Ahora resulta que en Jalisco cuando se trata de amigos, gente del círculo cercano e incluso cuestionados proveedores que cuentan con la “gracia” del gobernador, la justicia es rápida y expedita.

En política no hay coincidencias y en el trato preferencial de la justicia selectiva tampoco, por ello, en un país donde raramente las autoridades actúan con eficacia y prontitud, se vuelve más evidente que en este caso hubo “algo” que impulsó la acción inmediata de la “justicia”.

Sin embargo, y gracias a la presión social que desató el caso de la inadmisible detención de Gabriela Escamilla, ella ya está libre, ahora debemos tener cuidado de que no vaya a ser “víctima” de accidentes o cualquier otra venganza o acción judicial.

Las columnas más leídas de hoy

La selectividad de la justicia

Realmente la justicia no fue expedita.

La denuncia que originó la detención de Gabriela Escamilla Zenteno en Jalisco fue presentada desde noviembre de 2021, un caso de presunto abuso sexual en contra de su sobrina, perpetrado nada menos que por su hermano, el padre de la menor.

La denuncia fue archivada, lo inusual del asunto es que, ante la insistencia de Gabriela de que se le diera seguimiento, el Ministerio Público ordenó su detención, utilizando como argumento una fotografía que presentó como prueba del abuso sexual que se entregó a la Fiscalía de Jalisco, misma que intentó que la mujer fuera procesada bajo los lineamientos de la Ley Olimpia, creada para sancionar a quien almacene y difunda en medios digitales contenido íntimo, real o alterado, sin el consentimiento de quien aparece en fotografías o videos, en este caso, el MP alegó la violación a la intimidad sexual de la menor. Una patraña.

También puedes leer

Polémica y movilización

Con la detención de Gabriela el caso despertó el interés de grupos de la sociedad civil que exigieron justicia y su inmediata liberación. Para Claudia Angélica Rangel, activista e integrante de la organización civil, Cuepaliztli A.C., la razón por la que su detención resultó inadmisible, es precisamente que para criminalizarla evocaran la Ley Olimpia.

Finalmente, un juez de control consideró que la Fiscalía no acreditó que Gabriela almacenara las fotografías con un fin distinto al de ofrecer datos de prueba a la Fiscalía para denunciar el abuso ni tampoco que se haya hecho difusión del material en los términos que sanciona la mencionada ley.

Mucho ruido

El caso, generó un ruido que es ya conocido entre la sociedad Jalisciense, el presunto abuso de poder por parte personas que mantienen una cierta cercanía con el gobernador Alfaro. Para exigir la liberación de Gabriela las marchas de protesta y los pronunciamientos de activistas hicieron eco de ello y del trasfondo de maltrato hacia la mujer, además en redes surgió un movimiento con la etiqueta #JusticiaparaGaby, #libertadparaGaby, #NiUnaMenos, #NiUnaMas, #Gabylibre.

Amigo y proveedor de Alfaro

El matiz político que ha tomado el asunto impacta directamente en el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

El Contralor Ciudadano, Jorge Carlos Ruiz denunció en su momento que con el pretexto de prepararse para la pandemia por Covid-19, el gobierno de Jalisco autorizó al menos dos adjudicaciones directas en favor de proveedores que ofrecieron productos a sobreprecio; se trata de tres empresas que cuentan con los mismos socios o apoderados legales, Marlex HC, donde aparecen como accionistas Gabriel Escamilla Zenteno, padre de la niña presuntamente abusada y Karla Andrea Escamilla Sánchez y, entre los apoderados, Laura Adriana Escamilla.

Queda la duda de si al momento de ordenar la detención de Gabriela el Ministerio Público actúo por consigna o por el influyentísimo del acusado, quien se presume cercano al gobernador Enrique Alfaro, o si solo fue un tema de criterio o interpretación al intentar aplicar la Ley Olimpia, lo cual, dicho sea de paso, de igual forma dejaría al descubierto la ineficiencia en la procuración de justicia en la entidad.

Al final, y por el brutal desaseo en los procesos de la Procuraduría de Justicia, el asunto se le puede salir de las manos al gobernador. Las instancias de procuración de justicia de todos los niveles deben actuar con autonomía del Poder ejecutivo.

Mucho se habla en Jalisco de los actos de injusticia protagonizados por algunos “machitos intocables” amigos y proveedores del gobernador ¿habrá influido? No tengo pruebas pero tampoco dudas.

¿Así gobierna Movimiento Ciudadano?

Twitter: @diaz_manuel