Estamos iniciando la segunda semana de agosto, a días de que arranque la nueva estructura judicial en septiembre. Mientras tanto, miles de ciudadanos regresaron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con la esperanza de que sus juicios, audiencias y trámites avanzaran y se regularizaran. Tras más de 40 días de parálisis laboral en el TSJ CDMX, lo que recibieron no fue justicia pronta ni expedita, sino una montaña de rezagos, burocracia desbordada y un sistema judicial que sigue atrapado en el siglo pasado.
Desde Palacio Nacional y los discursos del oficialismo, todo es celebración. Se presume una “transformación histórica” donde jueces y magistrados son electos por el pueblo, como si la democracia directa fuera la cura mágica para un sistema que agoniza por razones mucho más profundas: la falta de infraestructura, de tecnología, de profesionalización y, sobre todo, de independencia. Elegir jueces en las urnas es un artificio que se vende como democratización, pero que en la práctica politiza aún más al poder judicial, sometiéndolo a la voluntad del partido en el poder y a la popularidad del momento.
No se elige al mejor jurista, sino al más carismático, al más cercano al poder o al que obedezca sin cuestionar. Muchos de estos jueces electos enfrentarán seguramente los asuntos complejos con “acordeones” para resolver, sin el conocimiento ni la experiencia necesaria. A esto se suma la inseguridad jurídica en la propiedad privada: despojos tolerados, juicios lentos y costosos, y exhortos judiciales que siguen tramitándose “a la antigua”, en papel y trámites físicos, sin uso de herramientas digitales, lo que provoca demoras de hasta un año y costos excesivos.
La corrupción impune filtra información, manipula procedimientos y convierte la justicia en un campo desigual. Algunos, especialmente afines al oficialismo, ven la nueva estructura judicial como un buen inicio; otros consideran que no es solución, sino una forma de politizar aún más la justicia. El nuevo Tribunal de Disciplina genera dudas: sus miembros son afines al gobierno, más enfocados en proteger intereses que en garantizar credibilidad, neutralidad y atención efectiva. La actual judicatura se caracterizó como un trámite estéril, tanto que jueces y personal judicial se pitorrean de las quejas de aquellos que señalan sus excesos e irregularidades, incluso retan (usted promueva abogado).
Saben que la falta de personal y la discreción interna busca evitar que sus excesos y fallas sean públicos. No hay métricas de gestión y no se ve que las vayan a aplicar con la nueva estructura. El costo de esta simulación es brutal: más del 50% de los asuntos judiciales están en la CDMX, pero entidades como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Edomex, Veracruz, Guanajuato o Chihuahua enfrentan rezagos similares o peores. Si las personas que asisten a juzgados en la CDMX van a los juzgados del interior de la república y ven sus ciudades judiciales, sus edificios y ubicación parece que hay justicia… Solo parece… Porque se mueven en camara lenta. Por cada 10 expedientes activos en CDMX son 1 o 2 en el interior. Sin embargo cuentan con estructura similar. En el caso de los federales incluso se apoyan entre circuitos para atender asuntos rezagados.
En el fuero común que es donde empieza el derecho, es un contraste ver cómo operan en recursos técnicos y equipo en Chiapas o Veracruz, comparado con Nuevo León o Ciudad de México. Exhortos ineficaces y anticuados provocan retrasos y altos costos. Un sistema incapaz de garantizar la ejecución de sentencias civiles y mercantiles. Un Estado de derecho cuestionado que inhibe inversión privada y que será un proceso que afecta a toda la sociedad. Para el sector financiero la situación debe ser valorada con prudencia. No se trata de prestar y crecer sin razonar que un crédito hipotecario o empresarial puede dilatar más de 5 años en recuperarse y que la venta de derechos litigiosos puede ser limitada por las autoridades financieras o sus reservas reveladas con más precisión. La justicia no puede ser un concurso de popularidad ni un botín ideológico. Requiere jueces técnicos, imparciales, con carrera judicial, respaldados por tecnología, infraestructura y recursos reales. Mientras Sheinbaum y su partido celebran esta “democratización”, el ciudadano común paga con más tiempo, más dinero y menos resultados.
Que había graves errores y excesos de varios jueces y magistrados a nivel nacional. Sin duda. Pero la solución era otra. Más enfocada a la práctica, métricas y tiempos procesales, así como a costos. En vez de tener jueces garantistas, tenemos jueces mayormente formalistas. Dónde las formas y tiempos son sus argumentos para desechar, sobreseer o negar juicios ordinarios o de amparo.
En estos días previos al arranque de la nueva estructura judicial, la realidad es clara: la transformación no se logra con discursos, sino con resultados. Y hoy, esos resultados son rezago, politización, inseguridad jurídica y simulación. Porque la justicia de los votados, si no se profesionaliza, se vuelve simplemente inútil.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx