El Monumento a la Revolución no es un escenario que se alquile para eventos políticos. Carga con una memoria propia. Quienes están enterrados ahí —Carranza, Cárdenas, Calles, Madero, Villa— no comparten ideología ni trayectoria, pero sí una pregunta que los atraviesa a todos: ¿quién manda en México, y con qué Estado se hace efectiva esa respuesta? Cada vez que se convoca ese espacio, se convoca también esa pregunta. El domingo 31 de mayo no fue la excepción.
Claudia Sheinbaum eligió el Monumento para rendir cuentas a dos años de su triunfo electoral. En la explanada se reunieron 130 mil personas. Pero el acto no ocurrió sólo en la Ciudad de México: el mensaje se transmitió simultáneamente en plazas públicas de 31 estados del país. Coahuila fue la excepción, por veda electoral ante sus comicios del 7 de junio. Esa transmisión simultánea también fue una forma de decir que la soberanía no se defiende únicamente desde el centro; que ocurre también en Hidalgo, en Sonora, en Oaxaca, en Tabasco, en los municipios donde la política pública se mide menos por el discurso y más por la pensión que llega, la clínica que abre o el trámite que por fin se resuelve.
El núcleo del discurso no fue el catálogo de cifras. Fue una tesis política sobre dónde se libra hoy la disputa por la soberanía. Frente al caso de agentes estadounidenses sin acreditación oficial en territorio nacional, y a una solicitud de extradición urgente contra diez funcionarios mexicanos —incluyendo un gobernador, un alcalde y un senador en funciones— sin pruebas presentadas públicamente, Sheinbaum dijo algo que conviene leer con atención: “La soberanía vive en el territorio, pero también —hay que ser claros— vive en la información”. La frase ubica la información como parte del campo donde se disputa la capacidad de decisión nacional: quién produce el relato sobre lo que ocurre en el país, y en si un gobierno puede sostener su política pública sin que actores externos definan, por encima del mandato popular, qué cuenta como democracia. La diferencia entre cooperación internacional y subordinación no es semántica: es la frontera que separa la política exterior soberana de la política exterior dictada.
Ahora bien. El respaldo político a una posición no exige suprimir sus tensiones, y esta columna no va a hacerlo. Llenar plazas importa. La legitimidad popular es condición necesaria para cualquier proyecto de transformación. Pero no es garantía automática de nada. El desafío es que una democracia sin Estado capaz puede quedarse en consigna, incluso cuando llena plazas.
¿Cómo se convierte un mandato de 36 millones de votos en un sistema de salud que funcione en la Sierra Tarahumara? ¿Cómo se sostiene una política de redistribución más allá del ciclo electoral? ¿Cómo se defiende la soberanía informacional sin que el Estado se convierta en árbitro de la verdad? Estas preguntas no impugnan el proyecto. Son el proyecto. Y es en esa medida —en convertir legitimidad en institución, en coordinar órdenes de gobierno, en garantizar derechos con presupuesto y presencia territorial— donde se gana o se pierde en el largo plazo.
La derecha latinoamericana lo sabe. La versión más eficaz no es la que se declara antidemocrática, sino la que aprende a hablar en nombre de la democracia para vaciarla desde adentro: llama restauración a su proyecto pero lo vende como renovación, debilita el Estado y lo presenta como libertad, despolitiza hasta que los problemas públicos parecen asuntos técnicos sin mandato popular.
El mismo domingo, Colombia celebraba su primera vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, encabezó el resultado preliminar; Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quedó segundo. Habrá segunda vuelta el 21 de junio.
Lo digo con respeto por la decisión soberana del pueblo colombiano y sin pretender dar lecciones desde México: veo con simpatía el proyecto de Gustavo Petro y la candidatura de Iván Cepeda. También envío un abrazo a mis amigas y amigos colombianos que viven este momento con preocupación. Colombia no es una nota al margen: es una señal regional que merece observarse con seriedad. Muestra que las fuerzas conservadoras han aprendido a disputar el miedo, el cansancio y el sentido común con eficacia. Para los proyectos populares de América Latina, la lección no debería ser la soberbia, sino la organización, la pedagogía pública y la capacidad de dar resultados.
El Monumento guarda la memoria de una apuesta imperfecta, traicionada muchas veces, pero con una idea que no ha perdido vigencia: que el Estado debe servir a las mayorías y que esa función no ocurre sola. Ocurre cuando se construye. Cuando hay institución, coordinación, presupuesto, presencia territorial y voluntad política sostenida más allá de un sexenio.
La soberanía popular se defiende en las plazas, sí. También en los lugares menos vistosos: en la clínica que abre a tiempo, en el registro civil que funciona, en la escuela con maestro, en el municipio que tiene con qué responder. Ahí también está la democracia. Y ahí también se puede perder.