Lo que ocurre en la CDMX explica mejor que cualquier estadística el deterioro del país.
En la colonia Del Valle, Adriana González Camarena, nieta del muralista Jorge González Camarena, denunció que la casa donde vivió su abuelo durante más de un siglo fue ocupada ilegalmente. En sus redes sociales relata que no era una vivienda abandonada. No estaba en venta, ni se ofrecía en renta, era patrimonio familiar.
Su denuncia resulta, por decir lo menos, inquietante ya que, según cuenta, cuando descubrió personas dentro del inmueble, las grabó, y poco después, recibió una advertencia: “Ya te tienen ubicada”. Asegura que, en apenas unas semanas, la casa ya tenía chapas, ventanas y portones nuevos, medidor de luz instalado y habitantes viviendo en ella.
Si los hechos ocurrieron como los denuncia la familia, no estamos frente al típico conflicto entre particulares, sino ante la preocupante posibilidad de que quienes hacen estos despojos, poseen los medios económicos y mecanismos capaces de apropiarse de un inmueble con una rapidez que difícilmente podría lograr un propietario legítimo.
Esto no es nuevo, es un modus operandi que ya se ha registrado en otras zonas de la CDMX, pasó en el centro de la ciudad después de los sismos de 1985, organizaciones como Unidad Popular Nueva Tenochtitlán de René Bejarano y Dolores Padierna se hicieron de innumerables viviendas y del control político y económico.
En la Hipódromo, el presidente del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Rafael Aguilar Talamantes, se hizo de al menos cinco casas en Avenida México. Incluso una que luego usufructuó Epigmenio Ibarra, su famosa “Casa Azul”.
El caso particular de González Camarena tomó relevancia por tratarse de una propiedad vinculada a uno de los grandes muralistas mexicanos, pero ¿qué puede esperar cualquier ciudadano cuya única defensa son unas escrituras guardadas en un cajón?
Delito de despojo
Durante mucho tiempo el tema fue un problema marginal, asuntos derivados casi siempre de pleitos entre familiares atrapados en litigios interminables. Sin embargo, actualmente las denuncias se acumulan y cuentan otra historia.
Vecinos de Benito Juárez hablan de más de veinte viviendas afectadas bajo un patrón similar. En redes sociales circulan testimonios de personas de Miguel Hidalgo, Iztacalco, Tláhuac y otras alcaldías que describen procedimientos casi idénticos. Se habla de cerraduras cambiadas durante la madrugada, supuestos abogados, personas que aseguran actuar en nombre del Poder Judicial, policías presentes durante las ocupaciones y una velocidad sorprendente para regularizar servicios o transformar completamente los inmuebles.
No es tarea de los medios de comunicación determinar si detrás existe una organización criminal, eso es tarea de la Fiscalía y los tribunales.
Lo que sí corresponde, es señalar que los ciudadanos identifican un mismo modo de operar y las autoridades no pueden limitarse a responder que cada caso debe analizarse de manera individual.
Su deber es determinar si esos expedientes guardan conexión y si las organizaciones que ejecutan las invasiones y apropiación de predios son los mismos.
Desconfianza y cifras que crecen
Tan solo en los primeros seis meses de este año se abrieron cerca de dos mil carpetas de investigación por despojo en la ciudad. Aunque no todas corresponden a invasiones organizadas, el volumen de denuncias revela un problema real.
Los vecinos ya elaboran sus propios mapas del despojo, crean páginas para documentar invasiones, organizan plantones y se convierten en investigadores de sus propios casos, dejando un tremendo mensaje de desconfianza: las instituciones ya no alcanzan para protegerlos.
Esta situación representa un enorme riesgo para cualquier Estado. El derecho de propiedad no es un privilegio, es uno de los pilares de la convivencia social. La certeza de que nadie puede apropiarse arbitrariamente de una casa, un terreno o un patrimonio familiar es una garantía básica del Estado de derecho.
Si los ciudadanos pierden esa certeza, la confianza desaparece para dar lugar a la sospecha, el miedo y hasta la justicia por mano propia.
Escándalos inmobiliarios
La CDMX ha pasado por escándalos inmobiliarios, investigaciones sobre corrupción urbanística y señalamientos de servidores públicos involucrados en distintos esquemas ilegales. Cosas distintas, sí, pero que igual alimentan la percepción de que ciertos intereses encuentran protección en las instancias donde debería existir vigilancia.
Por eso, destaca el caso de la familia González Camarena, porque refleja lo que muchas víctimas exigen: que las instituciones demuestren que todavía pueden proteger el patrimonio de los ciudadanos.
La posibilidad de que exista una “mafia del despojo”, como ya la llaman, debe ser confirmada o desmentida por las autoridades.
¿Cuántos casos con el mismo patrón necesita acumular la Fiscalía para aceptar que enfrenta un problema?
Si quienes participan en este delito creen que unas escrituras ya no bastan para garantizar la propiedad de una casa, crece el riesgo de que la operación descrita se multiplique.
Las denuncias sin investigaciones serias se convierten en una crisis de confianza y el Estado democrático pierde.
X: @diaz_manuel