Cuando escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que la salud, la educación y la vivienda son derechos, no privilegios pensé en la pensión para adultos mayores.
La escena tenía algo especial. Bono y The Edge no son cualquier visita. Para quienes crecimos escuchando a U2, hay canciones que se quedan pegadas a la memoria. I Still Haven’t Found What I’m Looking For habla de búsqueda, de fe, de algo que todavía no termina de encontrarse. Quizá por eso el momento me hizo pensar menos en la celebridad y más en lo que seguimos buscando como país.
Pensé en Andrés Manuel López Obrador, cuando impulsó la pensión para adultos mayores siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Pensé en lo mucho que se burlaron, en lo mucho que dijeron que era populismo, gasto irresponsable, clientelismo, compra de votos. La historia es conocida.
López Obrador lo explicó durante años con una claridad difícil de olvidar: cuando el dinero público rescató bancos y privilegios, como ocurrió con el Fobaproa, una deuda que los mexicanos seguimos pagando, lo llamaron estabilidad; cuando empezó a llegar directamente a los de abajo, muchos lo llamaron populismo.
Ahí empezó una batalla que después se volvió una de las marcas más profundas del obradorismo: sacar la política social del terreno del favor y llevarla al terreno del derecho.
Durante décadas, este país conoció una forma de poder que Octavio Paz llamó el “ogro filantrópico”: un Estado que repartía beneficios, pero también administraba lealtades. Daba, sí, pero muchas veces hacía sentir que lo público pertenecía a quien mandaba. Y cuando algo se daba como concesión, también podía retirarse como castigo.
Por eso importa recordar de dónde viene la pensión de adultos mayores. No fue una ocurrencia ni una medida aislada. Fue una decisión política de fondo: impedir que la dignidad de millones de personas quedara sujeta al humor del gobierno en turno o a la tentación de borrar el origen de una conquista social.
México ya ha visto esas tentaciones. A veces no se recorta de frente. Se cambia el mecanismo. Se vuelve más difícil acceder. Se le pone una ventanilla más, un requisito más, una regla que parece neutral pero no lo es. El lenguaje técnico suele servir para esconder decisiones políticas. El pueblo, por cierto, entiende más de lo que algunos creen.
López Obrador entendió algo elemental: mientras los apoyos sociales pudieran tratarse como generosidad del gobernante, la gente seguiría expuesta a intermediarios y chantajes. Por eso su batalla no fue solo entregar pensiones, becas o apoyos. Fue decir que el dinero público no es propiedad de quien gobierna; debe servir para garantizar bienestar.
Desde ahí se entiende mejor la frase de Sheinbaum. Salud, educación y vivienda no son mercancías ni premios. Son condiciones básicas para vivir con dignidad.
Y habría que decirlo también desde otros lugares. Para una persona con discapacidad, un derecho que no se puede ejercer en la vida diaria se vuelve una promesa a medias. A veces el derecho existe en la ley, pero se pierde en una banqueta imposible, en una escuela que no sabe incluir o en un trámite diseñado para cuerpos y vidas que no son las nuestras.
Por eso importa que la vivienda esté hoy en el centro de la agenda. Construir casas no es solo levantar paredes. También es disputar el derecho a permanecer, a vivir cerca del trabajo y a no ser empujado por el mercado hacia donde el hospital, la escuela o el transporte quedan demasiado lejos.
Claro: declarar derechos no basta. México tiene una larga tradición de escribir aspiraciones nobles y luego dejarlas a medias. Un derecho necesita presupuesto, instituciones y territorio. Si no llega al barrio, al pueblo, al campo o a la periferia, se queda demasiado lejos de la gente.
En parte de eso se juega el segundo piso de la transformación. No se trata de que el Estado sustituya la vida de las personas. Se trata de que nadie nazca condenado por no tener dinero, escuela, hospital, vivienda o accesibilidad.
Me gusta pensarlo así: la política social no debe producir agradecimiento obligado. Debe producir libertad. Una persona mayor con pensión decide un poco más sobre su vida. Una joven que puede estudiar sin abandonar su comunidad gana tiempo y futuro. Una madre que no tiene que escoger entre renta y comida vive con menos miedo.
Eso es lo que está en disputa.
Si algo enseñó el obradorismo es que el pueblo no debe pedir perdón por recibir lo que le corresponde.
El segundo piso de la transformación tendrá que cuidar eso: que salud, educación, vivienda y pensiones no se vuelvan solo palabras correctas, sino garantías reales. Porque cuando un derecho depende del humor del poder, todavía no es derecho del todo. Y de eso México ya sabe bastante.