La iniciativa presidencial para exigir que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan exclusivamente nacionalidad mexicana abrió una discusión mucho mayor que la reforma constitucional que propone.
La pregunta ya no es solamente quién puede ser candidato. Es qué significa ser mexicano en un país cuya realidad familiar, económica y social hace mucho tiempo desbordó sus fronteras.
El argumento presidencial es sencillo: quien ejerce el poder ejecutivo debe mantener un compromiso exclusivo con México. La preocupación por la soberanía es legítima. Lo discutible es asumir que dos nacionalidades implican dos lealtades.
Ahí entraron Larry Rubin y la American Society of Mexico (AmSoc) al debate. Rubin calificó la propuesta como un “gravísimo error” y sostuvo algo elemental: la existencia de otro pasaporte no hace a una persona menos mexicana ni permite determinar automáticamente su lealtad.
Pero hay una circunstancia que otorga especial significado a su posición. Larry Rubin nació en la Ciudad de México, hijo de padre estadounidense y de madre mexicana. El ni lo eligió, ni lo pidió así. Su propia historia encarna esa realidad binacional que hoy se encuentra en el centro de la discusión. No habla sobre ella desde la abstracción jurídica o de la intencionalidad política: pertenece a una generación de mexicanos (sobre todo en los estados fronterizos) para quienes los vínculos entre México y Estados Unidos forman parte de su historia familiar y de su identidad. Eso importa.
México y Estados Unidos ya no son simplemente dos países vecinos. Son dos sociedades profundamente entrelazadas. Millones de familias existen y viven su cotidianeidad simultáneamente en ambos países. Hay mexicanos nacidos en Estados Unidos, estadounidenses hijos de mexicanos, empresarios, estudiantes y profesionistas cuya vida diaria transcurre entre las dos naciones.
La binacionalidad no es una anomalía dentro de esa realidad. Es una de sus consecuencias. Por eso sería equivocado interpretar la posición de Rubin o de AmSoc como una intervención en favor de alguna candidatura. El problema es considerablemente mayor.
Las reglas constitucionales para acceder a la Presidencia sobrevivirán a los candidatos actuales. Deben construirse pensando en generaciones, no en una elección.
¿Dos pasaportes, dos lealtades?. Ese es el verdadero dilema. Un ciudadano exclusivamente mexicano puede ser corrupto, defender intereses privados o incluso actuar contra los intereses nacionales. Tener un solo pasaporte no garantiza patriotismo.
De manera inversa, un mexicano con otra nacionalidad puede haber vivido toda su vida en México, pagar impuestos, crear empresas, generar empleos, servir a su comunidad y mantener un compromiso absoluto con la República.
La nacionalidad, por sí sola, demuestra poco sobre cualquiera de los dos posibilidades.
El Estado mexicano tiene derecho a imponer requisitos extraordinarios a quien pretenda ejercer la Presidencia. Pero si la preocupación verdadera son los conflictos de interés, la subordinación a gobiernos extranjeros o la utilización de protección diplomática, esos problemas pueden regularse directamente. Eso es muy distinto a presumir una lealtad disminuida por poseer una segunda ciudadanía.
Existe además una contradicción política difícil de ignorar. Se trata de una paradoja mexicana: Durante décadas México ha reivindicado a sus comunidades en Estados Unidos. Los gobiernos mexicanos celebran sus aportaciones, defienden sus derechos y reiteran constantemente que emigrar no significa dejar de pertenecer a México.
La doble nacionalidad, específicamente la mexico-norteamericana, surgió precisamente del reconocimiento de esa realidad. Resultaría paradójico decirles ahora que pueden seguir siendo mexicanos, pero que su segunda ciudadanía introduce una duda sobre la intensidad de esa pertenencia.
Ahí está probablemente el argumento más poderoso de Rubin. No porque millones de mexicoamericanos pretendan convertirse en presidentes de México. Sino porque las constituciones también transmiten mensajes.
Y México debería preguntarse cuidadosamente qué mensaje enviaría a millones de personas que durante generaciones han conservado una relación familiar, económica y cultural con el país.
La posición de Sheinbaum manifiesta en una iniciativa de ley, plantea una pregunta legítima: ¿cómo garantiza México la lealtad de quien ejerce su máximo poder político?
La posición de Rubin plantea otra igualmente importante: ¿por qué suponer que poseer otra nacionalidad hace a alguien menos mexicano?
Ese es el debate que vale la pena tener.
Y Larry Rubin tiene una legitimidad particular para participar en él. Mexicano nacido en la Ciudad de México, hijo de padre estadounidense y hoy dirigente de una institución dedicada desde hace décadas a construir puentes entre ambos países, su propia biografía demuestra que las identidades mexicana y estadounidense no necesariamente se excluyen.
AmSoc tampoco necesita defender una candidatura para intervenir. Su responsabilidad institucional es distinta: representar una comunidad construida precisamente alrededor de la convivencia, integración y cooperación entre México y Estados Unidos. Apenas en el anterior sexenio se defendía por el mismo régimen la designación de funcionarios con doble nacionalidad; la responsabilidad y honorabilidad de médicos extranjeros como representantes del estado al ofrecer sus servicios como parte de dependencias públicas y nunca antes se cuestionó los intereses para ser parte del gobierno; por el contrario, eran capacidades, habilidades y honorabilidad, parte de la defensa.
En una época de cadenas productivas compartidas, migración, cooperación en seguridad y millones de familias binacionales, discutir la doble nacionalidad significa discutir también qué clase de relación queremos construir entre otros países y México.
La soberanía mexicana debe preservarse. Pero preservar la soberanía no exige reducir la mexicanidad. Por eso la controversia abierta por el poder ejecutivo mexicano y respondida por Larry Rubin probablemente no terminará con una discusión legislativa.
Es algo más grande. Es uno de los primeros debates presidenciales de 2030. Y comenzó cuatro años antes de la elección.