México ha convertido la tragedia de las personas desaparecidas en un juego de palabras. Mientras miles de familias excavan con sus propias manos en busca de cuerpos, el Estado busca argumentos para explicar por qué la realidad no es tan grave como parece.
Esa ha sido en esencia la respuesta oficial, una narrativa que intenta suavizar la tragedia y que repite, ahora frente al más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: niega, matiza y desplaza responsabilidades.
El señalamiento internacional advierte que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluso con participación, tolerancia o complacencia del Estado. Una acusación que coloca al país en el umbral de los peores precedentes en materia de derechos humanos.
Negar, no desaparece la crisis
La presidenta Claudia Sheinbaum optó por descalificar el informe señalando que es parcial, desactualizado y centrado en gobiernos anteriores e incluso afirmó: “no tiene nada que ver con la 4T”.
La estrategia es encapsular el problema en el pasado para evitar asumir su dimensión presente. Pero ese argumento se desmorona.
La ONU no habla de un sexenio, sino de un fenómeno persistente. Y las cifras actuales —más de 130 mil personas desaparecidas— no son herencia, sino una crisis que sigue creciendo.
Pero, más preocupante aún es el tono. Al rechazar el diagnóstico, el gobierno también cuestiona la legitimidad del organismo que lo emite, calificándolo de “tendencioso”. Esa reacción defensiva revela que aceptar el informe implicaría reconocer un fracaso gubernamental en la obligación más básica del Estado: proteger la vida.
En la misma línea la respuesta del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada. Habló de “extrapolaciones” del pasado y de una transformación que, en los hechos, ha demostrado que no se logra ver, ni mucho menos dar respuestas a quienes buscan a sus desaparecidos.
Instituciones que ya no son contrapesos
El posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refuerza esa narrativa. Rosario Piedra rechazó el informe en términos similares: lo calificó de sesgado y cuestionó que el Comité dé mayor peso a organizaciones civiles que a la información oficial.
Olvida que su madre convirtió la desaparición de su hijo en una lucha emblemática por los derechos humanos.
El mensaje de fondo es delicado, porque desacredita a quienes documentan la tragedia donde ocurren los hechos.
México poco o poco había construido —con avances y limitaciones— una arquitectura institucional en derechos humanos. Sin embargo, decisiones como la desaparición de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en 2020 marcaron un retroceso. Y qué decir de la CNDH, cada vez menos crítica y más alineada al poder.
El resultado es que instituciones creadas para incomodar al poder, hoy acompañan la narrativa oficial.
Narrativa y realidad
No obstante, mientras el gobierno de la 4T presume registros, reformas y hace malabares matemáticos, las familias denuncian fosas. Mientras el gobierno insiste en hablar de bases de datos, las madres buscadoras hablan de restos humanos, de objetos o trozos de tela que alguien reconoce como parte de un ser querido. Son dos realidades que se confrontan.
Voces como la del obispo emérito de Saltillo han advertido que el Estado no solo ha sido incapaz de enfrentar la crisis, sino que tampoco ha logrado contener la colusión entre autoridades y crimen organizado. Justo esa omisión es parte central del señalamiento internacional.
A esto se suma la revisión y depuración del registro de personas desaparecidas que según advierten activistas, podría derivar en una reducción artificial de cifras, lo que, de ser así, confirmaría que el problema deja de ser de incapacidad para convertirse en uno de manipulación de cifras y datos.
Cada vez que el gobierno reduce la crisis al pasado, le dice a las familias que su dolor no importa. Cada vez que desacredita a la ONU, sugiere que la denuncia internacional es exagerada. Cada vez que presume avances sin resultados, convierte la política pública y, en casos como este, la tragedia, en propaganda.
Pero habrá un punto de quiebre, donde el gobierno puede seguir defendiendo una narrativa que roza la complicidad o puede empezar a enfrentar la realidad.
Y frente a la magnitud de la tragedia eso es urgente.
X: @diaz_manuel