Muchas veces, en estos siete años, la oposición se ha mantenido al margen de los sucesos que han marcado al país en temas como corrupción, inseguridad, alianzas internacionales polémicas y presuntas relaciones con el crimen organizado, sin embargo, finalmente, la senadora del PAN, Lilly Téllez, decidió poner el dedo en la llaga.
El 11 de marzo la legisladora presentó una solicitud con carácter de urgente para que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia, comparezca ante el Senado de la República.
La petición busca que el funcionario explique una serie de señalamientos que desde hace años circulan en medios, columnas y testimonios de exfuncionarios, así como en reportes de inteligencia de México y Estados Unidos.
Incomodar al poder
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas fue uno de los hombres más influyentes. Desde su cargo como vocero presidencial, estuvo encargado de coordinar la estrategia de comunicación, incluyendo las conferencias matutinas.
A la llegada de Claudia Sheinbaum, lejos de perder influencia, pasó a la Coordinación de Asesores de la Presidencia, un cargo que podría considerarse incluso más poderoso que el anterior, desde el cual, no solo continúa participando en la operación política de las mañaneras, sino que influye en la línea discursiva del gobierno y actúa como uno de los principales operadores políticos del régimen.
De ahí la importancia de la petición de la legisladora sonorense de exigir que el funcionario aclare varios señalamientos.
Las acusaciones
Téllez acusa al funcionario del presunto desvío de 27 mil millones de pesos del erario público. Según argumenta la senadora, estos recursos se habrían utilizado para “comprar lealtades y construir poder”.
La solicitud se basa en señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón, donde el exconsejero jurídico Julio Scherer acusa a Ramírez Cuevas de impulsar decretos para pagar indemnizaciones millonarias a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
También pide respuestas por los supuestos nexos con Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, y por su presunta participación en esquemas de financiamiento paralelo para Morena.
Téllez solicita además que se investigue el posible uso de empresas fachada, como Benefak, para financiar la revista Regeneración y brindar servicios al partido en Tabasco.
Por ello, instó a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a iniciar investigaciones formales por estas probables irregularidades financieras.
No se trata de señalamientos que provengan únicamente de la oposición. Julio Scherer, cuando fue consejero jurídico de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, trabajó hombro con hombro con Ramírez Cuevas.
Otros forman parte de trabajos periodísticos y de actores públicos como la exdirectora de la desaparecida Notimex, Sanjuana Martínez, quien difundió audios en los que acusó al funcionario de pagar dinero público en efectivo a periodistas afines a la 4T para promover campañas de desprestigio.
El periodista Joaquín López-Dóriga acusó públicamente a Jesús Ramírez de ordenar un acoso en contra de su familia, así como el empresario Ricardo Salinas Pliego ha denunciado la existencia de campañas negras contra de él y sus empresas.
La mirada de Washington
El caso adquiere mayor dimensión con las preocupaciones externadas por el gobierno de Estados Unidos.
La exsecretaria de seguridad Kristi Noem, acusó a Sheinbaum de alentar “protestas violentas” en Los Ángeles y se reveló que uno de los operadores era Ramírez Cuevas.
Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense en junio de 2025, la entonces fiscal general Pam Bondi incluyó a México en una lista de adversarios extranjeros junto con Irán, Rusia y China.
Washington mantiene bajo observación a Ramírez Cuevas por su presunta participación en redes digitales dedicadas a difundir propaganda y desinformación rusa en México.
Columnistas como Raymundo Riva Palacio han señalado que el funcionario es considerado una “persona de interés” para las autoridades estadounidenses por el ingreso de un número inusual de diplomáticos rusos —presuntos espías— tras la invasión a Ucrania.
Y en España, por contratos y financiamientos irregulares en torno al Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que involucran al operador Koldo García.
La pregunta resulta inevitable: ¿tendrá Ramírez Cuevas el valor de acudir al Senado de la República para rendir cuentas y aclarar las acusaciones que se le imputan? ¿O seguirá amparándose en la protección política de sus jefes?
Lo que ocurra con la petición de Téllez podría ser una nueva prueba de fuego para Morena, los “líderes” opositores y el obradorismo, y la definición del futuro de un funcionario clave del régimen.
X: @diaz_manuel




