Aunque se sabe poco o no se ha hecho público el destino de la información que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) generaron durante más de 20 años, por el momento es preocupante el vacío, la incertidumbre y la presunción de falta de transparencia y de acceso a los datos sobre los procesos del Sistema Educativo Nacional (SEN); situación opaca que ha sido creada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la actual administración (2024-2030).
El INEE, que quedó disuelto en mayo de 2019 tras la reforma educativa del gobierno de AMLO, coordinó el sistema nacional de evaluación educativa; generó durante 17 años bases de datos valiosas sobre indicadores educativos, evaluaciones de logro de estudiantes, en términos de aprendizajes (PLANEA); y elaboró diagnósticos del sistema educativo (específicamente de básica y media superior), que sirvieron para desarrollar políticas basadas en evidencia, según señalan sus hoy exintegrantes.
Las funciones de esa institución del Estado mexicano (organismo constitucionalmente autónomo de 2013 a 2019), se transfirieron a Mejoredu en 2019, con el mandato de preservar y publicar estos datos como patrimonio público en un portal abierto; sin embargo, en septiembre de 2025, la SEP eliminó los sitios web del INEE (inee.edu.mx) y Mejoredu (mejoredu.gob.mx), lo que resultó en la desaparición pública de contenidos acumulados durante 22 años, incluyendo bases de datos de evaluaciones nacionales, estudios sobre desigualdad educativa y resultados de aprendizaje en educación básica y media superior.
La extinción de ambas instituciones públicas de evaluación de las políticas educativas nacionales, ha propiciado un vacío en los procesos de evaluación autónoma de las políticas públicas del sector, lo cual ha afectado la capacidad para monitorear aprendizajes, procesos de formación y desigualdades educativas.
Sin la información oficial sobre el SEN se hace casi imposible hacer o estudiar las políticas públicas en la materia, o simplemente se obstruye el camino para realizar consultas de dominio público.
Si bien desde el último cuarto del siglo XX, la SEP ha creado y dado continuidad a las áreas institucionales de planeación y evaluación educativas, mismas que hasta la fecha (2025) mantienen una presencia activa y estructurada, alineadas con el Programa Sectorial de Educación (PSE), hoy con el del período 2025-2030, lo cierto es que, con la desaparición de los organismos públicos responsables de generar y difundir la información educativa, las opciones de acceso a dicha información se hacen cada día más difíciles.
La versión oficial
La estructura informativa sobre el SEN, hoy se organiza principalmente a través de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, “que coordina el sistema nacional de planeación educativa y promueve la participación de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y sectores productivos para garantizar el derecho a una educación de calidad”, según indican los sitios oficiales del gobierno federal en este ámbito.
“Sus funciones incluyen la definición de objetivos, metas, estrategias y acciones, así como el seguimiento y evaluación de políticas educativas mediante indicadores y herramientas de rendición de cuentas”.
La Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPYEE), de la misma SEP, es el órgano operativo clave, responsable de la elaboración de matrices de indicadores para resultados (MIR) presupuestales. Actualmente, estas matrices alinean los programas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 y evalúan el impacto de las acciones educativas, como la cobertura en media superior y la eficiencia terminal, según se lee en el sitio www.planeacion.sep.gob.mx
Así, el PSE 2025-2030 establece seis objetivos principales, con 33 estrategias y 280 líneas de acción, monitoreados por 10 indicadores con metas intermedias.
“La Subsecretaría colabora en el Sistema Nacional de Evaluación de Políticas Educativas, integrando herramientas de transparencia y rendición de cuentas. Incluye evaluaciones de programas como la Estrategia de Formación Continua 2025 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, que priorizan la equidad, la inclusión y la medición de impactos en áreas como la educación indígena y especial”.
Según las autoridades federales, “estas áreas no sólo persisten, sino que se han fortalecido con el PSE 2025-2030, ya que se fundamenta en el Humanismo Mexicano y los 100 Compromisos de la Transformación, anunciados por la presidencia de la República.” Sin embargo, informes independientes señalan acciones pendientes, relevantes, como la cobertura en educación superior y la evaluación de logros de aprendizaje, donde México muestra progresos limitados con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) para 2030 de la UNESCO.
Exconsejeros presidentes del INEE, como Sylvia Schmelkes y Eduardo Backhoff, han señalado, en textos publicados recientemente, que esas bases de datos eran “muy apreciadas” por los profesionales que se dedican a la elaboración de estudios educativos, y que su costo y complejidad de recolección las hacen irremplazables a corto y mediano plazos.
Hasta el momento, no se sabe si los datos fueron migrados a la SEP o perdidos, lo que viola el artículo décimo transitorio del decreto de la reforma educativa de 2019 (reforma al texto constitucional), que establecía la preservación de la información educativa, además de las implicaciones que ello tiene o tendría en términos de lo que establece el artículo 6 de la Constitución (sobre el derecho a la información).
La situación actual sobre la información educativa contrasta con la promesa de la Comisión Mejoredu de continuar las evaluaciones educativas, pero su cierre dejó a México (desde 2024) sin datos actualizados y completos o específicos sobre impactos de la pandemia en los aprendizajes escolares o sobre rezagos en ámbitos o campos como el pensamiento matemático o los lenguajes.
Considero que la eliminación de los portales informativos oficiales sobre la educación en México, en septiembre de 2025, puede ser calificada como una ingrata “sorpresa”, puesto que impide el acceso a información educativa clave para la sociedad en general, así como para investigadoras, investigadores, docentes y tomadores de decisiones, de todos los niveles de gobierno, en materia de políticas públicas educativas.
Aunque la SEP ha asumido las tareas de la extinta Comisión Mejoredu, no ha confirmado la disponibilidad de los datos públicos ni ha proporcionado un nuevo repositorio en materia de información educativa. Esto genera preocupaciones de diferentes sectores sociales sobre los riesgos de opacidad, falta de autonomía en el uso de los datos públicos y carencia en ejercicios de transparencia gubernamental.
Si bien es cierto que las áreas de planeación y evaluación de la SEP existen y operan hoy en día, en 2025, con énfasis en el PSE y herramientas como las MIR, al contribuir al ejercicio de una “planeación estratégica”, la presunta desaparición de las bases de datos del INEE y Mejoredu representa un retroceso significativo en las aspiraciones sociales hacia un escenario de transparencia de la información educativa oficial.
Por todo lo anterior, urge que la SEP: 1) publique un informe detallado sobre la ubicación de los datos históricos del SEN, y que para ello promueva formatos abiertos y amigables para investigadores, especialistas y estudiosos de las políticas públicas educativas (PPE); 2) restaure o informe acerca de la migración de los datos públicos del INEE/Mejoredu a un portal abierto, de tal manera que cumpla con lo establecido en la reforma educativa de 2019; y 3) fortalezca la colaboración con entidades responsables del acceso a la información gubernamental, para concretar evaluaciones confiables, con rigor técnico, teórico y metodológico, independientes o autónomas.
¿A quién conviene la opacidad informativa en materia educativa? La respuesta es relativamente sencilla y se puede dar por mutua exclusión: no le conviene a la sociedad en general; no le conviene a las instituciones ni a las figuras educativas de todos los niveles y modalidades; no le conviene a los círculos académicos, intelectuales y profesionales que estudian los procesos educativos; y no le conviene, sin duda, a los gobiernos que toman decisiones importantes en los niveles macro, medio o micro social del sistema educativo del país.
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