recibido y qué procedimientos existen para proteger a los alumnos.
También debe existir una línea directa e independiente para que los menores puedan denunciar sin ser escuchados, vigilados o castigados por sus instructores. Una llamada periódica y privada con la familia no puede ser considerada privilegio ni recompensa por buen comportamiento; es un mecanismo básico de protección.
El problema tampoco se limita a las academias militarizadas. La misma lógica puede reproducirse en internados, anexos, centros de rehabilitación, escuelas deportivas, instituciones religiosas, casas hogar y establecimientos que prometen corregir conductas mediante aislamiento, obediencia absoluta y castigos.
Un entrenador que insulta y golpea a un deportista con el argumento de convertirlo en campeón; un responsable de un anexo que encadena o priva de alimento a una persona para “quitarle el vicio”; un educador que humilla públicamente a un estudiante para obligarlo a obedecer, y un guía religioso que exige silencio absoluto frente a conductas abusivas utilizan la misma perversión: disfrazan la violencia con una finalidad aparentemente noble.
Siempre que un adulto concentra poder sin vigilancia sobre una persona vulnerable existe riesgo de abuso. Siempre que se exige silencio en nombre de la disciplina aparece una señal de alarma. Y siempre que una institución impide que un menor hable libremente con su familia o con una autoridad independiente debe investigarse de inmediato.
Durante generaciones se normalizó la idea de que la letra con sangre entra, que los golpes forjan carácter y que el sufrimiento vuelve fuertes a los jóvenes. Es falso. El miedo puede producir obediencia momentánea, pero no educación. La humillación puede doblegar, pero no formar. La violencia puede imponer silencio, pero no construir valores.
Un joven golpeado quizá aprenda a obedecer al más fuerte. También puede aprender que la autoridad tiene derecho a maltratar, que denunciar no sirve y que la violencia es una forma legítima de resolver conflictos. Puede terminar reproduciendo sobre otros aquello que padeció, porque se le enseñó que mandar significa humillar y que corregir significa causar dolor.
Eso no es disciplina. Es la reproducción del abuso.
Educar exige firmeza, pero también inteligencia. Corregir implica consecuencias, pero también proporcionalidad. La autoridad necesita límites porque, cuando carece de ellos, fácilmente se convierte en arbitrariedad.
Los adolescentes no tienen derecho a hacer cuanto deseen, desafiar todas las reglas o dañar a los demás sin afrontar responsabilidades. Una sociedad incapaz de poner límites también abandona a sus jóvenes. La permisividad absoluta puede ser tan irresponsable como la violencia, porque deja al menor sin referencias, deberes ni conciencia de las consecuencias de sus actos.
Pero entre la permisividad y el maltrato existe un enorme espacio llamado educación. Ahí deben actuar la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.
No se trata de criar generaciones incapaces de soportar una exigencia, una frustración o una consecuencia. Se trata de enseñar disciplina sin destruir la dignidad. Un joven puede levantarse temprano, cumplir horarios, estudiar, ejercitarse, colaborar, respetar reglas, reparar el daño causado y asumir responsabilidades sin ser golpeado, insultado ni degradado.
La verdadera autoridad no necesita golpes porque posee legitimidad. El verdadero educador no humilla porque sabe orientar. El verdadero formador no quiebra porque su misión consiste en construir.
Cuando los padres entregan a sus hijos al abuso para quitarse un problema de encima, cuando una institución convierte el dolor en método y cuando el Estado aparece solamente para levantar un cadáver, todos los adultos han fallado. Falló quien golpeó, falló quien permitió, falló quien cobró, falló quien no vigiló y, en algunos casos, también falló quien prefirió no preguntar qué estaba ocurriendo con su propio hijo.
Nadie puede devolver la vida a Zamir, Erick o Dafne. Pero México sí puede impedir que sus casos terminen convertidos en noticias olvidadas después de unos cuantos días de indignación. Debe investigarse cada muerte, sancionarse a los responsables, clausurarse los establecimientos que representen un peligro y construirse una regulación moderna y homogénea que coloque los derechos de los menores por encima de cualquier discurso sobre disciplina.
También debe romperse la cultura que todavía celebra el maltrato como método educativo y la irresponsabilidad de quienes pretenden transferir a otros la obligación de criar.
Un hijo puede necesitar ayuda. Puede necesitar tratamiento, orientación, límites, consecuencias y disciplina. Lo que jamás necesita es ser abandonado en manos de quienes confunden autoridad con violencia.
Porque disciplina no es maltrato. La educación corrige sin destruir, la autoridad guía sin aterrorizar y la violencia, aunque vista uniforme, marche en formación y se disfrace de educación, sigue siendo violencia.
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