Durante años dijimos a los padres que vigilaran cuánto tiempo pasaban sus hijos en las redes sociales, como si del otro lado existiera simplemente una pantalla esperando pasivamente ser utilizada. No es así. Del otro lado existen algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta, algoritmos extraordinariamente sofisticados y modelos de negocio cuya rentabilidad aumenta cuanto más tiempo consiguen mantener conectado al usuario. El problema ya no es solamente cuánto utilizan nuestros hijos las redes sociales, sino cuánto utilizan las redes sociales a nuestros hijos.
No estamos en contra de las redes. Sería absurdo. Sirven para comunicarnos, informarnos, aprender, crear, entretenernos, hacer negocios, descubrir el mundo y mantener vínculos que antes habrían sido imposibles. Un adolescente puede encontrar en ellas conocimiento, música, idiomas, ciencia, arte, oportunidades educativas y comunidades que amplían enormemente su horizonte.
La tecnología debe formar parte de la educación de las nuevas generaciones porque su vida adulta será todavía más digital que la nuestra. Pero una cosa es utilizar una herramienta y otra muy distinta permitir que esa herramienta aprenda nuestras debilidades para mantenernos atrapados dentro de ella.
México ya comenzó a discutirlo seriamente. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado foros regionales para construir, mediante debate y consenso, una propuesta nacional sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, con la intención de llevarla al Congreso. La propia presidenta ha insistido en que no se trata de regular por regular, sino de entender el impacto de estos mecanismos y generar conciencia también entre los propios jóvenes. Ese enfoque merece ser atendido: antes de prohibir indiscriminadamente, hay que comprender qué estamos intentando corregir.
Porque el problema no radica exclusivamente en el contenido. También está en el diseño. Notificaciones permanentes, desplazamiento infinito, reproducción automática, recompensas intermitentes y sistemas de recomendación capaces de aprender con enorme precisión qué consigue que cada usuario permanezca unos minutos más conectado forman parte de una arquitectura construida para capturar atención. Una cosa es recomendar contenido relevante; otra, utilizar ese conocimiento para manipular la atención de un menor.
A un adulto se le puede exigir razonablemente mayor capacidad para identificar cuándo una plataforma está absorbiendo demasiado de su tiempo. A un niño o adolescente, cuyo autocontrol todavía está en formación, no podemos colocarlo frente a sistemas diseñados por miles de ingenieros, programadores, especialistas en comportamiento y expertos en datos y después decirle simplemente que tenga fuerza de voluntad. No podemos exigir autocontrol infantil mientras toleramos diseños empresariales destinados precisamente a vencerlo.
Esta discusión adquirió además una dimensión extraordinaria esta misma semana en Estados Unidos. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta en California un juicio de enorme importancia impulsado por varios estados que acusan a la compañía de haber diseñado deliberadamente mecanismos capaces de fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y de haber priorizado sus intereses económicos sobre la seguridad de los menores. Meta rechaza esas acusaciones, afirma que ha desarrollado numerosas herramientas de protección y sostiene que los señalamientos no reflejan adecuadamente sus esfuerzos para resguardar a los usuarios jóvenes. Será la justicia la que determine responsabilidades.
Precisamente por eso conviene no convertir una acusación judicial en sentencia anticipada, pero tampoco ignorar la pregunta que el proceso está poniendo sobre la mesa: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa cuando conoce con enorme precisión cómo reaccionan psicológicamente sus usuarios y utiliza esa información para maximizar su permanencia dentro de una plataforma? Más allá de lo que determine finalmente el tribunal, el caso obliga a discutir algo que durante demasiado tiempo dejamos exclusivamente bajo la etiqueta de responsabilidad de los padres.
Los padres tienen responsabilidad, desde luego, y muchísima. Somos los adultos quienes compramos los teléfonos, contratamos el acceso a internet y muchas veces permitimos que los dispositivos acompañen a los niños desde edades demasiado tempranas. También somos quienes debemos establecer horarios, supervisar contenidos, conocer las aplicaciones que utilizan nuestros hijos, conversar sobre aquello que ven y enseñarles que no toda información recibida merece confianza. Pero los padres no pueden ser los únicos responsables, tampoco los maestros y mucho menos los propios niños. Las plataformas tienen que asumir la parte que les corresponde.
Si una empresa sabe que determinados mecanismos generan mayor permanencia entre menores, debe preguntarse no solamente cuánto incrementan sus ingresos, sino qué efectos pueden producir. Una industria que dispone de tecnología suficiente para conocer nuestros gustos, anticipar nuestras compras, sugerirnos amistades y determinar en milisegundos qué contenido tiene mayores probabilidades de mantenernos mirando una pantalla también posee capacidad técnica para ofrecer mayores protecciones a un niño. No deberíamos aceptar que para vender publicidad el algoritmo conozca perfectamente la edad, intereses, preferencias y comportamiento del usuario, pero que cuando se trata de protegerlo todo resulte técnicamente imposible.
Hay medidas razonables que pueden discutirse sin convertir internet en un territorio de censura: cuentas privadas por defecto para menores, límites más estrictos a publicidad personalizada, controles parentales realmente útiles, restricciones al contacto con adultos desconocidos, horarios razonables para determinadas notificaciones y mecanismos rápidos para denunciar acoso, explotación o contenido claramente inapropiado. También deben explorarse sistemas de verificación de edad que sean eficaces sin obligar a toda la población a entregar cantidades desproporcionadas de información personal.
Ése será uno de los grandes desafíos regulatorios, porque proteger a los menores tampoco puede convertirse en pretexto para vigilar a todos los demás. La defensa de la infancia no debe ser un caballo de Troya para controlar la conversación pública, fiscalizar opiniones políticas o entregar al Estado capacidades excesivas sobre aquello que circula en internet. Podemos exigir estándares de seguridad a las empresas tecnológicas sin otorgar al gobierno la facultad de decidir qué información pueden recibir los ciudadanos adultos. Proteger a un niño de un algoritmo no requiere entregar al gobierno el poder de decidir qué podemos decir todos los demás.
Ese equilibrio será indispensable si México avanza hacia una legislación. La regulación inteligente debe concentrarse primero en conductas y diseño de las plataformas: qué datos pueden recolectar de menores, cómo pueden utilizarlos, qué garantías deben ofrecer, qué mecanismos de protección tienen que activar automáticamente y qué grado de transparencia deben proporcionar sobre sus sistemas de recomendación. Regular opiniones sería otra cosa, y sería un error.
También debemos entender que el problema no es simplemente cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla, sino qué tipo de relación construyen con ella. Un adolescente puede utilizar una plataforma durante una hora para aprender fotografía, practicar un idioma o consultar contenidos científicos y obtener un beneficio extraordinario; otro puede pasar el mismo tiempo recorriendo compulsivamente videos recomendados sin siquiera recordar después qué vio. Las dos horas no son iguales. Por eso tampoco serviría reducir toda la discusión a una cantidad exacta de minutos diarios.
El tiempo importa, pero también importa la calidad del contenido, la edad del usuario, el propósito y, sobre todo, la capacidad de detenerse.
Ahí aparece una palabra esencial: límite. Todo en la vida lo necesita. También la tecnología. La propia Sheinbaum ha llamado a madres, padres y tutores a participar en esta protección y ha señalado la necesidad de generar información que permita tomar decisiones colectivas frente al uso excesivo o inadecuado de las plataformas. Es correcto. El Estado puede establecer reglas y las empresas mejorar sus productos, pero ninguna política sustituirá la conversación familiar.
Los padres necesitan saber dónde están digitalmente sus hijos del mismo modo que tradicionalmente quisieron saber dónde estaban físicamente. Hace treinta años un padre podía preguntar con quién salía su hijo, a qué casa iría o quiénes eran sus amigos. Hoy un niño puede estar encerrado tranquilamente en su habitación y encontrarse simultáneamente expuesto a cientos o miles de desconocidos, mensajes, imágenes, influencias y contenidos provenientes de cualquier parte del mundo. Nunca habían estado tan cerca físicamente de nosotros y, al mismo tiempo, tan lejos de nuestra mirada.
Eso exige una nueva forma de acompañamiento. No puede consistir en espionaje permanente, porque los adolescentes necesitan intimidad y progresivamente autonomía. Pero privacidad no significa abandono. Los padres pueden hablar con ellos sobre las plataformas que utilizan, explicarles riesgos, establecer reglas según la edad y construir suficiente confianza para que sepan a quién acudir cuando algo los incomoda, amenaza o confunde.
También hay que enseñarles a reconocer que aquello que aparece en una pantalla no llegó necesariamente por casualidad. El algoritmo selecciona, prioriza, repite y aprende. Un niño que observa continuamente cierto tipo de contenido puede comenzar a recibir cada vez más del mismo. Una curiosidad momentánea puede convertirse así en una corriente constante de recomendaciones. Eso puede ser magnífico cuando alguien descubre astronomía, música o historia, pero puede resultar problemático cuando el contenido conduce hacia violencia, sexualización, trastornos alimentarios, desafíos peligrosos, odio o desinformación.
No es fácil impedir completamente que información disparada e inadecuada llegue a nuestros hijos. Prácticamente resulta imposible. Por eso la solución no consiste sólo en bloquear, sino también en formar criterio. Un joven debe aprender a preguntarse quién produjo aquello que está viendo, por qué aparece precisamente frente a él, qué pretende conseguir, si existen otras fuentes y si el contenido busca informarlo o simplemente provocar una reacción emocional. Eso es alfabetización digital y debería enseñarse tanto en casa como en la escuela.
Durante generaciones aprendimos a leer textos. Ahora necesitamos enseñar también a leer algoritmos, no en el sentido técnico de comprender cada línea de código, sino de entender que una plataforma no muestra necesariamente lo más verdadero, importante o conveniente para nosotros. Muestra aquello que su sistema considera más probable que consiga nuestra atención. Ésa es una diferencia gigantesca. La verdad no siempre genera clics; la indignación sí. La serenidad rara vez se vuelve viral; el escándalo muchas veces sí. Y un menor todavía está aprendiendo a distinguir esas dinámicas.
Por eso también es importante conservar fuera de las redes otros espacios de formación y esparcimiento. Leer libros, hacer deporte, conversar, jugar, dibujar, tocar un instrumento, reunirse con amigos o simplemente aburrirse siguen siendo actividades fundamentales, no porque sean antiguas, sino porque desarrollan capacidades diferentes. Un niño necesita también tiempo en el que nadie esté compitiendo comercialmente por su atención.
Eso conecta con la discusión que recientemente comenzó en distintas escuelas sobre celulares y dispositivos digitales. No tenemos que escoger entre la modernidad y el pasado. Podemos enseñar a utilizar inteligencia artificial y seguir defendiendo la lectura de un libro; permitir videojuegos y fomentar un partido de futbol; utilizar una red social y conservar una comida familiar sin teléfonos. La clave vuelve a ser equilibrio. Las redes no tienen por qué desaparecer de la infancia y adolescencia, pero deben ocupar un lugar proporcionado dentro de una vida mucho más amplia.
También las empresas deberían reconsiderar algo que pareciera obvio pero que durante años quedó subordinado al crecimiento: un menor no puede tratarse exactamente como un consumidor adulto. Sus datos requieren mayor protección, su publicidad debería tener límites distintos, su exposición a desconocidos debe reducirse y los mecanismos destinados a prolongar su permanencia merecen un escrutinio mucho mayor. La rentabilidad legítima de una compañía tiene fronteras cuando su producto entra directamente en contacto con el desarrollo infantil.
Nadie está proponiendo que las empresas tecnológicas dejen de ganar dinero. Generan innovación, empleos, comunicación y herramientas extraordinarias. Pero existen industrias donde la sociedad decidió desde hace décadas que la rentabilidad no podía ser el único criterio. Tenemos reglas especiales para alimentos, medicamentos, juguetes, publicidad dirigida a menores y productos financieros. ¿Por qué una plataforma utilizada diariamente durante horas por millones de niños habría de ser completamente distinta?
También hay que evitar otra tentación: utilizar el miedo. No todos los adolescentes que usan redes sociales desarrollarán problemas de conducta, aislamiento o salud mental. Sería irresponsable afirmarlo. Tampoco cada minuto frente a Instagram, TikTok, YouTube o cualquier otra aplicación provoca daño. Las relaciones entre uso digital, bienestar y desarrollo son complejas y dependen de numerosos factores. El propósito no debe ser fabricar una generación de padres aterrados, sino construir una generación de usuarios informados.
Y ahí los propios jóvenes tienen que participar. Tiene sentido que cualquier discusión los incluya para que una eventual regulación no sea simplemente una imposición adulta. Ellos conocen mejor que nadie cómo utilizan estas herramientas y también qué beneficios reciben de ellas. Escucharlos no significa entregarles toda la decisión, igual que escuchar a un menor sobre nutrición no significa permitirle alimentarse exclusivamente de aquello que más le gusta. La autoridad adulta sigue siendo necesaria, pero escuchar mejora las reglas.
La discusión mexicana apenas comienza y debería realizarse sin prisas legislativas, sin moralismos y sin intereses partidistas. Tenemos oportunidad de estudiar experiencias internacionales, escuchar científicos, educadores, familias, especialistas en privacidad y representantes de las empresas. También tenemos que oír a quienes advierten que mecanismos demasiado invasivos de verificación de edad pueden poner en riesgo información personal. No existe una solución perfecta, pero lo que no puede continuar es la ficción de que no existe problema alguno.
Padres, maestros y Estado tenemos responsabilidades distintas pero complementarias. Los padres acompañan y establecen límites; la escuela desarrolla criterio y educación digital; el Estado fija estándares mínimos de protección y hace cumplir la ley. Las plataformas deben hacer lo suyo, y no puede consistir únicamente en colocar una opción de control parental escondida entre veinte menús y después trasladar toda responsabilidad a la familia. Si pueden diseñar herramientas extraordinariamente sencillas para mantener conectado al usuario, también pueden diseñarlas para protegerlo.
La innovación tecnológica no debería detenerse. La manipulación sí debe tener límites. Nuestros hijos pertenecen a una generación que tendrá posibilidades extraordinarias gracias a estas herramientas. Accederán a cantidades de conocimiento que nosotros nunca imaginamos, trabajarán con inteligencia artificial, podrán comunicarse instantáneamente con cualquier parte del planeta y desarrollarán profesiones que hoy quizá ni siquiera existen. No debemos privarlos de ese mundo; debemos prepararlos para habitarlo sin quedar subordinados a él.
La cuestión no consiste en decidir si las redes son buenas o malas, porque pueden ser ambas cosas según cómo se utilicen. La verdadera pregunta vuelve a ser quién controla a quién. Si un niño utiliza una plataforma para aprender, crear, comunicarse o divertirse y sabe cerrarla cuando decide hacerlo, tenemos una herramienta formidable. Si una plataforma conoce sus vulnerabilidades, las explota para prolongar su permanencia y convierte cada segundo adicional de su atención en ingresos, entonces la relación cambió: ahí ya no tenemos solamente un usuario, sino un modelo de negocio construido alrededor de su conducta.
Los niños tienen derecho a comunicarse, aprender, entretenerse y explorar el mundo digital, y las redes sociales pueden ser extraordinarias herramientas para hacerlo. Pero ese derecho no significa que su vulnerabilidad, curiosidad, inseguridad o necesidad natural de pertenecer puedan convertirse ilimitadamente en materia prima comercial. Padres, maestros y autoridades tenemos que hacer nuestra parte. Las plataformas también.
Porque nuestros hijos pueden utilizar las redes sociales.
Lo que las redes sociales no deben hacer es utilizarlos a ellos.
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